La recuperación económica se sustenta sobre empleo más precario

La recuperación del empleo que vienen ratificando los datos de afiliación a la Seguridad Social durante los últimos meses se sustentan sobre precarios cimientos. Los nuevos trabajadores, ya sea porque se reincorporan de un erte o porque acaban de firmar su contrato, tienen peores condiciones laborales que la de aquellos que operaban hasta ahora y cobran salarios más bajos. Así lo constata el índice armonizado de costes laborales publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una caída del pago por hora trabajada del 3,8% durante el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior; la mayor caída de este indicador en los últimos cuatro años.

Hasta ahora las encuestas de costes laborales que trimestralmente va publicando el INE venían muy sesgadas por el efecto de los ertes. Pues estas miden cuanto dinero dedican las empresas para emplear a sus trabajadores, entre salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, y cuando los empleados están en erte las compañías dejan de pagar un porcentaje muy elevado de las cotizaciones y la integridad del salario. No obstante, en el segundo trimestre de este año la incidencia de los ertes es ya reducida, con un número mucho menor de afectados que en la primavera del 2020. Por ejemplo, el 1 de mayo del 2020 había 2,9 millones de trabajadores en erte en toda España; mientras que el mismo día del año siguiente dicha cifra era de 625.998 trabajadores afectados.

El propio INE reconoce en su nota de prensa que "ha habido una menor incidencia de los ERTE en todas las actividades económicas". Y justifica la intensa caída de los costes laborales debido a que "las horas efectivamente trabajadas han aumentado más que los costes en todas las actividades económicas que estaban más afectadas, por lo que el coste por hora trabajada ha disminuido". Los sectores donde más ha caído el coste laboral -mayormente salarios- son la hostelería (-15,4%), las actividades artísticas (-13,3%) y las industrias extractivas (-12%); sectores con una elevada destrucción de empleo al inicio de la crisis y una sostenida recuperación durante los últimos meses. La caída ha sido generalizada, salvándose únicamente de la misma las actividades financieras (con un incremento del 6,3% y marcado este por la espiral de eres en las que se encuentra el sector), la información y telecomunicaciones (-1,5%) y las actividades administrativas (0,3%).

Temporalidad otra vez al alza

Los datos de costes laborales son coherentes con el característico efecto acordeón que permiten trazar los datos de Seguridad Social sobre el mercado laboral. Ante las crisis, con especial intensidad en esta última, las empresas reaccionan a la contracción del PIB con el despido de los trabajadores temporales, más precarios y con salarios más bajos; lo que sube el la media de los salarios al purgar a las capas peor pagadas. Y luego la recuperación se hace reincorporando a trabajadores de esas características: mal pagados y con condiciones peores que los que se quedaron. Los datos de contratación así lo avalan, con un dominio absoluto de la temporalidad (9 de cada 10 contratos firmados) y con cifras similares a los de época precovid. Según los últimos datos disponibles del SEPE, referentes al mes de agosto, en los primeros ocho meses del 2021, se han firmado 11,8 millones de contratos, casi dos millones más que en el mismo periodo del año anterior.  

En términos absolutos España ya ha recuperado los niveles de empleo previos a la crisis, aunque esos datos agregados esconden heridas todavía presentes del mazazo covid. Pues en sanidad, educación, administración pública y servicios sociales hay actualmente 271.000 ocupados más que antes de la crisis y no es descartable que parte de dicha contratación, una vez superada la emergencia, se extinga. Y, por el contrario, de sectores severamente afectados por la pandemia, como la restauración, la hotelería, el comercio y las agencias de viajes todavía faltan por recuperar unos 220.000 empleos. A lo que debe sumarse la incertidumbre de qué pasará con esos 536.000 trabajadores en erte o autónomos en cobro de ayudas extraordinarias que seguían en dicha situación a finales de agosto. Y si acabarán en paro o podrán reincorporarse a la actividad.

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