Claves de la nueva ley del aceite: Más virgen y extra

Nueva normativa para el aceite de oliva español y esperanzas a que su calidad aumente en los próximos meses. El Gobierno, consciente de que las multas impuestas en los últimos años no han tenido efecto en la mejora de los resultados de los análisis de supervisión de los laboratorios de consumo, ha decidido atajar la situación con un marco legal más estricto que ha entrado en vigor esta semana pasada. Los análisis de consumo han detectado en los últimos años un fraude importante en torno al aceite de oliva. El 40% del aceite de oliva virgen extra que se comercializa en España ni es virgen y ni es extra. En ocasiones es un producto fruto de manipulaciones y mezclas que indigna al laureado producto y rebaja su calidad a niveles de lampante, categoría por la que se conoce un producto oleico destinado a complemento industrial más que a paladares exigentes. 

Ni productores, ni envasadores, ni las empresas de distribución podrán poner excusas a partir de ahora a la merma de calidad de lo vendido con el argumento de falta de medios de supervisión. El objetivo del Gobierno es dotar al aceite de oliva virgen extra del marco legal adecuado para asegurar los atributos de calidad que se le suponen y encumbrarlo a uno de los estandartes de la oferta gastronómica española. Aceites italianos, por ejemplo, han gozado y de manera merecida, el prestigio de mejores aceites vírgenes en el pasado, pese a elaborarse habitualmente con materia prima procedente de España. 

Dos son los elementos fundamentales del nuevo marco legal. El principal es la prohibición de mezclar producciones de distintas cosechas para mejorar el aceite más antiguo. El segundo incrementar las inspecciones. El nuevo marco legal afectará especialmente "a las personas físicas o jurídicas que participen en cualquiera de las etapas de la producción y comercialización de los aceites de oliva y de orujo de oliva, incluyendo por tanto a los centros de compra de aceituna, las cooperativas o las almazaras móviles", especifica el BOE. En el campo español, la nueva normativa ha sido recibida con cierta frialdad, quizá porque tiende a controlar más a los productores y envasadores que la comercialización, sin dotar de más recursos a los agricultores.

No a la mezcla

El capítulo de las prohibiciones es el más interesante y ofrece pistas de lo que ha sido hasta ahora la producción de aceite en España, en el que se ha maltratado la materia prima más de lo debido. La principal prohibición es la mezcla de aceites de oliva y de orujo de oliva con otros aceites o grasas de origen vegetal. Un aceite mezclado no puede ser denominado jamás virgen, y menos virgen extra. Cualquier aceite procesado no puede llevar esa denominación comercial. 

Una prohibición clave es que los aceites puedan llegar a calificarse con una categoría superior a la del aceite de menor categoría utilizado en el envasado. Y de manera paralela se prohíbe que las almazaras reciban o procesen orujos procedentes de otras almazaras, práctica que suponía el descontrol de la trazabilidad. 

Nuevos controles

Además de lógicas exigencias de seguimiento del producto desde la recogida de la oliva a su prensado y envasado, en la nueva normativa se especifican tres controles que ante la baja calidad media de los últimos años se supone que no se estaban aplicando de manera generalizada. La principal exigencia es que los aceites de oliva "cumplan las características fisicoquímicas y organolépticas establecidas en las normas de la Unión Europea que regulan esta materia". Un segundo punto establece que "el aceite de oliva lampante deberá ser sometido a refinación previa para ser destinado a uso alimentario". Vender como virgen extra un simple aceite lampante es más habitual de lo que se pensaba. En tercer lugar se exige que "los aceites de oliva y de orujo de oliva deben estar siempre protegidos de condiciones ambientales adversas que puedan alterar sus características fisicoquímicas y organolépticas y por tanto se debe garantizar que se almacenarán, transportarán y comercializarán al abrigo de la luz y el calor".

Recentrifugación vetada

Desde un punto de vista más técnico, el nuevo marco legal establece que en las almazaras se prohíba "la recentrifugación en proceso no continuo de las masas procedentes de los sistemas de obtención de aceite de oliva virgen, para evitar su fermentación". Las autoridades competentes de control oficial realizarán al menos un control de conformidad por cada mil toneladas de aceite de oliva y de orujo de oliva comercializado a fin de verificar sus características de calidad según lo establecido en el reglamento. 

Código de buenas prácticas

Otro de los puntos claves para la exitosa aplicación del marco legal es que los actores principales del sector se comprometan para el cumplimiento de la normativa. Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Consumo, las asociaciones representativas de ámbito nacional del sector productor, de la industria y de la distribución, y el Consejo de Consumidores y Usuarios, acordarán un código de buenas prácticas antes del 1 de octubre de 2022, "que permita la mejora de la percepción por los consumidores de la calidad del aceite de oliva virgen extra, promoviendo estrategias para su diferenciación y valorización, incluyendo el uso de envases y formas de presentación que permitan diferenciarlo de los aceites de otras categorías".

España, líder mundial

España es el principal elaborador y exportador de aceite de oliva del mundo. Cuenta con más de 2,75 millones de hectáreas de olivar, que suponen el 15,1% de las tierras de cultivo y el 10,1% de la superficie agraria útil; con presencia en 15 de las 17 comunidades autónomas. Es un cultivo que tiene un fuerte componente social, territorial y paisajístico, sobre todo, el olivar tradicional. Precisamente, el 60% de la superficie de cultivo de olivar es tradicional, cuyas características son el olivar de alta pendiente (21%) y de bajo rendimiento (42%). Por ello, los costes de producción son muy variables según la ubicación de las explotaciones. De ahí, que su estructura empresarial esté muy ligada al medio rural, que genera más de 32 millones de jornales por campaña.

Más de 350.000 agricultores se dedican al cultivo del olivar; producción que ha generado un importante tejido industrial en zonas rurales, con 1.831 almazaras, 1.763 envasadoras y 63 orujeras, que mantiene unos 15.000 empleos en la industria. El aceite de oliva es el tercer producto agroalimentario más exportado por España, a más de 150 países de destino, con un valor de más de 2.800 millones de euros anuales y una balanza comercial favorable que contribuye al saldo positivo del conjunto del sector agroalimentario.

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