Seguridad Social

El Gobierno estudia ventajas fiscales para los planes de pensiones colectivos de los autónomos

  • Los autónomos podrán deducirse 4.250 euros anuales de sus aportaciones a planes de pensiones colectivos

El Gobierno estudia ventajas fiscales para los planes de pensiones colectivos de los autónomos
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Rafa Bernardo
Rafa Bernardo

Periodista

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El Gobierno sigue adelante con su idea de poner en marcha un nuevo sistema de fondos y planes de pensiones auspiciado por el sector público, y prepara ventajas especiales para los autónomos. Según el Anteproyecto de Ley que tiene previsto estudiar en las próximas semanas el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, este colectivo podrá aplicarse una reducción mayor a la actual al Impuesto sobre la Renta por sus aportaciones a los planes de pensiones, siempre que se destinen a vehículos de ahorro especiales para autónomos: hasta 4.250 euros anuales, frente al límite de 1.500 euros anuales que rige para los partícipes en planes individuales.

La futura ley contempla -como también adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA- la creación de Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública, pilotados por el ministerio de Inclusión, a los que podrán adscribirse Planes de Pensiones de Empleo Simplificados, promovidos por sectores empresariales, administraciones públicas y “asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales y mutualidades vinculadas a estos”. La novedad del anteproyecto, frente al borrador inicial, es que incluye esa cifra de 4.250 euros anuales de límite de aportaciones especial para autónomos, que es casi tres veces superior al límite individual, aunque sigue siendo la mitad del previsto para las aportaciones a los planes de empleo, de 8.500 euros anuales.

Todas estas cantidades (los 1.500 y los 8.500 euros anuales, que figuran en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, y los 4.250 euros anuales para autónomos que incluye este Anteproyecto) quedarán consagrados en la ley que regula el IRPF si finalmente se aprueba la legislación bajo estudio. La promoción de los fondos y planes de pensiones de empleo es un compromiso adquirido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero su aprobación no está prevista hasta el segundo trimestre de 2022, así que todavía hay tiempo para introducir modificaciones al texto. De hecho, la llegada del Anteproyecto al Consejo de Ministros es el primer paso de la tarea legislativa, que puede tardar meses en completarse.

Descontento en sindicatos y patronal

La ventaja adicional para los autónomos probablemente no eliminará el descontento de los agentes sociales con el conjunto del plan del Gobierno para los fondos de pensiones, que han criticado con dureza desde se conociera el primer borrador a mediados de octubre. UGT y CCOO emitieron entonces un comunicado conjunto en el que aseguraban que la propuesta “supone cambios sustanciales sobre la regulación de los fondos de pensiones de empleo que no compartimos” y la CEOE ha sido aún más severa: en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, califica de “competencia desleal” y “un absurdo” la iniciativa diseñada por el ministerio de Inclusión.

El plan del Gobierno pasa por promover el ahorro para la jubilación fomentando los planes colectivos pero con supervisión pública, para “garantizar [...] menores costes de gestión, permitir una distribución de inversiones diversificada y, con ello, mejorar los niveles de rentabilidad”, según se lee en la exposición de motivos del Anteproyecto. El objetivo es llegar a colectivos que no se sirven habitualmente de estos fondos, como los empleados públicos “de entidades locales medianas o pequeñas”, los autónomos y las empresas de menor tamaño, y así alcanzar unas tasas de participación similares a las europeas, que el documento cifra entre el 25% y el 90% de la población activa (en España, los planes de pensiones de empleo alcanzan ahora a "poco más del diez por ciento").

Novedades en las comisiones

El texto del Anteproyecto introduce otros cambios importantes, además de las deducciones de los autónomos, respecto al documento original. A diferencia de aquel primer borrador, el Anteproyecto no determina las comisiones máximas que podrán cobrar las entidades gestoras y depositantes de los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (que eran de un 0,4% y un 0,1%, respectivamente), sino que se remite a las normas de funcionamiento de cada fondo, que fijarán una comisión de gestión para cada uno de los planes que los integren.

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Asimismo, el texto del Anteproyecto da más juego a otros ministerios, además del de Inclusión, en la pieza clave del nuevo sistema: la Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos de pensiones públicos. Este organismo, que instará la creación de nuevos fondos y "velará por la idoneidad de su desarrollo" (con derecho de veto incluido) estará integrada por nueve funcionarios de carrera: cinco del departamento de José Luis Escrivá, y uno de cada por Economía, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda.

Además, el diseño del nuevo sistema, en aras de la "simplificación en las categorías de planes de pensiones existentes", prevé la absorción de los actuales planes de pensiones asociados (los promovidos por asociaciones, sindicatos o gremios, en lugar de por empresas) en los planes de pensiones de empleo o, en su defecto, en los individuales. A partir de la entrada en vigor de la norma, los planes de empleo asociados tendrán cinco años para transformarse en un plan de uno u otro tipo, o seguir funcionando con la normativa antigua hasta su extinción.

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