Las eléctricas exigen al Gobierno garantías de que los recortes serán sólo temporales

Las grandes eléctricas han venido presionando al Gobierno para que revise el plan de choque aprobado el mes pasado -y que se convalida este jueves por el Congreso de los Diputados- para frenar la subida del recibo de la luz y que contiene recortes millonarios de los ingresos de las compañías.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la semana pasada una ronda de contactos con los máximos ejecutivos de las grandes eléctricas para recabar propuestas alternativas para frenar la subida de la luz. Tras las reuniones con Endesa, EDP y Acciona, este miércoles fue el turno de los presidentes de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de Naturgy, Francisco Reynés, para mantener un cara a cara por separado con la vicepresidenta.

Iberdrola y Naturgy reclamaron al Gobierno garantías de que la aplicación de los recortes será sólo transitoria y temporal, y que no se alargarán más allá de los seis meses previstos en el real decreto aprobado el mes pasado, según confirman fuentes de las compañías. Los grupos alertan de que si la aplicación se extienden más allá de marzo la incertidumbre en el mercado hará imposible que las eléctricas firmen ningún tipo de contrato a largo plazo con un precio fijo (power purchase agreement o PPA).

Del mismo modo, Galán y Reynés reclamaron a la vicepresidenta que el recorte de ingresos extraordinarios de las eléctricas no se aplique a los acuerdos de suministro con precio fijo firmados con clientes industriales antes del 14 de septiembre, fecha de aprobación del real decreto ley 17/2021, porque supone un freno a las inversiones necesarias para el despliegue de nuevas instalaciones de energías renovables. Iberdrola también subrayó la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el suministro de gas en España durante el invierno.

Entre otras propuestas que han llevado las eléctricas a sus reuniones con el Ministerio, según confirman fuentes del sector, figuran la posibilidad de utilizar las reservas de gas españolas (compradas a un precio muy inferior al actual) para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado; la utilización a un precio fijo de toda la producción de las centrales nucleares para abastecer la demanda de los 10,6 millones de clientes de la tarifa regulada; rebajas fiscales aún más drásticas de las ya aplicadas a la factura eléctrica o adelantar a este año (está prevista para 2022) la revisión de la rentabilidad razonable de las renovables con primas para que devuelvan la sobrerretribución.

Desde el sector eléctrico se ve muy difícil que el Gobierno acceda a introducir cambios sustanciales en el texto del real decreto ley con el que se articula la reforma antes de su convalidación en el Congreso. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró abierto a “aclarar y precisar lo que haga falta” las medidas impulsadas para frenar la escalada del recibo de la luz. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez puntualizó que esa eventual revisión se haría para evitar “perjudicar a los consumidores domésticos e industriales” y advirtiendo a las eléctricas de que deben “arrimar el hombro”.

Las compañías maniobran para que se mitigue su impacto al menos a medio plazo, mediante medidas legales posteriores fuera del real decreto ley aprobado ya por el Ejecutivo. Los grandes grupos no ocultan, además, que también están armando una estrategia para emprender una batalla legal para tumbar las medidas del Gobierno en los tribunales si no se revisan las medidas.

Recorte millonario

Entre las medidas incluidas en el plan de choque del Gobierno, la que ha puesto en pie de guerra a las eléctricas es la aplicación durante seis meses de una minoración de los ingresos extraordinarios que algunas tecnologías como nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados que está registrando el mercado.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera que las eléctricas, sobre todo los grandes grupos, estaban embolsándose unos beneficios desproporcionados gracias a la fortísima subida del precio del mercado de la electricidad. Unos precios disparados que se deben al encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan. Desde el sector eléctrico se alerta de que la fuerte subida del gas y la electricidad ha disparado el impacto de los recortes frente a los 1.100 millones de euros al mes, lo que llevaría el golpe total durante la vigencia de las medidas hasta los 5.500 millones (frente a los 2.600 millones estimados por el Gobierno).

Las grandes eléctricas denuncian que gran parte de su producción está vendida este año y el siguiente (el 100% y el 75%, respectivamente) a un precio fijo muy inferior al que marca ese mercado mayorista y que multitud de centrales y plantas renovables sufren la minoración de ingresos impuesta por el Gobierno a pesar de no cobrar los precios desbocados del mercado. Desde el sector eléctrico la queja predominante es que la medida de devolución de unos ingresos que no perciben las compañías implica que se les estaría obligando a vender la electricidad a pérdidas.