A puerta cerrada

El Supremo revisa este jueves la remisión a Alemania de la causa contra Volkswagen por el 'dieselgate'

Es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre la decisión de un juez de remitir una causa a otro país

Facua recurrió a favor de Alemania la inhibición del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno

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dieselgate / periodico

Ángeles Vázquez

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Cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo revisarán este jueves una decisión nada común en el derecho español. Se trata de la que adoptó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en noviembre de 2018 al inhibirse a favor de Alemania para que también se investigara en ese país la causa abierta en España por el 'dieselgate', a raíz de una denuncia presentada por la presunta instalación de un programa informático en miles de vehículos para cambiar los resultados de las emisiones contaminantes.

Gracias a este procedimiento, Miguel Colmenero, como presidente, y Susana Polo, Javier Hernández, Pablo Llarena y Ana Ferrer, que será la ponente de la resolución que dicten, serán los primeros magistrados del alto tribunal en pronunciarse sobre una inhibición de un juez español al extranjero para investigar y juzgar unos hechos, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso este diario.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 decidió remitir las actuaciones a Alemania, a propuesta de la fiscalía, que hizo suyo así el criterio expresado por el ministerio público de Braunschweing, en el Estado alemán de Baja Sajonia, relativo a que todas las investigaciones judiciales por el ‘dieselgate’ repartidas por el mundo se concentraran en Alemania en un único proceso. Además, ese procedimiento estaba más avanzado que el abierto en la Audiencia Nacional.

Oposición de los perjudicados

La decisión disgustó a los perjudicados y fue recurrida por Facua, que considera que la salida del procedimiento de España y su tramitación en Alemania, cuando se ignoran los hechos concretos investigados en ese país, limita el derecho a la tutela judicial efectiva y al resarcimiento de los daños causados de los afectados, por ser más difícil en la práctica poder actuar en un procedimiento seguido en aquel país. La organización de consumidores argumenta que en este procedimiento ni siquiera están personadas todas las víctimas, los 723.832 propietarios de vehículos afectados por el fraude de las emisiones.

Además, advierte de que no se han detallado las consecuencias del traslado para los perjudicados personados en la causa, de los que cerca de 7.000 son representados por la asociación, y se desconoce la posibilidad y viabilidad de que los afectados puedan ejercer los derechos reconocidos por el Estatuto de la víctima del delito, que reconoce el derecho a tener acceso a las resoluciones que resulten relevantes traducidas al español y acceder a una indemnización en caso de que se proceda a la condena de la compañía. En este sentido, señala que la fiscalía alemana ya sancionó al grupo Volkswagen con una multa de 1.000 millones de euros, lo que, según Facua, puede impedir abrir otro procedimiento contra la compañía, pese a que aquella no entró a valorar si se produjeron conductas ilícitas o no.