Las peor financiadas

Autonomías infrafinanciadas: un informe independiente pide 750 millones para cuatro comunidades

Fedea propone inyectar fondos a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia mientras se reforma el modelo

Plantea incentivar la subida de impuestos y penalizar el 'dumping' fiscal

Autonomías infrafinanciadas: un informe independiente pide 750 millones para cuatro comunidades
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Julia Ruiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formalizó el domingo en Benidorm su compromiso de reformar el modelo de financiación, así como de dotar de fondos suficientes a la Comunitat Valenciana mientras la reforma se lleve a término. En este ‘mientras tanto’ se centra el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) firmado por el experto Ángel de la Fuente, en el que se defiende que mientras dura la espera el Gobierno haga una aportación unilateral a las comunidades autónomas peor financiadas a través de fondos de nivelación.

Esta aportación unilateral, con la que se trataría de reducir las diferencias entre comunidades, sería «moderada» y en el caso de la Comunitat Valenciana ascendería a 750 millones. Con esta inyección, se aumentaría en 152 euros la financiación por habitante hasta alcanzar los 2.542. De esta manera, la Comunitat Valenciana no alcanzaría la media del conjunto de España, pero se acercaría al pasar del 93 % actual al 97,8 %. Según este informe, la dotación máxima del fondo sería de 2.600 millones de euros para eliminar el cien por cien de las diferencias o de 2.300 si sólo se redujera el 90 %. De la Fuente propone repartir este fondo entre las cuatro comunidades peor financiadas, por lo que junto a la valenciana, se beneficiarían Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. El resto de territorios mantendrían el actual reparto de recursos.

La propuesta del profesor Ángel de la Fuente al Ejecutivo es introducir «algunos retoques» al sistema actual, como el del fondo de nivelación. Serían trabajos preparatorios de carácter técnico para dejar encarada la fase final de la reforma y que no necesitarían un gran acuerdo general. Sería suficiente, apunta, «un pacto entre los dos mayores partidos», es decir, PSOE y PP.

El que fue experto de cabecera en materia de financiación del Gobierno popular de Mariano Rajoy asume que se está muy lejos del consenso y ve muy improbable que la reforma se incorpore en los presupuestos de 2023. De ahí que considera «deseable aprovechar el tiempo».

De la Fuente plantea avanzar en dos frentes. El primero, mejorar la equidad del reparto territorial a través del citado fondo de nivelación. Y el segundo, según se recoge, sería ir sentando las bases para avanzar «hacia la plena responsabilidad fiscal» de las comunidades autónomas.

Feda propone revisar el sistema de retenciones y entregas a cuenta y la regulación de los tributos cedidos a las comunidades con el fin de evitar que el sistema de financiación pueda distorsionar las decisiones fiscales de los gobiernos autonómicos. Con su propuesta aquellas regiones que decidan incrementar la presión fiscal «se quedarán con todos los ingresos adicionales obtenidos por esta vía», mientras que aquellas que decidan rebajar los tipos «soportarán íntegramente la correspondiente pérdida de ingresos sin compensación alguna a cargo del sistema en forma de mayores transferencias o menores aportaciones a la redistribución territorial». Es decir, un sistema de premios y penalizaciones por la política fiscal de cada comunidad.

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De la Fuente recomienda un esfuerzo de mejora en el cálculo de la recaudación normativa de los impuestos cedidos tradicionales. Y pone un ejemplo para evitar lo que el Consell califica de «dumping fiscal». Una comunidad que atrajera contribuyentes de otros territorios mediante rebaja de tipos del impuesto de sucesiones, tendría que incrementar su aportación al Fondo de Garantía. El experto apunta también a una armonización fiscal de manera que se introduzcan escalas de referencia en todos los impuestos dejando en manos del legislador autonómico la escala del gravamen.

El informe apunta a un escenario en el que el grueso del gasto de las comunidades se financie con impuestos autonómicos identificables por la ciudadanía sin renunciar a mecanismos de nivelación. De la Fuente no pierde de vista que si el nuevo acuerdo de financiación incluye un aumento de recursos totales del sistema, este debería llegar a través de un aumento de la presión fiscal.