Negociación en curso

El Gobierno pagará a las empresas parte de la formación de trabajadores en erte covid

La Seguridad Social pretende condicionar la recepción de ayudas por parte de las empresas a que estas den planes de formación a sus trabajadores

El ministro José Luis Escrivá

El ministro José Luis Escrivá / JOSÉ LUIS ROCA

Gabriel Ubieto

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El Gobierno se compromete a pagar "gran parte" del coste de los programas de formación para trabajadores en erte covid; según confirman distintas fuentes del diálogo social. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, pretende hacer cambios de calado en actual sistema de ertes y considera que, en tanto que el erario público está realizando un esfuerzo considerable en recursos públicos para las empresas, estas deben poner de su parte. Actualmente 253.000 trabajadores -50.000 de ellos en Catalunya- siguen afectados, de manera total o parcial, por un expediente de este tipo y las actuales condiciones vencen el 30 de septiembre. 

El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal se encuentran de nuevo en plena espiral negociadora para tratar de pactar una nueva prórroga de los ertes. La principal novedad en el nuevo sistema de ertes que Escrivá quiere implantar desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero del 2022 es que si las empresas quieren acceder a exoneraciones de cuotas, deben dar a sus trabajadores cursos de formación a cambio. ¿Quién asumirá el coste de dicha formación? En "gran parte" el Estado, según explican desde el diálogo social. ¿Todo? Todo no, la idea es que la aportación pública sea mayoritaria, pero los porcentajes todavía no están definidos, de momento a las empresas se les exigirá una contribución y esta cuestión está siendo un eje de las negociaciones.

Los empresarios, reticentes a asumir nuevos costes laborales, se han mostrado de momento en contra de esta medida, por más que sea a cambio de recibir exoneraciones a las cotizaciones de la Seguridad Social de sus trabajadores y que sea el Estado quien esté dispuesto a asumir el grueso de esos gastos en formación. Este será uno de los puntos de fricción durante los próximos días de intensa actividad negociadora.

Según expuso el Gobierno en la última reunión de este martes, las empresas que actualmente están en erte y crean necesario seguir en el durante los próximos meses deberán volver a registrar un nuevo expediente. Y si quieren recibir ayudas públicas, deberán acudir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para ofertar a sus trabajadores alguno de los cursos allí contemplados. Los empleados tendrán tiempo entre el 1 de octubre y el 30 de junio del 2022 para realizar algún tipo de formación; según explicaron fuentes conocedoras de las negociaciones. No obstante, todo ello está siendo objeto de intenso debate y las condiciones finales pueden acabar cambiando.

Calendario apretado

El esquema que el Ejecutivo planteó a los agentes sociales era mantener el actual sistema de ertes, rebajando ligeramente las exoneraciones en algunos casos y exigiendo formación a la mayoría de afectados. Excepto en caso de erte por impedimento, aquel cierre puntual por decisión de la autoridad sanitaria, el resto de trabajadores en erte deberán hacer formación si las empresas quieren acceder a las ayudas públicas. Lo que incluiría a los ertes por limitación (ejemplo: un bar o un teatro con el aforo limitado) y los ertes para sectores ultraprotegidos (ejemplo: un hotel o una agencia de viajes). En este último caso, la lista de CNAE cubiertos se mantiene, según confirman desde el diálogo social.

La negociación continúa y el reloj aprieta, pues el último Consejo de Ministros ordinario es el próximo martes 28 de septiembre y el Gobierno deberá cerrar un acuerdo antes, convocar uno extraordinario antes de acabar el mes o legislar unilateralmente. Hasta ahora todas las prórrogas se han cerrado con acuerdo tripartito con patronal y sindicatos, aunque la mayoría han necesitado de Consejo de Ministros extraordinario y con el ok total en tiempo de descuento. La próxima reunión está prevista para el jueves por la mañana y cuestiones como los porcentajes de copago de la formación o las diferencias entre las condiciones para una empresa grande o una pequeña serán elementos troncales del debate.