Política fiscal

Catalunya es la comunidad autónoma con más impuestos, salvo País Vasco y Navarra

El anuncio de eliminación de impuestos de Madrid reabre la polémica del dúmping fiscal y los efectos del ultraliberalismo

Isabel Díaz Ayuso durante el discurso de su investidura celebrada en la Real Casa de Correos.

Isabel Díaz Ayuso durante el discurso de su investidura celebrada en la Real Casa de Correos. / EFE / ZIPI

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Las comunidades autónomas del régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) gestionan este año 78 impuestos propios y recargos sobre tributos estatales, con Catalunya a la cabeza, que cuenta con un total de 15 figuras impositivas, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Todas las autonomías tienen actualmente tributos propios, pero esto podría cambiar en un futuro próximo, ya que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que tiene intención de eliminar los tres únicos impuestos que gestiona. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles pasado que su Gobierno eliminará los dos impuestos propios con los que cuenta la región, convirtiendo a Madrid en la primera comunidad autónoma de régimen común en suprimir estas figuras impositivas. La medida, en concreto, afectará al tributo sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y al impuesto sobre depósito de residuos. Para ello, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso va a iniciar la tramitación de una reforma legislativa que, de ser aprobada en la Asamblea madrileña, convertirá a Madrid en la única autonomía en España sin impuestos propios y también dejará de ingresar 3,4 millones de euros al año. Por el contrario, Catalunya es la comunidad autónoma con más impuestos propios. Tiene un total de trece, han asegurado a Efe fuentes del departamento de Economía de la Generalitat (la diferencia con respecto a los quince registrados por el Ministerio de Hacienda se debe a que contabilizan de forma conjunta varios cánones). La decisión de Madrid reabre el debate sobre el dúmping fiscal y los efectos del ultraliberalismo.

La gestión de impuestos es un elemento fundamental para la independencia en la gestión política de un territorio, además de ser un instrumento básico en la redistribución de la riqueza. De esta manera, un determinado territorio puede disponer con una elevada recaudación de impuestos propios de recursos para solventar problemas sociales o de marginación social que no pueden ser abordados desde otras esferas de la administración pública. Sin impuestos gestionados no es posible delimitar el crecimiento de determinadas actividades con respecto a otras comunidades autónomas. Al eliminar los impuestos a máquinas recreativas o al depósito de residuos, por ejemplo, se está invitando a las empresas del sector a instalarse más en Madrid que en otros territorios. El dúmping impositivo puede atraer más actividad económica, pero si no es selectivo puede conducir a un crecimiento económico desequilibrado y cuya desregulación conduzca a la larga a problemas estructurales imprevistos.

Según la Generalitat, el año pasado estas figuras impositivas -entonces eran doce activos- reportaron un total de 137,3 millones de euros en términos de recaudación. De hecho, hace unos días la Generalitat abrió el plazo para pagar un nuevo impuesto, el que cobrará por la emisiones de CO2 de los vehículos. Además de este nueva figura impositiva, Catalunya cuenta con impuestos a los grandes establecimientos comerciales, a las viviendas vacías, a la estancias en establecimientos turísticos, a los activos no productivos de las personas jurídicas -el llamado impuesto a los bienes de lujo- o a las bebidas azucaradas envasadas.

También existen impuestos que gravan la emisión de gases emitidos a la atmósfera por la industria, las emisiones producidas por la aviación comercial, las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y el listado también incluye un gravamen de protección civil, un canon del agua y cánones sobre residuos. En los últimos años la Generalitat ha justificado la creación de estos impuestos por la insuficiencia del sistema de financiación y, en el caso de los de carácter medioambiental, para combatir las externalidades negativas creadas por algunas actividades o industrias.

Según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la siguiente comunidad con más tributos propios es Andalucía, con ocho impuestos, aunque algunos de ellos no tienen efecto en la actualidad. El Gobierno andaluz ha señalado que en 2020 recaudó 145 millones de euros con esas figuras impositivas. Murcia mantiene seis impuestos propios: tres medioambientales (sobre emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, sobre vertidos a las aguas litorales y sobre almacenamiento o depósito de residuos), uno sobre los premios del bingo, el recargo sobre el de actividades económicas y el canon de saneamiento, cuya recaudación conjunta alcanzó en 2020 los 55,9 millones de euros. Galicia cuenta en 2021 con seis tributos propios, con los que el pasado año sumó una recaudación de poco más de 80 millones de euros. Igualmente, Asturias tiene seis figuras impositivas propias, con las que recaudó en 2020 algo más de 118 millones de euros. Aragón mantiene cinco impuestos propios, todos ellos medioambientales -sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, las grandes áreas de venta, las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada y sobre la contaminación de las aguas- con los recauda, en situaciones de normalidad, en torno a cien millones de euros. También gestiona cinco tributos propios Extremadura, con los que en 2020 recaudó casi 115 millones de euros. Canarias igualmente dispone de cinco impuestos propios, tres de ellos (el Impuesto General Indirecto Canario; el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de las Mercancías, y el impuesto de matriculación) pertenecen al bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

En cuanto a lo recaudado, los datos cerrados que dispone la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias son de 2019, año en el que recaudó 2.210 millones de euros, de lo que 1.585 corresponden al Impuesto General Indirecto Canario, que sustituye al IVA. La Comunitat Valenciana tiene cuatro impuestos propios, dos de los cuales los cobra directamente la Generalitat, uno lo cobra la empresa de saneamiento de aguas, y otro está aprobado pero aún no se aplica.

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Baleares tiene cuatro impuestos autonómicos, de los que sólo se aplican actualmente dos: el impuesto sobre estancias turísticas, que grava las pernoctaciones vacacionales en las islas, y el canon de saneamiento de aguas residuales. El Govern balear recaudó con estos gravámenes el año pasado 36,8 y 78 millones de euros, respectivamente, cantidades distorsionadas por la crisis de la pandemia de la covid, ya que en 2019 la recaudación del impuesto turístico fue de 131 millones de euros y la del canon de depuración de aguas de 85,7 millones.

La Rioja tiene tres impuestos propios, con los que en 2020 sumó una recaudación de algo más de doce millones de euros. En Cantabria se aplican actualmente dos impuestos propios, por lo que se recaudaron en 2020 unos 27 millones de euros. En Castilla-La Mancha existen dos impuestos propios, el Impuesto de Actividades que Inciden en el Medio Ambiente, con el que en 2020 se recaudaron 256.459 euros, y el canon eólico, que permitió ingresar casi ocho millones de euros en las arcas públicas el año pasado, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo regional. La Junta de Castilla y León, por su parte, no se plantea seguir los pasos de Madrid y eliminar sus impuestos propios vigentes -de carácter medioambiental que principalmente pagan las eléctricas. En la actualidad, Castilla y León ingresa casi 63 millones de euros con el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, y otros 7,6 millones con el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, según los últimos datos aportados a EFE por la Junta. 

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