Calviño irrumpe en la reforma laboral y cambia los ertes de Yolanda Díaz

La entrada de nuevos ministerios en la fase final de la negociación de la reforma laboral se empieza a notar ya en las propuestas del Gobierno que llegan a la mesa de diálogo. Sindicatos, patronales y Ejecutivo van a debatir este miércoles un nuevo texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario de Prensa Ibérica, que cambia completamente el diseño de los nuevos erte que había planteado en anteriores encuentros el ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Diaz. Donde antes había una propuesta corta, de dos folios y medio, ahora hay un documento largo -27 páginas- y complejo, que da un papel muy relevante al ministerio de Economía, al frente del que está la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la autorización de estas medidas de suspensión de empleo y reducción de jornada. Los cambios alcanzan al propio nombre: ya no se habla de “Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo” (MSE), la denominación escogida por Trabajo, sino de “Mecanismo RED”.

Igual que el MSE, RED se propone como una fórmula a la que recurrir cuando haya cambios estructurales en un sector que exijan recualificar a la plantilla o propiciar el traslado de trabajadores a otras actividades (por ejemplo, ante la automatización de una actividad manual), y también cuando una situación coyuntural que afecte a toda la economía haga necesario poner en marcha fórmulas de protección del empleo (por ejemplo, una pandemia como el covid-19). También contempla, como los erte actuales, exenciones a las cotizaciones sociales de las empresas, ayudas a los trabajadores e incentivos para la formación de los empleados en suspensión o reducción de jornada

Pero a diferencia del MSE y de los erte, el nuevo diseño da un papel clave al ministerio de Economía, porque para que las empresas puedan utilizarlo será necesaria “una activación previa por Acuerdo del Consejo de Ministros”, y esa activación tendrá que hacerse “a propuesta conjunta” de Economía, Trabajo e Inclusión, “previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”. Es más, “el Ministerio de Asuntos Económicos [...] podrá establecer parámetros objetivos [...] que determinen una presunción de las causas de activación de los Mecanismos”. Es decir, el departamento de Calviño tendrá en sus manos la definición de las causas que permitirán abrir la puerta al uso de RED, y será una de las voces fundamentales a la hora de decidir si esas causas justifican, en cada caso concreto, la autorización por parte del Consejo de Ministros del uso de esta fórmula de protección.

Más novedades: prestación, despido y fondo

Una vez recibida esa autorización gubernamental, “las empresas podrán solicitar ante la autoridad laboral competente la reducción de la jornada laboral o la suspensión de los contratos de las personas trabajadoras”. A partir de aquí, el nuevo documento del Gobierno combina medidas que ya se están aplicando en los ertes actuales con algunas de las ideas que Trabajo había perfilado para el MSE, pero también se incluyen iniciativas innovadoras en las que se aprecia la influencia de ministerios distintos al de Yolanda Díaz: por ejemplo, los trabajadores afectados por RED ya no cobrarían el paro, sino una nueva ayuda llamada prestación de sostenibilidad de empleo. Su cuantía y condiciones, eso sí, son parecidas a la prestación por desempleo que están cobrando ahora los trabajadores en erte (el importe será también del 70% de la base reguladora, con un límite máximo de 1.271 euros al mes, un 225% del IPREM). Su disfrute durará tanto como dure el RED en cuestión, y no contará como tiempo consumido de paro, aunque tampoco contará como periodo cotizado.

El nuevo documento del Gobierno contempla asimismo la constitución de un fondo, dependiente de Trabajo, para “atender a las necesidades futuras de financiación derivadas [...] del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación”. Está previsto que se nutra de una parte de lo recaudado para el paro, de consignaciones presupuestarias y de fondos europeos, pero en cantidades -y aquí aparecen de nuevo ministerios que antes no estaban incluidos en el diseño- que aprobará el Consejo de Ministros previa propuesta conjunta de Economía, Hacienda, Trabajo e Inclusión.

También es nueva -y presenta influencias de Economía- la fórmula para ayudar a los trabajadores afectados por una disrupción estructural en su sector a cambiar de empleo. Así, se dispone que si un empleado en RED acepta la recolocación en otra empresa, “la empresa de origen transferirá al FOGASA el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido [...] con el fin de constituir un fondo para financiar los procesos de recolocación”. En caso de despido no atribuible al empleado, el FOGASA (que es el fondo público que ahora se ocupa de pagar los salarios a los trabajadores de empresas en quiebra) le abonará una indemnización equivalente a la que le hubiese correspondido en su antigua empresa. La fórmula recuerda a la "mochila austriaca", el fondo individual de cada trabajador para ser usado en caso de despido o recolocación, que alguna vez se ha planteado (hasta ahora, sin éxito) para España, y que siempre ha sido visto con mejores ojos por Economía que por Trabajo.

Reunión con los agentes sociales

Las novedades que incluye el texto y el rediseño que supone respecto a la versión anterior de Trabajo son el primer testimonio documental de los cambios introducidos a raíz de la crisis en el Gobierno por el control de la reforma laboral entre los departamentos de las vicepresidentas Díaz y Calviño. Precisamente el debate de estas nuevas propuestas se hará, este miércoles, en la mesa de mercado de trabajo que desde la semana pasada -a raíz de esa crisis- incluye a representantes de Economía e Inclusión, además de los interlocutores tradicionales: sindicatos, patronal y Trabajo. Fuentes de los agentes sociales, que no quieren valorar el nuevo documento porque no se ha tratado aún en el diálogo social, sí que admiten que "se ven las manos de Economía por todas partes". El plazo para tratar de cerrar un acuerdo, según estas mismas fuentes, se mantiene en torno al puente de diciembre, con el objetivo de dar tiempo suficiente al Gobierno para aprobar la medida antes de final de año, el límite comprometido con Bruselas para seguir recibiendo los fondos europeos.