Protesta en Barcelona

La plataforma contra la ampliación del aeropuerto llama a la movilización masiva el 19 de septiembre

Los organizadores esperan que participen más de 300 organizaciones ecologistas y sociales contrarias al proyecto de Aena

Un avión despega sobrevolando la zona de la Ricarda

Un avión despega sobrevolando la zona de la Ricarda / JORDI COTRINA

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Los detractores de la ampliación del aeropuerto de Barcelona medirán sus fuerzas el próximo 19 de septiembre en la capital catalana. Más de 300 organizaciones ecologistas, agrícolas y sociales participaran en una concentración convocada al mediodía en la calle Tarragona, entre la estación de Sants y la plaza de España, a la que esperan que se sumen varias columnas de manifestantes llegadas desde varios puntos de la ciudad. La protesta coincidirá con otras manifestaciones convocadas ese mismo domingo en Madrid y Palma de Mallorca para oponerse a la ampliación de las grandes infraestructuras españolas. Preguntada por la asistencia de miembros del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, no ha confirmado quién acudirá, pero ha dicho que no le sorprendería que hubiese 'consellers' en la protesta.

Los representantes de la plataforma esgrimieron el martes que el proyecto de Aena para aumentar el volumen de pasajeros y abrir el aeropuerto a los vuelos intercontinentales choca frontalmente con los compromisos climáticos adquiridos por las distintas administraciones públicas y pone en peligro el menguante ecosistema del delta del Llobregat, que perdería parte de su territorio para dejar paso a la extensión de la tercera pista de El Prat. "Este proyecto es un despropósito descomunal”, ha afirmado María García, portavoz de Zeroport, una organización que se opone a la ampliación de las grandes infraestructuras. “Solo se explica por una operación especulativa de Aena, que quiere solucionar sus problemas internos contables. Aquí hay una operación de pelotazo financiero y especulativo que no podemos permitir". 

En el debate chocan los beneficios económicos que la ampliación podría comportar, con una inversión que podría rondar los 1.700 millones de euros y la promesa de decenas de miles de empleos, con el incremento de las emisiones que comportará el aumento del tráfico aéreo y el nuevo balón de oxígeno que el proyecto aportaría a un modelo económico que sus detractores califican de “injusto y agotado”. Que buena parte del debate se haya centrado en la suerte que correrá La Ricarda, una laguna de interés medioambiental, no es a su juicio más que un intento de ofuscar los dilemas de fondo que implica la ampliación.  

"Defender La Ricarda es crucial. Pero el debate no es Ricarda sí o Ricarda no. El problema es el modelo económico, ambiental y de movilidad, basado en el turismo masivo y en el tocho”, ha afirmado la portavoz del Sindicato de Inquilinos, Carme Arcarazo. “Con este modelo solo ganan unos pocos, los accionistas de Aena y las élites, y pierden Barcelona, los trabajadores y el clima". 

Fecha límite del Gobierno

La concentración se producirá solo nueve días antes del 30 de septiembre, la fecha que se límite que se ha fijado el Gobierno para aprobar el plan de inversiones de la ampliación, que incluye la construcción de una terminal satélite y la extensión de la tercera pista. Este mismo jueves, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, visitará junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su colega de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, las zonas afectadas por el proyecto de ampliación. “Los representantes políticos tenemos la obligación de conocer de primera mano el territorio para plantear propuestas de futuro", ha escrito Díaz en las redes sociales. 

Para los detractores del plan de Aena “la opacidad” ha marcado la forma en que los gobiernos central y catalán han planteado el proyecto. “No se ha presentado una justificación técnica, social, ambiental, económica y financiera”, dijo García. Y aunque el entendimiento entre ambos Ejecutivos en este ámbito podría sugerir que la suerte de la ampliación está echada, los ecologistas se niegan a dar la batalla por perdida. “Si los Ayuntamientos implicados se oponen de forma radical, ya puede venir Aena, el Gobierno español o la Generalitat que esto se para”, añadió García con convicción.