Cuentas públicas

Catalunya copa casi un tercio de la liquidez inyectada a las autonomías desde 2012

La comunidad ha recibido en casi 10 años 112.544 millones de los 358.317 millones destinados a proporcionar oxígeno a los territorios

La Comunitat Valenciana y Andalucía han sido la segunda y tercera beneficiaria con el 23,2% y 14,3% total durante el mismo periodo

El 'conseller' de Economia i Hisenda, Jaume Giró

El 'conseller' de Economia i Hisenda, Jaume Giró / ACN / GUILLEM ROSET

Agustí Sala

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Catalunya es la comunidad que más recursos ha recibido del Estado para reforzar la liquidez de las autonomías desde 2012, cuando los mercados cerraron sus puertas a la financiación de las comunidades. Desde entonces hasta este año habrá recibido un total de 112.544,40 millones de euros, el 31,4% del total, seguida por la Comunitat Valenciana, con 83.205,8 millones, el 23,2% del total; según los datos del Ministerio de Hacienda. La tercera beneficiaria ha sido Andalucía, con un total de 51.313,8 millones desde 2012, el 14,3% del total.

A lo largo de este periodo de tiempo, el Estado ha inyectado en las autonomías 358.317,8 millones en distintos instrumentos para facilitar la liquidez, el pago de facturas, cubrir el déficit o saldar vencimientos de deuda. Además de la facilidad financiera (FF), creada para apoyar a las autonomías que cumplen con el déficit, y el fondo de liquidez autonómica (FLA), para las que lo incumplen, existe en la actualidad el fondo de liquidez React-UE, que concede préstamos para adelantar los recursos que permitan atender los proyectos y actuaciones de la Iniciativa REACT-UE, antes de recibir los recursos de la UE. En una primera etapa se creó también un fondo para pago a proveedores y existe también un fondo social.

En estas cantidades no se incluyen ni el fondo covid, constituido para paliar los efectos de la crisis sanitaria, del que a Catalunya le han correspondido 3.290 millones ni los 2.160 millones del último reparto del fondo extraordinaario de más de 13.000 millones para las autonomías, incluidos en los Presupuestos del Estado de 2021. En Catalunya, la crisis del covid supuso un impacto de 3.601,8 millones en gastos adicionales y 2.171,5 millones en menores ingresos, una vez deducida la inyección con el fondo covid, según las cifras que el Ejecutivo catalán facilita a los inversores en las presentaciones periódicas que lleva a cabo.

Dinero para devolver

La principal partida de las necesidades de financiación para 2021 por parte de la Generalitat corresponde al FLA. De más de 13.000 millones que ha solicitado este año por este concepto, de los que entorno al 80% son para devolver precisamente a su principal acreedor, el Estado, este año ya ha percibido 11.040 millones y queda pendientes la entrega del cuarto trimestre. La comunidad volvió a formar parte del FLA tras incumplir el déficit de 2019 y después de formar parte el año anterior de la facilidad financiera (FF), creada para las comunidades cumplidoras. Además ha recibido este año 1.481,1 millones del fondo de liquidez React-UE.

Con la suma de ambos fondos, con 12.527 millones, Catalunya se mantiene en 2021 como la primera beneficiaria, con el 39% de los recursos; seguida por la Comunitat Valenciana, con 8.263 millones (7.613 del FL y 650 millones de fondo React-UE), el 25,9% de los recursos y Andalucía, con 2.979 millones, de la Facilidad Financiera, el 9,3%. La Comunitat Valenciana solo ocupó el primer puesto en 2012, el primer año a pattir del que el Estado tuvo insuflar oxígeno a las arcas autonómicas, con 13.291 millones con todas las medidas de mejora de liquidez de ese ejercicio. Le siguió Catalunya, con 12.274,8 millones, pero a partir de 2013 ya alcanzó el primer puesto y lo ha retenido hasta la actualidad.

A 30 de junio, la deuda total del sector público catalán ascendía a 81.505 millones, de los que el 80,4% correspondían a los mecanismos del Estado para facilitar liquidez a las autonomía, que tendrá que estar devolviendo hasta al menos 2032. Hace unos días, la agencia Fitch elevó dos grados la nota crediticia de la deuda de la Generalitat, hasta 'BBB-', lo que suponía abandonar el grado de 'bono basura' situarse en nivel de deudor más fiable, precisamente por el respaldo y aval del Estado, que se ha mantenido incluso en los momentos de relación más tensa con la convocatoria del reférendum de octubre de 2017 y otros momentos del 'procés'. En los próximos tres años, la Generalitat tiene que amortizar unos 32.000 millones de deuda, de la que la mayor parte tiene al Estado como principal acreedor.

Bonos patrióticos

El Govern aspira a volver a emitir deuda en los mercados. De ahí la importancia de obtener una buena nota de solvencia por parte de las agencia de calificación de crédito. Hacienda liquidó en 2014 la última de las emisiones de bonos de la Generalitat destinados a particulares y empresas: 781,5 millones de euros emitidos a dos años al 5%, con liquidación trimestral de intereses, adquiridos por 32.605 inversores. Con esta amortización se puso fin al ciclo de financiación a través de familias y empresas iniciado en el 2010 con el Govern del tripartito. Pese a criticarlas, el Ejecutivo de CiU recurrió a este sistema a partir del 2011, hasta el cierre de los mercados. Finalmente, las emisiones, realzadas con intereses elevados de hasta más de 5%, tuvieron que devolverse a través del FLA. Desde 2010 hasta mayo de 2012, cuando se realizó la última de estas emisiones, el importe total obtenido por la Generalitat a través de bonos para particulares alcanzó los 12.726,5 millones.

La emisión con más inversores fue la primera, en 2010, por valor de 3.000 millones a 12 meses al 4,75%, con 232.893 particulares y empresas. Luego se fue perdiendo el entusiasmo, hasta los 32.605 suscriptores de la última colocación. En 2011, la emisiones a uno y dos años realizadas en primavera contaron con 89.053 y 42.325 inversores; y las de otoño del mismo año, con 135.242 y 70.859. En el 2012, además de la de dos años, hubo otra a 12 meses, con 69.624 inversores.

El tripartito retomó este tipo de colocaciones iniciadas en los años 80 del siglo pasado por el Govern de Jordi Pujol. La primera fue en 1981, por un importe equivalente a 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas de entonces) a cuatro años al 11,75%. Le siguieron otra en 1983 por otros 10.000 millones de pesetas también a cuatro años al 14%; otra en 1985 por 4.242 millones de pesetas (25,5 millones de euros) a un año al 11,75% y otra en 1986 de 20,4 millones de euros a un interés del 9,50% semestral.

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