Consejo de Ministros
El Gobierno rebaja el 'hachazo' a las eléctricas por el CO2 a 625 millones
El Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de ley que pretende eliminar parte de los beneficios extra de las centrales nucleares e hidráulicas
El recorte supone el 16% de los ingresos de estas centrales, en vez del 25% previsto en un inicio en el anteproyecto, según el Gobierno

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que han comparecido las ministras Isabel Rodríguez y Teresa Ribera. /
El Consejo de Ministros ha aprobado el 'proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico' que no es otra cosa que el recorte de los beneficios extra que reciben las centrales eléctricas, principalmente hidráulicas y nucleares, por el alza de los precios del CO2. El texto se envía ahora al Congreso pero con algunas modificaciones, tras las alegaciones de las compañías y la revisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, entre las que destaca la rebaja del pretendido 'hachazo' a las eléctricas de los 1.000 millones de euros a unos 625 millones de euros.
Es decir, el recorte ya no será de cerca del 25% de los ingresos de centrales nucleares y hidráulicas, como estipulaba el texto del anteproyecto, sino que supondrá alrededor del 16% de la facturación media de estas instalaciones, según ha explicado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno ha incluido un total de tres modificaciones en el texto del anteproyecto con el objetivo de garantizar la "solvencia" del proyecto de ley. Por un lado, ha establecido un umbral mínimo del precio del CO2 de 20 euros la tonelada, el precio medio de la tonelada en los últimos cinco años, a partir del cual se activa esta medida. Una propuesta de la CNMC que tiene como objetivo, según Ribera, garantizar la "rentabilidad y viabilidad de la plantas". "Ninguna planta puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento", ha añadido.
Además, ha adelantado el momento que determina a qué plantas se aplica, que en vez de ser la fecha en la que se aprobó la Ley de comercio de derechos de emisión en el sistema español (2005) será cuando esta norma quedó aprobada en el diario oficial de la Unión Europea, dos años antes. Y también se ha reducido la previsión de reducción de ingresos anual para las centrales que ahora podrá oscilar entre los 199 millones de euros anuales si la tonelada de CO2 está a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros. Antes la horquilla era de entre 210 millones de euros si el precio del CO2 estaba en 10 euros la tonelada y 2.100 millones de euros cuando subiera a 100 euros la tonelada. En la actualidad, la tonelada de CO2 se encuentra en el entorno de los 55 euros, con lo que el importe de la minoración sería de unos 625 millones.
Esta cifra se destinará en un 90% a cubrir los costes del sistema eléctrico, priorizando la financiación de los mecanismos de capacidad en vigor, y destinando el excedente a financiar los cargos del sistema eléctrico, lo que supondrá una rebaja de la factura de entre el 2,5% para los consumidores domésticos y el 0,85% para la gran industria, según las estimaciones del Gobierno. El 10% de la cantidad resultante se destinará a ayudar a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
Esta medida coincidirá en el Congreso con el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, otra propuesta normativa para retirar de la factura las primas renovables –más de 6.000 millones en 2020– de un modo progresivo durante un quinquenio. La ministra ha confiado en poder contar con el apoyo de las distintas fuerzas parlamentarias después de que "buena parte de ellas haya manifestado su respaldo a esta iniciativa", ha dicho Ribera. "Incluido el PP que nos pidió a finales de mayo una iniciativa como esta en un plazo de tres meses", ha advertido. Con todo, el proyecto cuenta con la contrariedad de las empresas que han manifestado públicamente en innumerables ocasiones su rechazo.
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