Entrevista con la vicepresidenta Teresa Ribera

“Es hora de reclamar a las eléctricas el compromiso social que tanto aparece en su publicidad”

La ministra para la Transición Ecológica da por hecho que cumplirá la promesa de igualar la factura de luz de 2021 a la de 2018 y, en principio, sin necesidad de adoptar medidas adicionales

Teresa Ribera durante la entrevista

Teresa Ribera durante la entrevista / José Luís Roca

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David Page
David Page

Periodista

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-El presidente del Gobierno y usted misma mantienen el compromiso de que en 2021 los consumidores acabarán pagando lo mismo por la luz que en 2018. Para lograrlo la factura tendría que bajar, pero ahora mismo sigue subiendo ¿Tan seguros están de que cumplirán la promesa?

-Estamos convencidos de que se va a conseguir. El cálculo respecto al promedio de las facturas de los hogares españoles es correcto. Las facturas domésticas tienen tres grandes componentes. Una parte fiscal, en la que en junio ya anticipamos una suspensión provisional muy importante y que completamos en septiembre, dejándola con una reducción del 60 y 65% en nuestras facturas. Otra parte que son los costes fijos del sistema, que hemos reducido en algo más de un 50%. Y una tercera componente que es la relativa a energía, cuyo peso en la factura depende del tipo de tarifa que tengamos. Para un número muy importante de hogares la factura en estos meses es incluso más baja de la que venían pagando con anterioridad y para algunas otras familias la factura será muy similar a la que venían pagando.

-¿El Gobierno adoptará más medidas para contener la factura de luz y cumplir ese compromiso?

-Creemos que no va a ser necesario tomar más medidas. Nuestro análisis es que debemos concentrar nuestros esfuerzos en el seguimiento del impacto que tiene la situación actual sobre los consumidores vulnerables con derecho a bono social, un colectivo que merece una especial protección. Permanecemos atentos por si es necesario completar esa protección para que no vean incrementada su factura en escenarios de alta volatilidad en el mercado eléctrico. Y también nos preocupa la factura eléctrica de los consumidores industriales, porque hemos constatado que no tienen suficiente cobertura, que una parte una muy importante de su estructura de costes no tiene un precio garantizado y asegurado a plazo, sino que dependen de cuál sea el coste de la electricidad cada día. Es un colectivo especialmente expuesto.

José Luis Roca

-¿Está dispuesto el Gobierno a bajar aún más los impuestos del recibo de luz para cumplir la promesa de frenar la subida?

-En principio, consideramos que no es necesario y que está suficientemente cubierto. La suspensión fiscal que hemos realizado deja muy poco margen a ningún otro tipo de rebaja fiscal. Un debate distinto es qué tipo de reforma fiscal para la energía necesitamos, incluida la electricidad. Pero en estos momentos la fiscalidad de la electricidad es tan limitada, tan reducida, que prácticamente no hay margen para nada más. No es pertinente ese debate.

-Para amortiguar el impacto en el recibo, el Gobierno decidió aplicar recortes millonarios a los ingresos de las compañías eléctricas. ¿Cómo de tocada está la relación del Gobierno con las grandes eléctricas tras los recortes?

-La relación con las eléctricas se ha mantenido siempre. Es muy importante mantener el diálogo y el espíritu constructivo también en los momentos difíciles. Y aprecio enormemente que los consejeros delegados de las compañías energéticas piensen y contribuyan a abordar esta situación con propuestas propias. Entiendo menos actitudes un poco menos constructivas y más reivindicativas del 100% del beneficio incluso en circunstancias tan extraordinarias como éstas. Ha habido cierta recuperación de ese espacio de diálogo después de alguna declaración más altisonante, y eso es siempre positivo.

-Tras la ronda de contactos con los presidentes eléctricas y a pesar de las nuevas medidas anunciadas, ¿cree que las eléctricas van a seguir yendo al choque?

-Mi obligación es la protección de los consumidores por encima de todo. Y junto a ésta, tengo también una obligación importante de transformación del sistema y de generar equilibrio para que inversores y empresas encuentren un espacio para desarrollar la actividad. La obligación de las compañías es en principio maximizar los beneficios, sabiendo que ese “en principio” queda matizado por el contexto en el que se desenvuelven. Es normal que se puedan producir tensiones, y es normal también que hablemos regularmente y que pueda reconstruirse un espacio de encuentro.

-Desde el sector eléctrico se anticipa una estrategia legal para tumbar sus medidas y que se verán en los tribunales.

-Estas cosas son legítimas, son normales. Creo que si consideran que tienen motivos para recurrir, lo harán. Entendiendo cuáles son las obligaciones, derechos y expectativas de las compañías, es el momento para reclamar un poco más de compromiso social. Ese compromiso que aparece tanto y tan frecuentemente en sus memorias anuales y en su propia publicidad. Creo que es hora de demostrar si de verdad se materializa o se queda sólo en palabras bonitas. Mi expectativa es que se materialice.

-¿Puede un sector estratégico como el energético vivir en una eterna judicialización de todas las decisiones regulatorias?

-Lo que no se puede permitir son precios de escasez que no duran horas o días, sino que duran meses. El mercado está roto, está claro que no funciona. Y quien piense que puede consolidar una posición de beneficio durante mucho tiempo en estas circunstancias a costa de todos los demás comete un error de cálculo. Creo que es enormemente peligroso pensar que un sector estratégico puede pervivir con un margen de beneficio y unos precios como los que vemos, sin que se produzca una contestación social y sin una reacción regulatoria. Hay margen para poder encontrar soluciones sin tener que pensar en tensar la cuerda más de lo necesario.

-Las eléctricas han advertido de que están retrasando inversiones en nuevos proyectos renovables. ¿Los cambios regulatorios pueden ser un freno a la expansión de las energías verdes?

-España es un país seguro, estable, con una cualificación profesional extraordinaria y con una complicidad social con la transformación energética muy importante. A mí me gustaría que nuestros actores clásicos que han tenido grandes beneficios y gran capacidad de crecimiento en nuestro país sigan apostando y sigan siento actores importantes de presente y de futuro. De lo que estoy segura también es que grandes y pequeños, clásicos y modernos, van a seguir teniendo interés en nuestro país, porque las circunstancias objetivas se dan. Más allá de que en un determinado momento se realice alguna declaración altisonante, estoy convencida de que se va a recuperar una senda de inversión muy normalizada, porque tiene sentido económico, sentido empresarial. Hay que bajar un poco el diapasón y que vuelvan las aguas a su cauce, sino habrá otro vendrá y ocupará ese espacio. Son compañías con suficiente peso y suficiente solvencia para saber que esto es así.

-Iberdrola y Endesa renunciaron a participar en la subasta de renovables organizada por el Gobierno de esta semana. ¿Lo interpreta como otro desplante en esta situación de tensión entre eléctricas y Gobierno?

-Iberdrola siempre ha defendido que no hacían falta subastas y que no le interesaba demasiado participar porque tenía capacidad financiera para invertir. Tan es así que ni se precualificó para la subasta, por lo que no era una sorpresa que no fuera a participar. Es la segunda gran subasta que hemos convocado este año y creo que algunas compañías no tenían cartera suficiente como para poder presentarse o no estaba suficientemente madura. No pasa nada, se pueden presentar a la siguiente. Esto es algo que hay que vivir con naturalidad. Es interesante ver cómo en un contexto tan sensible como el que estamos viviendo, e incluso no presentándose las grandes, se ha producido una cobertura muy alta en la subasta. Si uno no se presenta se presenta otro. Hay partido, y eso es una reflexión para grandes y pequeñas.

-El Gobierno ha pedido abiertamente a la CNMC que investigue el uso que se ha hecho este verano de las hidroeléctricas por parte de las compañías, que investigue los parones de producción de renovables… ¿Hay desconfianza? ¿Se fía el Gobierno de las compañías?

-Un sector tan sensible, tan crítico, como éste es bueno que cuente con un sistema de supervisión como el que ofrece la CNMC, que lo hace de oficio con carácter general. Hay determinados momentos que generan alarma social en los que hemos transmitido explícitamente a la CNMC nuestro interés de que lo investigaran y cuando tuvieran una conclusión la pudieran compartir con nosotros. Algunos movimientos que se han producido hay que verlos despacio, porque a veces las respuestas por parte de las compañías son menos compatibles con el marco de seguridad y de funcionamiento de la oferta en el que deben operar. Hay algo fundamental en este sector, que también nos diferencia de lo que ocurre en otros países: necesitamos contar con empresas en las que sus clientes confíen. Esto es importantísimo. Empresas en las que confíen porque existe transparencia sobre cómo operan y sobre cómo configuran los precios, y no tener la sensación de que no estamos seguros de qué esta ocurriendo. El papel que se puede desempeñar de esa perspectiva de función pública ayudará a recuperar y consolidar la confianza en las empresas del sector.

-El Gobierno aprobó hace un mes un real decreto ley con medidas para amortiguar el impacto en el recibo de luz de las subida de gas y electricidad. Y ahora ya se dispone a aclarar cómo aplicarlo y suavizar algunas de sus medidas ¿Cómo se van a articular esas aclaraciones y qué medidas concretas se van a incluir?

-Estamos trabajando en distintos ámbitos importantes. Hemos visto que quedaba poco claro cómo apreciar quién está interiorizando esos beneficios extraordinarios del gas no consumido y quién no. Es un aspecto en el que estamos trabajando. Quien tiene un contrato bilateral que no interioriza el precio del gas no tiene sentido que se plantee esa minoración. El operador del sistema nos planteó de manera inmediata que había que clarificarlo y algunos operadores nos plantearon que esto apareciera en el BOE y no sólo en una aclaración.Trabajamos en reforzar la protección del bono social y probablemente será con una regulación adicional de la cobertura o de una disponibilidad adicional de recursos por parte de los presupuestos del Ministerio. Y también estamos animando a los actores que ofrecen electricidad a clientes industriales a que lo hagan a precios atractivos y a los que demandan esa electricidad a que lo hagan con una cobertura a medio plazo, más estable. Cuál es el margen para apreciar que merece la pena o no corresponde a decidirlo a cada industria.

-La intención es no aplicar los recortes a las contratos eléctricos con precios razonables previos a la subida actual ¿Cuál es el precio razonable al que las eléctricas podrán vender la electricidad sin que le afecte la minoración de ingresos?

-Es una decisión que les corresponde tomar a las dos partes [eléctrica y cliente] de común acuerdo. Creo que las referencias a los precios medios del mercado eléctrico mayorista o los precios medios que revelan los analistas que hacen seguimiento de las firmas de PPA [power purchase agrement, contratos de suministro a largo plazo] dan pistas para que las dos partes puedan ver qué precio consideran razonable. Debemos ejercer una tarea que forma parte de nuestra responsabilidad como Gobierno de facilitar, animar y proponer márgenes de aproximación entre las distintas partes, pero nosotros no podemos ni decir cuál es precio razonable ni evidentemente imponer un precio en el Boletín Oficial del Estado, como en otros momentos se ha tenido tentación o se ha materializado.

-Durante el verano usted ha sido objeto críticas por parte de sus socios de Gobierno por la resistencia a intervenir el mercado y a tomar medidas drásticas para evitar la subida del recibo de luz. ¿Hay entendimiento con los socios de Unidas Podemos en este ámbito? ¿En política energética está habiendo oposición desde dentro del Gobierno?

-Todo lo que hemos hecho, aunque cada cual tenga su estilo para explicarlo, forma parte de un programa de Gobierno establecido en el acuerdo de coalición, en el que está incluidos los grandes objetivos conformes al programa electoral de cada uno de los partidos. Esto no significa que no pueda haber tensiones sobre cuestiones concretas, que a mi juicio ocurren con socios de gobierno de otros partidos y con los propios compañeros del mismo partido. Lo importante es lo que sale y cómo sale, y que el Gobierno pueda cerrar filas en su conjunto con lo que sale. A mi juicio, las discrepancias que pueda tener con cualquier compañero lo mejor es gestionarlas internamente y una vez que se resuelven, todos tan contentos y sin discrepancias.

-El presidente de Iberdrola dijo que “con extremistas no se puede gobernar”. ¿Hay extremistas en el Gobierno?

-Forma parte de los comentarios a los que se puede aplicar eso de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. El señor Galán como cualquier persona puede opinar de lo que quiera y pueda calificar a cualquiera como quiera. En general, del mismo modo que nos corresponde respetar a los demás en cualquier esfera de la vida personal y familiar, también nos corresponde hacerlo en la esfera institucional. Estoy segura de que habrá muchas personas que considerarán extremista al señor Galán por otros motivos. Él sabrá por qué lo dice y a quién se refiere, yo no lo diría desde luego.

-España ha estado a la cabeza de los países que piden a Europa un papel más activo para afrontar el encarecimiento del gas y la electricidad, pero de momento para la mayoría de medidas de calado Bruselas da largas. ¿Se pueden esperar avances en el Consejo Europeo de esta semana?

-Con los ritmos y la formalidad con la que se mueven las instituciones europeas, es muy destacable que haya habido esta voluntad de pronunciamiento y recopilación por parte de la Comisión Europea, de que se haya introducido este asunto en el orden del día de un Consejo Europeo y de que se haya convocado un Consejo extraordinario de Energía la próxima semana. Es muy sintomático. La comunicación de la Comisión Europea, a nuestro juicio, es un primer paso muy interesante sobre el que todavía se puede construir. Hace un diagnóstico correcto sobre el origen del problema y los peligros del impacto en la economía y los consumidores, mantiene un principio de prudencia con respecto a las medidas, que ninguna es fácil. La Comisión mantiene la prudencia sobre medidas nuevas pero deja abierta la posibilidad de abordarlas. Va a haber un debate interesante en el Consejo Europeo y en el Consejo extraordinario de Energía y veremos cómo podemos avanzar con las diferentes propuestas.

-¿Está garantizado el suministro de gas para este invierno?

-Eso dice el operador del sistema gasista [Enagás] y eso dice nuestro principal proveedor, Argelia, a pesar de las tensiones bilaterales con Marruecos. Argelia nos garantiza el suministro a través de los mecanismos de transporte que sean necesarios. Creemos que importa que esté garantizado el suministro en volumen, pero importa también cómo llega el gas y tenemos preferencias. Hoy por hoy podemos decir que está garantizado. Hemos tomado medidas con el operador del sistema de gas: hemos aumentado las reservas y hemos aumentado los 'slots' para que llegue gas por barco y tener disponibles recursos.

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-Cuando dice que les importa cómo llega, se refiere a que el Gobierno preferiría que llegara por gasoducto (Argelia amenaza con cerrar el 31 de octubre el paso del tubo que llega a España pasando por Marruecos y mantener sólo el que comunica directamente Argelia y España).

-Tener duplicada la infraestructura de transporte de gas por tubería es importante. Y también creemos que es una infraestructura activa, en buen estado, y que es importante mantenerla y que no por caer en desuso pueda quedar inutilizada con el tiempo. El presidente de Argelia insiste en que la decisión no está tomada. Es cierto de que somos conscientes de que hay una fecha límite y que en principio no parecen tener mucho interés en encontrar una solución a prorrogar o mantener un contrato de paso de gas por Marruecos.