Apoyo a las empresas

La Sepi contrata asesores para analizar cinco operaciones del fondo de solvencia

  • La sociedad de participaciones públicas contará con diez asesores jurídicos y financieros para analizar las compañías

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda. / EL PERIÓDICO

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EFE

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) contratará asesores independientes para continuar con el análisis de cinco solicitudes al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas cursadas por Vicinay Marine, Imasa Ingeniería y Proyectos, Isastur (Ingeniería y Suministros Asturias), Pacadar y eDreams Odigeo. La entidad presidida por Belén Gualda ha informado este jueves en un comunicado de que ha abierto, dentro del acuerdo marco establecido para ello, el proceso para la contratación de diez asesores independientes jurídicos y financieros.

El fondo es uno de los instrumentos de apoyo a la economía por la pandemia, que el Gobierno puso en marcha el año pasado con una dotación de hasta 10.000 millones de euros. A los asesores se les asignan los expedientes bajo la tutela de los responsables del proyecto. El asesoramiento asegura, según el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas "exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente".

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La misión del asesor financiero es verificar el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad establecidos y analizar la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad. El estudio de cada operación incluye el análisis de la situación precovid de la empresa, del impacto de la pandemia y las medidas planteadas. El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación, contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.

El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de 'due diligence', que incluye la emisión de informe sobre las condiciones para ser beneficiario, contingencias legales, laborales, y fiscales, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante. También redacta y revisa los documentos y términos de los acuerdos y documentos contractuales que gobiernan la eventual concesión del apoyo financiero público temporal, tales como los términos del apoyo a la solvencia; el acuerdo de apoyo financiero público temporal; el acuerdo de accionistas o acuerdo de gestión con la compañía; el contrato de financiación y demás documentos financieros, incluyendo las garantías anejas a la financiación.