Anteproyecto de vivienda

Los propietarios confían que la ley muera en el Congreso por falta de apoyos

  • Las grandes compañías de alquiler están mostrándose cautas pero están preocupadas por la reacción de sus dueños extranjeros

El exalcalde de Barcelona y exministro Joan Clos, actual presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), en una conferencia en noviembre del 2007.

El exalcalde de Barcelona y exministro Joan Clos, actual presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), en una conferencia en noviembre del 2007.

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Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

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Carles Planas Bou
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El anteproyecto de ley de vivienda del Gobierno lleva semanas preocupando a los propietarios, pero su reacción pública está siendo comedida. "Supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual", se ha limitado a advertir este martes en una escueta nota la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), presidida por el exministro y exalcalde socialista Joan Clos.

La razón es que las grandes empresas propietarias confían en que el proyecto no llegue a convertirse en ley. "Estamos cautos porque no queremos que nuestras inversiones pierdan valor. No estamos haciendo mucho ruido ni vamos a ir a la guerra contra el Gobierno como (el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez) Galán porque nos llega que al final no se va a aprobar en el Congreso, y menos en la segunda parte de una legislatura. El PSOE está arrastrando los pies, ERC la considera insuficiente y el PNV va a defender el derecho a la propiedad. Pero estamos preocupados, porque nuestros centros de decisión en el extranjero no entienden la situación", se apunta en el sector.

Fuentes del mismo advierte de que la norma, de salir adelante, provocaría un "trasvase de inversiones" a comunidades como Madrid y Galicia, que se han negado a aplicarla, desde otras como Catalunya o Baleares "Catalunya es un desastre en materia de vivienda", sostienen.

Uno de los aspectos controvertidos es la rebaja de la bonificación del IRPF del 60 al 50% para quienes reduzcan el precio de alquiler. "Es una trampa", sostiene Álex Marced, propietario de un piso ocupado en Terrassa del que paga la hipoteca sin cobrar nada por el inmueble. "Ya tenía el precio ajustado a 600 euros al mes y no puedo bajarlo más. Con esta medida se beneficiarán aquellos que tienen los alquileres a un precio fuera de mercado y pueden rebajarlo".

También le afectará que la ley agiliza los trámites para evitar desahucios en riesgo de exclusión. Álex se hipotecó con su expareja justo antes de explotar la crisis financiera. Desde entonces ha alquilado la casa, pero en 2019 la familia que vivía ahí tuvo problemas económicos y dejó de pagar. "No quiero que esta familia se quede en la calle, al contrario, pero desde febrero tendríamos que haber cobrado una compensación por parte del Estado que no ha llegado", explica. "No quiere alquilar la casa por 2.000 euros, solo quiero cubrir la hipoteca que estoy pagando. Con esto me están arruinando la vida".

Argumentos en contra

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Las fuentes consultadas consideran "inconstitucional" que se dé un trato distinto a los grandes y los pequeños propietarios en el anteproyecto, ya que entienden que se vulnera el derecho a la propiedad privada de forma arbitraria. También niegan que los grandes propietarios distorsionen el mercado, ya que aseguran que aunque tengan algunas decenas de miles de viviendas cada uno, se trata de un mercado de más de 2,9 millones de inmuebles. 

Además, afirman que la medida, de salir adelante, impedirá que se cree en España "una oferta profesional de vivienda en alquiler como existe en otros países, como Alemania o los nórdicos, y por tanto de las ventajas que ello tiene, como evitar los pagos en 'b' o tener un sector dispuesto a ayudar al Estado cuando haya problemas sociales. Al final los que más la van a sufrir son a los que supuestamente se quiere proteger". Las fuentes, asimismo, aseguran que limitar los precios del alquiler supone "una discriminación de derechos contra los grandes propietarios única en Europa".