Ahora en 950 euros
La patronal calcula que subir el SMI a 1.000 euros en el 2022 frenaría la creación de hasta 130.000 empleos
Cepyme y la consultora Randstad elaboran un informe que señala a la hostelería y el comercio como los sectores más afectados
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El debate sobre la subida del salario mínimo continúa, la decisión por parte del Gobierno todavía no está tomada y la patronal se mantiene en su postura de que ahora no es el momento de asumir nuevos incrementos. Y este martes ha puesto datos sobre la mesa para argumentar su postura. Según un estudio elaborado entre Cepyme -la patronal de las pequeñas y medianas empresas- y la consultora y ETT Randstad, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros a partir del 2022 podría frenar la creación de entre 60.000 y 130.000 empleos. Ahora está en 950 euros y afecta directamente a 1,5 millones de trabajadores.
Así se desprende del informe que han hecho público los empresarios, un documento de 17 páginas que dedica cuatro de ellas a analizar el impacto de una hipotética subida del salario mínimo en la evolución de la ocupación. Sus cálculos reproducen para el 2022 la conclusión a la que llegó el Banco de España cuando analizaró la subida del SMI en el 2019. Entonces el Gobierno subió ese indicador a 900 euros brutos (en 14 pagas). En dicho estudio el Banco de España determinó que el mercado laboral español experimentó un coste de oportunidad (se dejaron de crear, no se destruyeron) de entre el 0,6% y el 1,1% de la población asalariada. Y esa horquilla la trasladan Cepyme y Randstad a este 2020, lo que les da esos hasta 130.000 empleos.
Los responsables del cálculo infieren el mismo efecto sobre el empleo para una subida del 5,2%, que es la que resultaría de pasar de 950 euros a 1.000 euros; que para una del 22%, que fue la aplicada en el 2019, cuando se paso de 735 euros a 900 euros. Y en un contexto diferente, pues hace dos años el mercado laboral estaba en desaceleración tras un lustro de incrementos y actualmente está en fase expansiva, tras la fuerte sacudida provocada por el covid en la primavera del 2020. “Como consecuencia, una subida como la prevista tendrá inevitables consecuencias negativas sobre el empleo”, reconocen los autores del estudio.
Hostelería y comercio, los más afectados
El estudio identifica como más afectados los sectores de la hostelería y el comercio, donde según el mismo se acumularían la mitad de esos empleos dejados de crear. Actualmente el mercado laboral español ha recuperado los niveles de empleo del verano del 2019, pero hay sectores que todavía no. La restauración, por ejemplo, todavía arrastra 104.060 ocupados menos y la hotelería otros 53.940; según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social. En el comercio, sumando las firmas dedicadas al por menor y las del por mayor, todavía hay 12.092 ocupados menos que en el 2019.
También realiza un análisis diferenciado por comunidades autónomas y alerta que el peso del salario mínimo en proporción a los salarios medios cada vez es mayor en determinados territorios. Concretamente, un SMI de 1.000 euros quedaría por encima del 60% del salario medio en 12 comunidades españolas, y por encima del 73% en dos de ellas. Solo quedarían fuera de ese umbral del 60% (el objetivo del Gobierno para el 2023) la Comunidad de Madrid (48%), País Vasco (50,3%), Navarra (53,3%), Catalunya (56,4%) y Asturias (57,3%). En estas los salarios son, de media, más altos y el SMI no tiene tanta cobertura.
La clave está en el 2022
Cepyme no ha señalado a esos hipotéticos 1.000 euros de salario mínimo para el 2022 por casualidad. Dicha cifra es la que reivindican los sindicatos y sobre la que han estado conversando con el Ministerio de Trabajo durante el pasado fin de semana; según confirman fuentes de los mismos. El problema para ellos es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no asume como propia esa cifra. La falta de apoyo por parte del PSOE para hacer de dicha cuantía una posición común dentro del Ejecutivo es decisiva. No en vano, este pasado lunes la líder de Unidas Podemos dentro del Gobierno señalaba abiertamente a sus socios. "La decisión no está en esta parte de la coalición [en Unidas Podemos], está ahora mismo en la parte mayoritaria del Gobierno [PSOE]", afirmó.
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