Las autonomías piden consolidar para siempre los 16.000 millones del fondo covid

Para acabar con la menor financiación que sufren algunas autonomías sin que sea a costa de lo que ingresan otras, se da por hecho que el Estado tendrá que acabar inyectando dinero nuevo en el sistema, como ha sido en cada una de las sucesivas revisiones del modelo de financiación autonómica. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, reclamó en el Foro La Toja que los 16.000 millones del ‘fondo covid’ que el Estado transfirió a las comunidades en 2020 se consoliden en la bolsa de la financiación autonómica. Esta cantidad ha bajado a 13.400 millones en 2021 y será de 7.000 millones en 2022, pero los gobiernos autonómicos aspiran a consolidar los 16.000 millones iniciales.

Es la misma petición que han formulado los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Murcia, Fernando López Miras, en su reciente encuentro institucional para impulsar una alianza autonómica para la urgente corrección de los niveles de infrafinanciación que sufren determinados territorios. Antes que eso, Moreno también se había reunido con Ximo Puig (Valencia) para pactar las bases de un nuevo modelo que permita acabar con la infrafinanciación a partir de una mayor capacidad tributaria de los territorios, un fondo de compensación y la población ajustada como principal criterio del nuevo modelo.

"La reforma no puede ser de suma cero, con territorios que vean reducidos sus ingresos, la reforma será posible únicamente si todas las autonomías incrementamos los recursos disponibles hasta un nivel de equilibrio horizontal entre todas nosotras, una situación que no se solventó ni con las reformas de 2002 ni con la de 2009". Así lo afirmó el conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que en noviembre comenzará la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. "Aumentar los recursos de los que dispone el subsector de la administración autonómica permitiría por un lado aumentar los recursos de todas las comunidades para garantizar servicios fundamentales de calidad a todos sus ciudadanos y, por otro lado, desdramatizar el debate sobre la reforma para algunos territorios, ya que garantizaría que todas las autonomías se verían beneficiadas", añadió.

Alianzas sin color político

Tras un retraso de más de seis años en la renovación del actual modelo de financiación autonómica de 2009 (que debía haber sido revisado en 2014), todo apunta a que está se pondrá en marcha a partir del próximo mes. La ministra Montero se ha comprometido a hacer una propuesta en noviembre sobre un primer aspecto del modelo: cómo tener en cuenta en el nuevo modelo la variable población. "Veremos el peso que la población ajustada debería tener en el conjunto del modelo. En lo que estamos trabajando es en cómo tiene que computar el envejecimiento, en cómo tiene que pesar la población infantil respecto a las necesidades educativas, en qué tipo de elementos se tienen que tener en cuenta para que el criterio de población ajustada refleje la realidad del consumo de los servicios públicos o en qué necesidades del sistema son necesarias para garantizar que en el último rincón de España se presten servicios sanitarios o servicios educativos", anticipó la ministra en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de septiembre.

En espera de que el Ministerio de Hacienda empiece a poner sus propuestas sobre la mesa, las comunidades autónomas avanzan en cuajar alianzas entre las que mantienen intereses compartidos, sin reparar en las siglas de sus formaciones políticas.  

La propia ministra Montero ha descrito las tres alianzas de autonomías que ella percibe, después de las reuniones mantenidas con ellas. Por un lado, percibe un grupo integrado por Andalucía, Murcia y Valencia, que defienden una reforma que nivele las diferencias del actual sistema. De ahí los encuentros de las últimas semanas entre los presidentes de estas tres comunidades. 

Por su parte, a Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón les une el criterio de afrontar con mayor intensidad el reto demográfico y tener más en cuenta la dispersión de la población en el coste de prestación de los servicios esenciales, como sanidad y educación. Estas comunidades están especialmente atentas a la definición de "población ajustada" que debe incorporar el nuevo modelo.

Madrid, Baleares y Catalunya tienen en común la petición del principio de ordinalidad, según el cual estas comunidades más ricas deberían aportar recursos a la bolsa común pero solo hasta el límite de que ello no les suponga que las autonomías receptoras estén mejor financiadas que ellas mismas. Es lo que también se conoce como "poner límites a la solidaridad" entre territorios. Madrid es primera comunidad en recursos por habitante, Baleares es la segunda y Catalunya es la tercera. Sin embargo Madrid es la séptima en financiación por habitante; Catalunya es la décima y Baleares ocupa el lugar décimo quinto, y se convierte en la comunidad que menos financiación por habitante recibe del sistema entre las 15 autonomías de régimen común, según los datos de la liquidación de 2019.

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