El Govern quiere todas las autopistas sin barreras en 2023 con otra forma de pago del peaje

El Govern de la Generalitat ha reclamado al Gobierno el rescate por parte del Estado de todas las autopistas de peaje existentes en Catalunya y el traspaso de la gestión de toda la red de carreteras en un plazo de dos años. La gratuidad a partir de este 1 de septiembre de la AP-7 entre Tarragona y la Jonquera; la AP-2 de Zaragoza a El Vendrell; el tramo entre El Papiol y Montmeló; la C-32 (de Barcelona a Lloret de Mar) y la C-33 (de Barcelona a Montmeló) abre según el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, el fin del «expolio» y del «agravio comparativo» con el resto de España y que se acabe seguir pagando de la misma manera por infraestructuras «que los catalanes hemos pagado de sobras». 

El Govern propone que en dos años todas las carreteras catalanas estén exentas de barreras y se agrupen bajo un solo modelo de financiación del mantenimiento. «Los peajes no volverán, si es por el Gobierno de Catalunya», aseguró Puigneró, que defendió «una forma de financiación diferente», sin especificar, y reclamó la gestión completa de las autopistas y carreteras del Estado, al igual que el ferrocarril.

 Puigneró no aclaró durante una presentación ante la prensa el modelo que debería asumirse en el futuro para financiar los costes de mantenimiento de las carreteras, ya que ese modelo depende del proyecto que elabora el Gobierno, dijo, pero aseguró que defenderá para Catalunya lo que plantea la directiva europea, que aconseja el pago por uso y que quien contamina más, pague también más. 

El anuncio podría ser interpretado como un paso atrás en la propuesta inicial de establecer el denominado pago por viñeta en el futuro, aunque Puigneró puntualizó que el Govern está abierto a cualquier posibilidad técnica que se plantee en el marco de esa directiva europea y el principio de no discriminación de Catalunya con respecto al resto del Estado.

Nuevo sistema de peajes

Para Puigneró, la propuesta es coherente con las indicaciones que hizo en consenso una resolución del Parlament en el 2018 «compatible con una eventual implantación futura o simultánea en otros territorios del Estado» y «conforme con la normativa de la UE» en términos de tarificación, forma de gestión, tratamiento transitorio de los contratos preexistentes, déficits y deuda pública. El objetivo final de suprimir peajes debería ser mejorar el tráfico en su conjunto reduciendo la contaminación y la congestión de las carreteras más lentas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara un nuevo modelo de financiación de las autopistas que entraría en funcionamiento en el 2024 y que está recogido en el plan de recuperación tras la pandemia del covid-19, con las reformas e inversiones previstas para aprovechar los 140.000 millones de euros que le corresponden a España de los fondos europeos ‘Next Generation’ hasta 2026. «No sabemos que modelo quiere aplicar el Gobierno español, pero el Govern de la Generalitat está dispuesto a asumir competencias incómodas como las carreteras, como ya hizo con las prisiones», explicó Puigneró. 

Costes de mantenimiento

Durante dos años, los presupuestos de la Generalitat asumirán los costes de mantenimiento de las autopistas rescatadas este 1 de septiembre, coste que el Govern considera «asumible» y que asciende a unos seis millones anuales, unos 7,5 millones para eliminar los restos de infraestructuras de peajes y otros 15 millones de euros cada cinco años en mantenimientos de tipo extraordinario, según afirmó Ricard Font, secretario general de la vicepresidencia. 

Rescate total, incluidos los túneles de Vallvidrera y del Cadí

Quedan cuatro peajes en Catalunya en concesiones que acaban entre el 2036 y el 2039. La propuesta del Govern es que con el nuevo modelo de financiación estatal o la transferencia de la gestión a Catalunya se rescaten esas vías como se hizo en el caso de las autopistas madrileñas y que costó en torno a 3.000 millones. El Govern calcula que el rescate de la C-16 túneles de Vallvidrera; C-16 Autopista de Montserrat de Sant Cugat a Manresa; C-32 Pau Casals, de Castelldefels a El Vendrell; y los túneles del Cadí, supondría unos 1.500 millones para el Estado.

Peaje

Queda por discernir el modelo que se aplicará en España tras este periodo transitorio hasta el 2024 en el que las autopistas libres de peajes se financiarán con presupuestos autonómicos. El sistema de peajes se basa en tarifas basadas en la distancia o en el área, que generalmente se pagan en las barreras físicas de las carreteras. Pueden variar según el tipo de vehículo o la hora del día y pueden ser electrónicos. Puede haber sistemas de pago electrónicos sin barreras, como en Portugal, por ejemplo, o sistemas basados en lectura de matrículas.

Viñeta

El sistema de pago de viñeta se basa en cargos por tiempo. Los usuarios tienen que comprar una etiqueta o un documento y colocarlo en el parabrisas del vehículo, lo que les permite el uso de las carreteras por un periodo determinado, normalmente un año.

Ingresos municipales

La supresión de los peajes abre un nuevo capítulo de gastos en los presupuestos de los municipios afectados, sobre todo en los más pequeños. Las autopistas suponen contribuciones en términos de IBI. Solo en las localidades catalanas afectadas se calcula que la merma de ingresos será de más de 15 millones de euros anuales. Algunos municipios estiman que perderán ente el 10% y el 20% de sus ingresos. 

Empleos

Otra de las consecuencias de la supresión de los peajes es la pérdida de puestos de trabajo. Abertis, la compañía participada por ACS y la italiana Atlantia, la más afectada por estas medidas, ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 348 trabajadores de varios de los servicios de autopistas de peaje que gestiona en Catalunya a través de las sociedades Acesa, Invicat y Autopistas España. La empresa lo justifica en la finalización de concesiones. En febrero y en junio de 2020 ya llevaron a cabo dos expedientes de regulación de empleo (ere) que se cobraron 300 puestos de trabajo, en los que se alegó el descenso de facturación provocado por el descenso de la movilidad durante la pandemia. 

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