Plan de recuperación

Bruselas exige a España alargar el periodo para calcular las pensiones a cambio del dinero europeo

El documento en el que se fijan las condiciones para recibir los 70.000 millones mandata que la medida esté aprobada a finales del año que viene

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

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Rafa Bernardo

Las exigencias de Bruselas para recibir los fondos europeos incluyen una que motivó, hace un año, una de las polémicas más virulentas en el seno del Gobierno de coalición: la necesidad de aumentar el número de años de la carrera profesional de los trabajadores que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión. Lo dice el Operational Agreement, el documento, hecho público este miércoles, que acaban de firmar Gobierno y Comisión Europea y en el que se fijan los hitos que hay que alcanzar para cumplir con las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los 70.000 millones de euros de subvenciones para la economía española.

El documento, al que ha podido acceder 'El Periódico de España', diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, y que repasa pormenorizadamente a lo largo de sus más de 300 páginas todas las medidas incluidas por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dice literalmente que para dar por cumplida la reforma 2 del componente 30 del PTRT (“Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”) la Comisión demanda “la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.

Polémica Iglesias-Escrivá

El periodo de cómputo para calcular la pensión de un trabajador, que era hasta la pasada década los 15 últimos años de su carrera laboral, ya fue alargado como consecuencia de la reforma de pensiones de 2011, que estableció su aumento progresivo hasta alcanzar los 25 años en 2022 (en 2021, el periodo de cómputo está en 24 años). A finales del año pasado, una propuesta del ministro de Inclusión para aumentar aún más ese periodo, de 25 a 35 años (propuesta que José Luis Escrivá siempre rechazó haber formulado, aunque sí la presentó en el seno del Gobierno), generó un acre intercambio de reproches entre Escrivá y el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, incluida una entrevista radiofónica en la que el responsable de pensiones cargaba con dureza contra los que hacen "narrativas de confrontación" (una mención clara, aunque no explícita, a su compañero de gabinete).

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Finalmente, el PRTR que el Gobierno remitió a Bruselas no incluía una propuesta de subida del periodo de cómputo (algo que Iglesias celebró como una victoria), pero sí que apunta en esa dirección: en el Componente 30, que es la parte del plan del Gobierno dedicada a las pensiones, se dice que esa medida "aumenta el carácter contributivo del sistema", y se justifica una posible adopción alegando que esta medida buscaría reforzar "la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador".

Ahora, el Operational Agreement subraya que esa subida tiene que darse, sí o sí: de hecho, fija un calendario por el que el anteproyecto de ley tendrá que estar aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio del año que viene, y la norma tendrá que estar en marcha antes del final de 2022.