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Bruselas ordena a Roma recuperar 900 millones en ayudas ilegales a Alitalia

Sin embargo, concluye que Italia Trasporto Aereo (ITA) no es “sucesora económica” de la aerolínea y que la inyección de capital de 1.350 millones es legal

Aviones de Alitalia en el aeropuerto milanés de Malpensa, el jueves.

Aviones de Alitalia en el aeropuerto milanés de Malpensa, el jueves. / AFP / GIUSEPPE CACCACE

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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Una de cal y otra de arena. Tras una larga investigación, la Comisión Europea ha concluido que los dos préstamos por valor de 900 millones de euros concedidos por el Gobierno italiano a la aerolínea Alitalia en 2017 son ilegales y que el Estado italiano tiene que recuperar el dinero más los intereses. Pese a este revés para las autoridades italianas. Según Bruselas, los subsidios públicos dieron a la compañía de bandera italiana una “ventaja injusta sobre sus competidores” vulnerando las reglas sobre ayudas de estado. “Tienen que ser recuperadas por Italia para ayudar a restaurar la competencia en la industria de la aviación europea”, ha explicado la vicepresidenta y responsable de competencia, Margrethe Vestager.

Dado que la aerolínea ha quebrado -se encuentra bajo el régimen de administración extraordinaria previsto por la ley italiana sobre quiebras- y ha anunciado que deja de volar desde mediados de octubre es poco probable que pueda producirse la recuperación de la ayuda. En todo caso, la Comisión Europea también ha concluido este viernes en una investigación paralela que la nueva aerolínea Italia Trasporto Aereo (ITA), creada por Italia el año pasado, no es “sucesora económica” de Alitalia y que por tanto no tendrá devolver las subvenciones declaradas ilegales dado que no sería justo que tuviera que pagar la deuda, opinan en el Ejecutivo comunitario. 

La investigación también ha determinado que las inyecciones de capital por valor de 1.350 millones de euros en los próximos tres años (700 millones por año) que recibirá la nueva empresa son conformes a las condiciones de mercado y que, por tanto, no constituyen una ayuda pública. “Italia ha demostrado que existe una separación clara entre Alitalia y la nueva compañía aérea ITA y que su inversión en ITA es conforme con las condiciones que un inversor privado habría aceptado”, ha destacado Vestager sobre la nueva compañía de transporte aéreo fundada en 2020 y que se quedará con una parte de los activos y los derechos de vuelo de Alitalia.

"Discontinuidad económica"

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Según ha recordado Bruselas, las reglas en materia de ayudas de Estado prevén que una nueva empresa que adquiere parte de los activos de otra empresa no es responsable de reembolsar las ayudas anteriores percibidas por la misma siempre y cuando las dos sociedades sean “suficientemente diferentes” y haya una “discontinuidad económica”. La investigación del Ejecutivo comunitario ha concluido que en base al plan presentado por el Gobierno italiano sobre la nueva empresa existe una “discontinuidad económica” por lo que no tendrá que reembolsar los dos préstamos de 900 millones (más intereses) reclamados. 

En el caso de Alitalia, la Comisión Europea abrió una investigación formal el 23 de abril de 2018 tras varias quejas presentadas por otras aerolíneas competidoras y los préstamos notificados por las autoridades italianas. De acuerdo con las reglas de la UE, las intervenciones de las autoridades públicas en favor de empresas pudiesen no considerarse ayudas públicas cuando el Estado no actúa como autoridad pública sino inversor. La investigación de los servicios de la competencia europeos ha concluido que Italia no actuó como lo habría hecho un inversor porque no realizó una evaluación previa sobre la probabilidad de que Alitalia reembolsase los préstamos. Es más, según la apreciación del Ejecutivo comunitario sobre las declaraciones financieras de la Alitalia era “poco probable” que la compañía fuera capaz de generar suficiente liquidez como para devolver los préstamos a tiempo. Por tanto, “ningún inversor privado habría habría concedido préstamos a la empresa en aquella época”, concluye Bruselas.