Seguridad Social

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la primera reforma de las pensiones

  • El Gobierno enviará al Congreso el texto acordado con los agentes sociales el 28 de junio

  • Este paquete de medidas incluye la revalorización de las prestaciones con el IPC e incentivos para alargar la edad del retiro

El ministro José Luis Escrivá.

El ministro José Luis Escrivá. / DAVID CASTRO

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El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

El texto es fruto del acuerdo que alcanzaron Gobierno y agentes sociales a finales de junio.

La norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Asimismo, introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Estas medidas, acordadas con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio.

Ahora, la previsión es que el primer Consejo de Ministros tras el parón estival apruebe estas medidas como proyecto de ley para iniciar su tramitación en las Cortes.

A la espera del factor de equidad intergeneracional

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno ya ha avanzado su intención de ampliarla con más medidas durante su tramitación parlamentaria.

Es el caso, por ejemplo, del nuevo factor de equidad intergeneracional, para el cual Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Este nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027, se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo.

En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.

Estas son las principales claves del acuerdo que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

1.-Revalorización según el IPC

Las pensiones subirán a partir del año que viene en función de como haya evolucionado la inflación durante el ejercicio precedente. Escrivá acaba con las fórmulas ad hoc que en los últimos años habían imperado y que dependían del criterio que en cada momento aplicará el Ejecutivo. Se utilizará como base la media del IPC entre noviembre de un año y otro. Y en aquellos ejercicios que cierren con un IPC negativo, las pensiones no bajarán, sino que se les aplicará un 0% de revisión. Así el Ejecutivo quiere asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo.

2.- Incentivos para demorar la jubilación y penalizaciones por avanzarla

La principal vía por la que Escrivá pretende disponer de más ingresos para el sistema público es haciendo que la gente trabaje y cotice más años (y, por ende, retrase unos años el cobrar pensión). El Ejecutivo apuesta por la vía de los incentivos, es decir, premiar a quien decida posponer su retiro. Un mecanismo que incluye el acuerdo cerrado ayer es dar el 4% más de pensión por cada año que se posponga el retiro. Antes dicho premio era del 2%. Los trabajadores también podrán escoger como alternativa cobrar un cheque de entre 4.786 y 12.060 euros por cada año más de vida laboral. Si la esperanza de vida es alta, en total es menos dinero, pero se cobra de golpe.

En paralelo a los incentivos para trabajar más, Escrivá también dispone desincentivos para retirarse antes. Antes los coeficientes reductores que calculaban cuanto bajaba la pensión eran trimestrales y ahora son mes a mes y más altos al principio. Lo que empuja a retrasar, como mínimo unos meses, la prejubilación. También suben ostensiblemente las penalizaciones para las prejubilaciones entre los trabajadores con salarios más altos, pero estas no entrarán en vigor hasta el 2024 y lo harán gradualmente.  

3.-Coto a la jubilación forzosa

El preacuerdo cerrado este lunes limita a muy pocas casuísticas que un convenio colectivo pueda obligar a una persona a jubilarse. Queda descartado siempre que dicho trabajador no tenga los años de cotización mínimos para retirarse. También queda muy vinculado a la obligación de reemplazar al empleado con un contrato de relevo, indefinido y con promoción de las mujeres en el caso de aquellos sectores más masculinizados.

4.- Separación de fuentes

Una novedad de última hora en el acuerdo es el adelanto en la separación de los gastos propios e impropios que actualmente asume la Seguridad Social, que entrará ya en vigor en el 2022. Para reforzarla, el Estado inyectará entre 22.000 y 23.000 euros para acabar de subsanar el déficit que arrastra la Seguridad Social al asumir gastos que no se financian directamente con la contribución de los cotizantes, como pensiones de viudedad o subsidios.

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5.- Nuevos derechos

El primer bloque de la reforma de las pensiones también incluye otras medidas, como la equiparación en el acceso a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho como si fueran matrimonios. Para que esto entre en vigor se dan seis meses. Otra novedad es la obligación de que las empresas o entidades públicas que tengan estudiantes en prácticas coticen por ellos, independientemente de si dichos becarios perciben o no una remuneración. Dicha obligación entrará en vigor en un plazo de tres meses.