Herramientas preventivas

El Banco de España se arma para evitar futuras burbujas

El organismo supervisor tiene lista una norma que le permitirá imponer límites a las hipotecas y a la exposición de los bancos al sector inmobiliario

El BCE pide tener mayores competencias para coordinar la respuesta a las crisis de las autoridades nacionales encargadas de evitar las burbujas

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, junto al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, junto al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

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Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

Escribe desde Madrid

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España está lejos de sufrir una burbuja inmobiliaria: las entidades financieras han aumentado su solvencia y los créditos se conceden de forma mayoritariamente prudente, si bien los precios de los inmuebles comienzan a dar algunas señales incipientes de sobrevaloración (y apuntan a un problema social de acceso a la vivienda). Pese a esta relativa estabilidad, el Banco de España se está rearmando para evitar que se vuelva a producir una situación como la de antes de 2008. El supervisor español, así, ha completado ya los trabajos legales para aprobar una normativa que le permitirá limitar la exposición de los bancos tanto al ladrillo como a otros sectores donde se detecten excesos, y en principio prevé aprobarla antes de que acabe el año, según ha podido confirmar este diario.

Dicha norma (circular, en su lenguaje, y que el supervisor sometió a consulta pública el pasado febrero) hará operativo un paquete de nuevas herramientas de actuación que el Gobierno aprobó en 2018 y 2019 y que emanan de los cambios regulatorios impulsados a nivel global y europeo como consecuencia de la anterior crisis internacional. Una vez aprobada, el organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos podrá limitar el porcentaje máximo que la hipoteca puede financiar del valor o el precio del inmueble, la renta disponible máxima del cliente que puede ir destinada a pagar el crédito, y los plazos de vencimiento y de carencia del préstamo.

El Banco de España también podrá imponer a los bancos que guarden una hucha de capital específica para afrontar las futuras pérdidas de sus hipotecas u otras carteras de créditos o activos (colchón anticíclico sectorial), así como establecer límites máximos al peso de dichas carteras sobre el total de préstamos de las entidades. El organismo podrá activar una o varias de estas medidas a la vez, de forma individual o sectorial, y tanto para créditos a particulares como a empresas. Según calculó a principios de año, de haber estado estas herramientas activas antes de la anterior crisis, los bancos se habrían visto obligados a tener entre 64.000 y 109.000 millones de euros de capital más (frente a los en torno a 60.000 millones que costó al Estado rescatar a las entidades quebradas).

Negociación europea

Dichas herramientas se suman a otras que ya se aprobaron en los últimos años, particularmente el colchón de capital anticíclico general. Se trata de la posibilidad de obligar a las entidades a reservar una hucha de solvencia no asignada a ningún sector productivo concreto cuando se detecta que la economía está acumulando desequilibrios globales (en España no se ha activado desde su creación). En este campo también se está trabajando en mejoras, pero a nivel comunitario. A consecuencia de la pandemia, el Banco Central Europeo (BCE) ha abogado por tener mayores poderes de coordinación de dichos colchones, que son una competencia nacional, pero las conversaciones están todavía en una fase muy inicial, según confirman fuentes comunitarias.

El problema de fondo es que, tras la llegada del coronavirus, las autoridades de supervisión bancaria permitieron a los bancos echar mano de sus colchones estructurales de capital para evitar que cayera el crédito, pero la inmensa mayoría de las entidades decidieron no hacerlo por miedo a que el mercado les penalizase en bolsa. Sin embargo, cuando hay un colchón anticíclico, la autoridad responsable del mismo lo puede bajar automáticamente para todo el sistema bancario sin que dependa de lo que decide cada banco. Es por ello que el BCE defiende que si haya una institución que coordine estos colchones a nivel europeo, pues sería más fácil actuar en momento de crisis.

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Así lo defendió el pasado marzo su vicepresidente, Luis de Guindos, quien lamentó que solo siete países hubieran activado dicho colchón anticíclico antes de la pandemia y abogó por reequilibrar el peso de los colchones estructurales y anticíclicos para que estos últimos sean más holgados sin aumentar los requisitos totales de solvencia de las entidades. Las autoridades españolas están de acuerdo en que una mayor coordinación sería positiva, pero siempre que no se limite la capacidad de los países de responder a sus situaciones concretas, ya que la ausencia de una Unión Bancaria y Unión Fiscal plena hace que los ciclos financieros de los diferentes Estados comunitarios no estén absolutamente alineados.

La lección de la anterior crisis global

Antes de la anterior crisis financiera, se consideraba que para tener un sistema financiero seguro y estable bastaba con asegurar la solvencia de cada entidad de forma individual y que eran las políticas monetarias de los bancos centrales (persiguiendo la estabilidad de precios) y las fiscales de los gobiernos (buscando la estabilidad presupuestaria) las encargadas de gestionar el ciclo económico. Dicha crisis, sin embargo, puso en evidencia que las entidades podían tener comportamientos aceptables a nivel individual, pero peligrosos de forma agregada, así como que las autoridades financieras no tenían las herramientas suficientes y adecuadas para frenar dichos excesos. Para corregirlo, la regulación global ha dotado a dichos organismos de nuevos instrumentos de actuación en los últimos años: son las herramientas de la llamada política macroprudencial, que es la encargada de evitar que la inestabilidad financiera se vuelva tan generalizada que afecte al crecimiento y al bienestar de la población.