El Gobierno amplía las ayudas a los hogares vulnerables para pagar la luz y la calefacción

El Gobierno ampliará la cobertura de las ayudas a los consumidores vulnerables de cara al invierno, ante los elevadísimos precios del gas natural y de la electricidad de los últimos meses. Por un lado, se eleva el descuento del bono social eléctrico del 25% al 60% y del 40% al 70%. Por otro, se incrementa la cantidad mínima a cobrar del bono social térmico, que pasa de entre 25 a 35 euros, y se duplica su presupuesto hasta los 202,5 millones, según anunció ayer la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros. Ambas ayudas se mantendrán hasta el 31 de marzo.

En la actualidad, hay cerca de 1,19 millones de consumidores acogidos al bono social eléctrico. Un descuento en la factura de la luz que financian las comercializadoras eléctricas en función de su número de clientes, de forma que más del 80% lo subvencionan Iberdrola, Endesa y Naturgy. Para percibir el bono social, los usuarios deben estar sujetos a la tarifa regulada de la luz (PVPC), que es la que está indexada a la evolución del mercado mayorista y, por eso, estos usuarios son los más afectados por el alza de los precios. 

Además, desde otoño de 2018, los usuarios de este bono social eléctrico reciben de forma automática el denominado bono social térmico que compensa sus gastos de calefacción, agua caliente y cocina en los meses de invierno (entre diciembre y marzo). Esta ayuda suponía hasta ahora un ingreso directo (cheque) de entre 25 y 123,94 euros en función de los ingresos y la zona climática (región más o menos fría). A partir de ahora, se ha elevado la cantidad mínima a 35 euros y duplicado el presupuesto para este año con 100 millones adicionales hasta alcanzar los 202,5 millones.

Estas medidas se incluyen dentro del real decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que, como adelantó El Periódico de Catalunya, aliviará el recorte a las empresas eléctricas por el alza de los precios del gas, convalidado hace dos semanas por el Congreso de los Diputados. En este sentido, la nueva norma aclara que la minoración de ingresos no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, cuando se haya contratado antes del 16 de septiembre (cuando se aprobó el recorte) o cuando tenga una cobertura superior a un año si se firma posteriormente. "Si hay una parte de la energía del contrato que se vende indexada al mercado, en esa parte corresponderá la minoración de forma proporcional", ha explicado Ribera.

Transparencia de las eléctricas

El real decreto ley aprobado ayer también incluye nuevas obligaciones de supervisión y transparencia para las eléctricas para que los operadores trasladen "con mayor precisión" el comportamiento de generadores y comercializadores a la factura final. Así, tendrán que exponer al supervisor la letra pequeña de sus contratos intragrupo (entre la filial de generación y la de comercialización) para ver "de qué manera trasladan los costes a los precios" de los consumidores, así como la cobertura financiera de esos contratos.

Además, obliga a las compañías a poner a disponibilidad del público, a través de la CNMC, todas las ofertas de luz y gas que tienen en el mercado, así como a informar de todas las condiciones de los contratos a los clientes finales y a comunicar con al menos "un mes de antelación" cualquier cambio o modificación de estas cláusulas, como ocurre con las compañías de telecomunicaciones. Hasta ahora, las comercializadoras podían informar a sus clientes después de haber acometido la modificación, no más tarde de un período de facturación.