El Gobierno tramita de urgencia la ley de vivienda para que llegue al Congreso antes de 2022

El Gobierno quiere acelerar la tramitación de la Ley estatal por el derecho a la vivienda. El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer visto bueno al anteproyecto de ley que se tramitará con carácter de urgencia para acortar los plazos previos a su envío al Congreso de los Diputados. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha explicado que el objetivo es que el texto llegue a la Cámara Baja antes de que termine el año y que sea aprobado de manera definitiva en el segundo semestre de 2022.

"El Gobierno de coalición cumple con sus compromisos y pretende garantizar que el derecho a la vivienda realmente es eso, un derecho", ha sentenciado la responsable de Vivienda justo 365 días después de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzaran un compromiso para impulsar una ley de vivienda en el plazo de tres meses. Así, con nueve meses de retraso plagados de dimes y diretes sobre la norma, socialistas y morados han conseguido consensuar un texto. No obstante, aún queda tiempo hasta que esté vigente.

Para acelerar los trámites, el Ejecutivo ha decidido tramitar en anteproyecto de ley de manera urgente, lo que reduce los plazos destinados a la realización de una consulta pública y a recabar los informes de los órganos preceptivos. Sánchez ha explicado que el objetivo es que el Consejo de Ministros pueda volver a revisar el texto antes de que termine el año para remitirlo al Congreso, donde comenzaría la tramitación parlamentaria. Con estas fechas, la ministra ha calculado que será en el segundo semestre del próximo año cuando el proyecto de ley pueda recibir el 'sí' definitivo de las Cortes.

En mitad del choque

La norma, foco de conflicto durante casi un año entre socialistas y morados, ha dado su primer paso en mitad de la crisis abierta en el seno del Gobierno por la derogación de la reforma laboral. Aun así, el anuncio posterior a la aprobación del anteproyecto ha reflejado las tensiones que se están viviendo estos días en el Ejecutivo. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha sido la encargada de dar publicidad a la norma, mientras que la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, no ha sido convocada a la rueda de prensa, pese a ser coproponente del anteproyecto.

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Desde la sala de prensa de la Moncloa, Sánchez ha asegurado que se trata de una norma que pretende "configurar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar" y ha afirmado que se trata de una "potente herramienta para facilitar la integración y para luchar contra la desigualdad, la marginalidad y la exclusión". En su explicación, la ministra se ha afanado en recalcar que la norma "va a ofrecer seguridad jurídica" ante las acusaciones de las formaciones de la derecha que denunciaban que iba en contra de la propiedad privada. Mensaje también para el Govern de la Generalitat que amenazó con recurrirla al Tribunal Constitucional: "En ningún caso supone una invasión a las competencias de las comunidades autónomas".

Minutos antes, Belarra publicaba un vídeo en las redes sociales para acaparar el protagonismo. "Hemos trabajado a lo largo de muchísimos meses en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030", empieza su mensaje para recalcar que primero Iglesias y después ella han estado negociando la norma con los socialistas. La líder de Podemos ha defendido que la ley trae un "cambio de paradigma" que va a garantizar el derecho a la vivienda y va a "permitir poner coto a la especulación inmobiliaria".