Cloacas policiales

La Abogacía del Estado se retira de la acusación de la pieza de Iberdrola del caso Villarejo

  • Anuncia que volverá a personarse si aparecen indicios de perjuicio para el Estado

Sede de Iberdrola en Madrid.

Sede de Iberdrola en Madrid. / AFP / ANDRES KUDOCKI

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Á. V. / J. G. A.

La Abogacía del Estado ha decidido apartarse de la pieza relativa a Iberdrola del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales y el principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo. En un escueto escrito, al que tenido acceso este diario, la abogada del Estado responsable de Penal, Rosa María Seoane, afirma que no advierte legitimación para justificar su personación dados los delitos investigados. No obstante, advierte de su intención de volver a participar en el procedimiento si aparecen indicios de un perjuicio para el Estado.

En esta pieza se investigan "los sucesivos encargos que el Grupo Iberdrola hizo a Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en la Policía", hechos que pueden "ser constitutivos de delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil". En ella están imputados el propio Villarejo y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por contratar los servicios del primero para presuntamente espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

Además, a petición de Anticorrupción también figuran como investigados el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; el director general de negocios de la eléctrica Francisco Martínez Córcoles y el exjefe del gabinete de presidencia Rafael Orbegozo.

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Tres trabajos

Los trabajos bajo la lupa judicial son los Iberdrola encargó desde 2004 a 2017 a Cenyt, buque insignia del entramado empresarial de Villarejo. Unos encargos que se hicieron a través del entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, con carácter confidencial. Uno se refiere al llamado proyecto Arrow, por la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz); y otro es el denominado Black Board, desarrollado entre 2004 y 2005, y presuntamente se destinaba a conocer actividades de Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa. El tercero, Posy, se centró en investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.