Conflictividad

El sector eólico catalán estudia demandar a la Generalitat por "inacción"

La industria denuncia que puede haber unos 4.500 MW paralizados y unos daños patrimoniales de unos 150 millones

Un parque eólico

Un parque eólico / Shutterstock

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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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El sector eólico catalán, agrupado en la patronal Eoliccat se plantea demandar a la Generalitat por "inacción" que podría desembocar en denuncias por responsabilidad patrimonial de la administración por parte de los promotores de proyectos. Esta industria, que critica las trabas que el nuevo decreto aprobado por el Govern a la implantación de estas energías, estima que las modificaciones con respecto a la regulación de 2019 pueden suponer unos daños patrimoniales de unos 150 millones de euros. Eoliccat calcula que hay paralizados al menos unos 3.000 megavatios (MW), aunque podrían llegar a 4.500, por la inacción del Govern, que pasaron por la ponencia que determinaba la viabilidad o no de las instalaciones, establecida en la anterior regulación.

La organización patronal, que llevará cabo su demanda una vez que el decreto sea aprobado por el Parlament, denuncia que desde que se formó el actual Ejecutivo catalán se llevó a cabo una moratoria de facto, al no tramitar apenas ningún proyecto, con los consiguientes costes en forma de avales, tasas y demás que han dedicado los promotores de proyectos, según el presidente de esta patronal, Víctor Cusí. En Catalunya, la implantación de renovables está prácticamente paralizada desde hace una década. A la organización le preocupa el régimen transitorio del nuevo decreto, que puede dejar en el aire muchos proyectos. Uno de los principales costes son los avales, de 40.000 euros por MW, que se constituyen cuando se pide conexión a la red previa a los distintos estudios para llevar a cabo el proyecto. Esta garantía puede ejecutarse si no se cumplen los plazos, que en estos casos, serían responsabilidad de la Generalitat. en la actualidad hay depositados al menos 120 millones en avales, según los cálculos de Eoliccat.

Régimen transitorio

Joan Perdigó, responsable jurídico de Eoliccat, ha advertido de que los perjuicios que ocasionará el régimen transitorio pueden suponer elevados costes a la Generalitat por responsabilidad patrimonial de la administración al impedir que los proyectos pudieran llegar a exposición pública.

La nueva regulación del Govern prima la decisión de los propietarios de terrenos y las producciones eólicas pequeñas y locales, con participación de los distintos territorios, además de la creación de una empresa energética pública.

El gerente de la asociación, Jaume Morrón, asegura que se han detectado la implantación de unos 8.000 megavatios (MW) en Aragón, que evacuarán en Catalunya y muchos de ellos se están ya tramitando. Son instalaciones que invertirán en la comunidad vecina y que pagarán en ese territorio los impuestos.

Objetivo de transición energética

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Otro de los cambios que se pueden producir es que se agrupen proyectos para que, en vez de se tramitados por la Generalitat, pasen por el ministerio de Transición Ecológica.

Desde Eoliccat recuerdan que la propia Generalitat prevé que en 2050 en torno al 40% o 50% de la demanda eléctrica se cubra con energías limpias. De 2021 hasta 2030, Catalunya ha de poner en marcha 6.000 MW fotovoltaicos y 4.000 eólicos nuevos, para cumplir con la ley de cambio climático. Hoy, en información pública solo hay en Catalunya 192 MW de solar fotovoltaica y 227 de eólica, de los que solo 17 se tramitan en la administración catalana. Para cumplir con los objetivos sería preciso instalar unos 1.000 MW al año.