La piqueta empieza a derribar el peaje de Vilassar de la C-32

Las excavadoras se convierten a menudo en símbolos de un cambio de ciclo. Porque derriban un edificio que representa un antiguo régimen, porque echan por tierra la escultura de un líder derrocado. O porque, como sucedió en el desalojo de Can Vies (Barcelona, 2014), ver la máquina en llamas puede convertirse en una victoria frente al sistema. Este lunes, la piqueta ha encarnado el fin de buena parte de los peajes en Catalunya al cebarse con las barreras instaladas en la C-32 (propiedad del Govern) a la altura de Vilassar. Ya no se paga, pero ahí sigue la infraestructura. Desde este lunes y hasta finales de octubre, las máquinas irán dando palazos para poco a poco ir dando continuidad a la autopista en este lento proceso de reconversión de dos de las vías rápidas catalanas (la otra es la AP-7, en manos del Estado).

El desmantelamiento de los peajes es el paso previo para tratar de normalizar la situación en las autopistas que el 1 de septiembre pasaron a ser gratuitas al finalizar las concesiones a empresas privadas. A la espera de que el Gobierno decida cómo financiarlas (debería alcanzarse un acuerdo antes de 2024 para cumplir con la normativa europea), estas carreteras pasarán a ser vías continuas, sin tropezones, como cualquier otra arteria secundaria. Se mantienen, eso sí, los peajes de la C-16 (el eje del Llobregat, que incluye las barreras de los túneles de Vallvidrera) y el de la C-32 en el Garraf. Ambas autopistas de pago son propiedad de la Generalitat. Para el resto, la idea es desmantelar toda la instalación para evitar los atascos registrados en las últimas semanas, en las que además ha coincidido la operación retorno de las vacaciones.

Sin camiones

Para tratar de suavizar la situación, Trànsit ha habilitado carriles adicionales en la AP-7 durante los fines de semana, tanto al norte (entre Santa Margarida i els Monjos y Martorell) como al sur (de Sant Celoni a la Roca del Vallès) de Barcelona, y se ha prohibido la circulación de camiones los domingos de septiembre por la tarde, entre las 17 y las 22 horas, entre Maçanet y L'Hospitalet de L'Infant. En los peajes, la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Todo esto ha causado colas kilométricas, que bien pueden ser achacadas al fin del peaje pero no ha sido menos engorroso, por citar un ejemplo, el accidente sucedido a la altura de La Roca en la AP-7 el domingo 12 de septiembre que obligó a desplazar un helicóptero medicalizado que cortó la autopista. Las medidas tomadas por Trànsit y el hecho de que los conductores se hayan ido acostumbrando a la situación rebajó mucho los problemas el pasado fin de semana, con retenciones de poco más de siete kilómetros.

Para llevar a cabo la labor de desmantelamiento de los peajes, Gobierno y Generalitat tienen prevista una inversión superior a los 30 millones de euros. El Govern anunció el 31 de agosto una inversión de 8,4 millones en la adjudicación del mantenimiento de la C-32 y la C-33, ambas liberadas de peaje. Las empresas ganadoras del concurso, se encargarán de tener las vías a buen recaudo y también recae en su responsabilidad el derribo de las barreras. En total, son 38 playas (instalaciones) de peaje en la C-32 norte, a las que hay que añadir el peaje troncal de la C-33, vía que conecta Barcelona con la AP-7, o viceversa. En el caso del Gobierno, la inversión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está algo por encima de los 26 millones de euros. Este dinero permitirá eliminar 48 puntos de pago de la AP-7 entre Salou y la Jonquera y de la AP-2, que conecta Aragó con El Vendrell.