Una sentencia obliga a la AMB a pagar 14,8 millones a Aigües de Barcelona

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona ha aceptado el recurso de Aigües de Barcelona y la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. por el que se establece que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) deba pagar un total de 14.802.000 euros más intereses a la firma de servicios en cumplimiento del contrato de concesión del servicio de saneamiento de aguas.

La sentencia acepta el recurso de Aigües de Barcelona "contra el acuerdo del Consell de l´Àrea Metropolitana de Barcelona de 26 de junio del 218 por el que se desestima la reclamación que se se presentó por los actores el día 16 de mayo del 2018 para exigir el cumplimiento por parte de la AMB de sus obligaciones económicas respecto de los servicios de saneamiento que presta Aigües de Barcelona, incluyendo la exigencia de abono de las aportaciones económicas debidas y no realizadas determinadas en la cantidad de 14.802.000 euros con los intereses correspondientes, el cual revoco y reconozco el derecho del actor al abono de la cantidad reclamada más los intereses legales. No impongo las costas procesales para entender que el caso presenta dudas de derecho".

Según la sentencia, el AMB, presidida por Ada Colau, al no hacer frente a sus obligaciones contractuales, "pone en riesgo" un servicio fundamental como es el del saneamiento de aguas y su devolución al medio ambiente y que consiste en canalizar y tratar las aguas residuales de los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona.

Privatización o no del servicio

Pese a la sentencia, el conflicto sigue abierto. Cuando Ada Colau llegó a la alcaldía en el 2015, considero necesario abrir el debate sobre si es lícito que una empresa privada gestione los servicios de suministro de agua corriente a la población. Mientras la compañía considera que el servicio requiere una elevada especialización, Colau pone el énfasis en la necesidad de abaratar el servicio. Colau llegó incluso a plantear la necesidad de realizar una consulta ciudadana. Los 'Comuns' cuestionan la creación, durante el mandato de Xavier Trias, de una sociedad público-privada controlada por Agbar para la gestión, y que ha reportado elevados beneficios a la empresa. El TSJC anuló la adjudicación a Agbar del suministro de agua en Barcelona, que había sido recurrido por empresas del sector. Pero en 2019, y tras un recurso de Agbar, el Tribunal Supremo (TS) avaló la existencia de la entidad mixta. Durante la disputa, Agbar se querelló dos veces contra el principal impulsor de la consulta sobre la gestión pública del agua, el concejal Eloi Badia, por injurias y revelación de secretos, pero ambas denuncias fueron archivadas.

La sentencia favorable del TS no ha apaciguado los ánimos. También se presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por el supuesto “perjuicio” a las cuentas públicas (875.000 euros), fruto de los informes encargados por el Ayuntamiento sobre las vías a la posible municipalización del suministro de agua potable.