FALLO DEL TRIBUNAL DE LA UE

La UE da a España la bala de plata en la pugna de 10.000 millones con fondos renovables

El Tribunal de Justicia de la UE insiste en que no puede haber arbitrajes internacionales dentro de la Unión

La Abogacía del Estado aporta el nuevo fallo en sus pleitos en el Banco Mundial y en los tribunales de EEUU

Paneles solares.

Paneles solares.

4
Se lee en minutos
Rafael Méndez / David Page

España ha recibido un nuevo espaldarazo del Tribunal de Justicia de la UE en las decenas de pleitos que mantiene contra fondos de inversión renovables que reclaman por el hachazo a las renovables. El tribunal ha insistido en su doctrina de que no caben estos arbitrajes cuando las dos partes están en la Unión. Lo hizo en una sentencia del pasado mes de septiembre que la Abogacía del Estado ya ha presentado en todas las sedes en las que se dirimen las reclamaciones por más de 10.000 millones, ya que estos fondos tienen su sede principalmente en Luxemburgo. Fuentes conocedoras de los litigios insisten en que esto supone "el fin del sistema de arbitrajes en materia de energía".

Los arbitrajes de renovables son desde hace años un frente sin fin para la Abogacía del Estado. Decenas de fondos han acudido a arbitrajes internacionales para reclamar contra España por los sucesivos recortes de primas renovables. Esgrimen que un tratado internacional, la Carta de la Energía, obliga a dar seguridad jurídica en las inversiones internacionales en el sector.

Los inversores españoles acudieron a la justicia ordinaria y perdieron y por eso estos buscaron organismos como el Ciadi del Banco Mundial o la Cámara de Comercio de Estocolmo o el organismo de Naciones Unidas Uncitral. El tratado se creó a principios de los 90 para dar seguridad en los países de la antigua URSS pero ha sido la puerta que ha abierto un boquete a España.

Pese a que comenzó perdiendo, después las fuerzas se han ido equilibrando y los laudos empiezan a reconocer que las primas a las renovables no estaban grabadas en piedra y que los inversores asumían y riesgo regulatorio al ser un recargo en la tarifa eléctrica regulada por el BOE.

España además alega que la Unión Europea le impide pagar los laudos incluso cuando ha perdido. La Comisión Europea considera que el Tratado se firmó antes de que existiera y que no se puede aplicar dentro de la Unión Europea porque para eso está el derecho ordinario europeo, que culmina en Luxemburgo.

En 2018, el Tribunal de Justicia de la UE anuló un laudo entre una empresa de Holanda y el Estado de Eslovaquia porque se hizo fuera del derecho europeo. Consideraba que cuando las dos partes son europeas, la sede debe ser la justicia europea. España ya esgrimió ese fallo para pedir la nulidad de todos los laudos contrarios.

El pasado 2 de septiembre, en una disputa entre Moldavia y una empresa, Komstroy LLC, insistió en esa idea. En uno de los múltiples fundamentos insistía en que no el aplicable el Tratado de la Energía dentro de la UE: "Debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro en relación con una inversión realizada por este en el primer Estado miembro".

La Abogacía del Estado ya ha aportado ese fallo para pedir la anulación de los laudos contrarios. Además lo ha presentado en los tribunales ordinarios de EEUU y Australia donde los fondos internacionales intentan conseguir que España pague.

España se denunció a sí misma

España llegó a denunciarse a sí misma ante la Comisión Europea para no pagar estos arbitrajes. Elevó una consulta preguntando si de hacerlo eso podría ser considerado una ayuda de Estado ilegal. El objetivo era que la UE frenase los pagos. El Estado no ha abonado los laudos y en un caso consiguió incluso comenzar de nuevo el proceso al descubrir un conflicto de intereses de uno de los árbitros del Ciadi, el órgano para resolver disputas más usado en el Banco Mundial.

España ha llegado a acumular un total 50 arbitrajes internacionales contra los recortes a la retribución de las energías renovables aplicados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, por los aprobados pro el Gobierno de Mariano Rajoy. El medio centenar de pleitos sumaban conjuntamente 10.025 millones de euros de indemnizaciones reclamadas por los inversores.

Durante la larga sucesión de batallas legales, España ha perdido un total de 18 arbitrajes, que acumulan la obligación de abonar indemnizaciones por importe de 1.188 millones, apenas una cuarta parte de los 5.000 millones que se reclamaban en esos pleitos (eran 19 pleitos perdidos, pero Emiratos Árabes Unidos renunció al arbitraje tras obtener una indemnización de 64 millones).

Noticias relacionadas

“Todos los laudos perdidos parcialmente por el Reino de España están siendo objeto de un proceso de anulación con petición de suspensión del pago de laudo”, confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que ahora encuentran en esa nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE un argumento casi definitivo para tumbar esos pagos.

España sigue sumando pleitos en contra del hachazo regulatorio a las renovables, y el centro de arbitraje del Banco Mundial ha recibido dos nuevos casos en agosto y septiembre. Aún quedan por resolver en diferentes centros internacionales arbitrajes que reclaman al Estado español indemnizaciones que conjuntamente ascienden a 4.276 millones de euros. Los dos últimos arbitrajes presentados este verano aún no tienen fijada la indemnización reclamada.