Bronca política a costa del nuevo récord histórico de la luz

Bronca política a cuenta de la siempre polémica subida del precio de la luz. En pleno agosto y con la mayoría de los políticos de vacaciones, el coste de la electricidad en el mercado mayorista ha registrado un nuevo récord, el tercero consecutivo, de 113,99 euros el megavatio-hora, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el triple del valor que tenía el año pasado y más del doble del coste de 2019. Los políticos 'de guardia' han aprovechado la coyuntura para echarse la culpa entre uno y otro partido.

La primera en salir ha ido la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, que ha pedido al Gobierno que de la cara y explique a la ciudadanía la subida de precios, en declaraciones a RNE. Pastor ha criticado al Gobierno por "estar de vacaciones" en un momento como este y ha recordado las críticas del PSOE al Gobierno de Rajoy cuando la luz subía solo un 3% y no un 146% como ahora (respecto al precio de 2019). "Las cosas no pueden hacerse peor", ha asegurado Pastor.

Al ser preguntada por si sería partidaria de intervenir el mercado para atenuar la subida de la luz, ha recordado que ellos no son de Podemos ni quieren crear una compañía energética nacional y ha apostado por acometer "reformas estructurales" para hacer más competitiva la industria y el sector productivo. La réplica desde el PSOE le ha llegado de parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le ha pasado al PP la pelota de la culpa "de lo que está pasando hoy", en relación a la tarifa eléctrica actual. "El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por La Moncloa fue nefasto para la política energética" porque "se cargaron el impulso de las energías alternativas", ha dicho Montero

El debate sobre la subida de los precios de la luz es recurrente cada cierto periodo, pero con la salvedad de que esta vez el alza ha sido estratosférica al superar los 100 euros durante varios días. El motivo tiene como novedad que, a pesar de ser en parte coyuntural, por el alza del gas ante la alta demanda China, no será cuestión de solo unos días como en anteriores ocasiones, por ejemplo, cuando Rajoy se encomendaba a la lluvia para que bajasen los precios en enero de 2017. Además, esta vez viene acompañada del alza del coste de los derechos de emisión de CO2 que cada vez serán, o al menos ese es el objetivo, más altos para alcanzar la descarbonización con la sustitución de las fuentes energéticas fósiles por renovables.

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Con todo, hay otras cuestiones que perduran. Por ejemplo, la forma en la que se fijan los precios, que sigue siendo a través de un sistema marginalista en el que la última tecnología en casar oferta y demanda es la que marca precio para el resto. Pero también cómo se traslada este precio al bolsillo de los consumidores, pues la maraña de componentes del recibo sigue siendo la misma: precio de la energía en el mercado mayorista, costes fijos --peajes y cargos-- e impuestos, a la espera de los cambios normativos (del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que traslada de la factura las primas a las renovables para que las paguen todas las empresas energéticas y el recorte a la sobrerretribución de nucleares e hidráulicas por los dividendos de CO2, y aunque temporalmente el Gobierno ha reducido del 21% al 10% el IVA. Además de las nuevas tarifas horarias que afectan de forma discriminada a unos usuarios más que a otros (a quienes consumen más y a las horas más caras), mientras que antes era a todos igual.

La organización de consumidores FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno de España que emprenda nuevas medidas para poner freno a la "especulación" en la fijación de las tarifas eléctricas, como cambios en las reglas de la subasta del mercado mayorista o recuperar para el Estado las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen, con el fin de integrarlas en una empresa pública de Energía. "De esta manera, se podrían fijar precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz", exponen.