Iniciativas anticrisis

El Gobierno prorroga el 'escudo social' hasta el 31 de octubre

  • Entre las medidas que iban a caducar el 9 de agosto están las moratorias de alquiler, la suspensión de desahucios y la prohibición de cortar luz, gas o agua

Activistas de la PAH en una protesta ante un desahucio

Activistas de la PAH en una protesta ante un desahucio / Ferran Nadeu

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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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El Gobierno ha decidido prorrogar las medidas que enmarca dentro del denominado "escudo social" para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en las familias y hogares hasta el 31 de octubre. Este paquete, que incluye desde la prohibición de los cortes de suministros de luz, gas o agua a consumidores vulnerables o la prórroga de los contratos de alquiler, finalizaba el próximo 9 de agosto. De hecho ya se amplió el plazo más allá del final del último estado de alarma, el pasado 9 de mayo.

A esta decisión, que está previsto que apruebe el Consejo de Ministros del próximo martes, 3 de agosto, el último antes del periodo vacacional, se ha llegado tras "un trabajo conjunto y coordinado" entre los ministerios implicados, según confirmaron a este diario fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que encabeza Ione Belarra, de Unidas Podemos, y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por el socialista Félix Bolaños, han concluido con el acuerdo para prorrogar el real decreto ley 8/2021 para "garantizar la protección social de todos los ciudadanos".

De la energía a los alquileres

Entre las medidas que expiraban el próximo 9 de agosto y que, si no se producen cambios, ahora se prorrogarán hasta el 31 de octubre, está la prohibición del corte de suministro de energía y agua, la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, así como la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y la ampliación del bono social para consumidores energéticos vulnerables.

Las últimas conversaciones las han llevado Bolaños y Belarra, que ya bajaron al detalle del programa de gobierno de la coalición en 2019

Antes de acabar el estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció una prórroga de estas medidas, que decaían el 9 de mayo, hasta el 9 de agosto, durante su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 14 de abril para dar cuenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido por el Ejecutivo a Bruselas el 30 de abril. Bolaños y Belarra ya tenían consolidada una relación previa, pues ellos fueron los que a finales de 2019 bajaron al detalle del programa de gobierno de la coalición tras firmarse el preacuerdo (el 'pacto del abrazo') entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El Gobierno aprobó por primera vez este tipo de medidas el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia. Desde entonces se han ido aprobando prórrogas.

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Además, el pasado 8 de junio se aprobó otro real decreto que permite a las autonomías usar los recursos del plan de vivienda para pagar a los propietarios la compensación por paralizar desahucios y lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.

Ione Belarra, que había pedido la ampliación de esas medidas hasta el 31 de diciembre, ha destacado que el "escudo social" sigue "siendo muy importante para proteger de las consecuencias de la pandemia a quienes más las están sufriendo" .