El precio de la luz
¿De qué hablamos cuando hablamos de una empresa pública energética?
Crecen las diferencias dentro del Gobierno sobre la posibilidad de intervenir en el mercado eléctrico a partir de una compañía estatal
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
La creación de una empresa pública energética va camino de convertirse en nueva materia de tensión dentro del Ejecutivo. No solo entre las dos facciones del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos (los morados llevan a su programa electoral la creación de un empresa pública eléctrica), sino dentro del propio sector socialista.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a la creación de una empresa pública energética. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el Gobierno trabaja en la creación de una empresa pública "a medio y largo plazo". Frente a esto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se opone a una empresa pública, con el argumento de que "tenemos que centrarnos en medidas eficaces y centrar nuestros esfuerzos en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real, y no otras ideas que ya sabemos que no son eficaces o no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos, que es un sistema energético con la energía más limpia y barata posible". Mientras, desde Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, saluda que Ribera se haya abierto "por primera vez" a la propuesta morada de crear una empresa pública de energía frente al "oligopolio" que ejercen las tres empresas (Naturgy, Endesa e Iberdrola) que acumulan el 80% del suministro de los hogares.
Sin embargo, al hablar de empresa pública energética no todos los actores parecen hablar de lo mismo.
1.- Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas
Cuando la vicepresidenta Ribera y el ministro Bolaños hablan de la posibilidad de crear una empresa pública de energía se refieren a la idea de agrupar en una compañía de titularidad pública la concesiones hidroeléctricas a medida que vayan venciendo en los próximos años. Pero esta es una medida a largo plazo. En esta década solo vencerán alrededor de una treintena de concesiones que suman apenas 720 megavatios instalados (frente a los 20.000 megavatios de potencia hidráulica) y pertenecen en un 90% a las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Naturgy y Endesa, según datos facilitados por el ministerio para la Transición Ecológica. El resto de las concesiones, otorgadas en su mayoría a mediados del siglo XX, iran venciendo poco a poco. A lo que se ha referido exactamente Ribera es a "modificar las reglas del mercado de generación y poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto (al actual) o a través de una empresa publica según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía".
En su programa electoral, Podemos también habla de esto: de asumir en una empresa pública de energía la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando con el fin de "complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país". La reciente investigación del Gobierno sobre Iberdrola por el vaciado de dos embalses en plena polémica por los récords del precio de la electricidad tiene que ver con estos propósitos.
Pero Unidas Podemos no solo habla de trasladar la gestión de las hidroeléctricas a una empresa pública, sino de poner en marcha un nuevo suministrador de energía de capital público en competencia con los operadores actuales.
2.-Crear un competidor de Iberdrola, Endesa o Naturgy
En su programa electoral, Podemos también habla de "crear una empresa pública eléctrica para para llevar a cabo la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y bajar la factura de la luz" e intervenir en un mercado "dominado por un oligopolio privado". Este concepto de "empresa pública" conecta con el modelo de las grandes energéticas estatales como el que existía en España (con Endesa, como buque insignia) y el que sigue existiendo en otros países, como Italia, cuyas compañías operan en el mercado español. Esta empresa, según el programa Podemos, también se ocuparía "de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética".
3.- Confuso debate político
Cuando Ribera o Bolaños hablan de una posible "empresa pública de energía" no parecen estarse refiriendo a esta segunda interpretación, para nada, sino solo a las concesiones hidráulicas.
Cabe la duda de si la ministra Belarra, cuando saluda que Ribera se abra a crear una empresa pública de energía, pueda estar mezclando ambos conceptos en el debate político para subrayar el protagonismo morado.
También cabe la duda de si el rechazo de la vicepresidenta Calviño a crear una empresa pública se refiere solo al segundo concepto (crear un competido de Iberdrola, Endesa o Naturgy), al primero de ellos (recuperar la gestión de las concesiones hidráulicas) o a los dos.
Ni una ni otra interpretación forman parte del acuerdo de coalición de Gobierno que PSOE y Unidas Podemos firmaron en diciembre de 2019.
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