La falta de mayorías en el Congreso deja en el aire la reforma de los interinos

El Congreso de los Diputados votará este miércoles si convalida o no el real decreto aprobado por el Gobierno que reforma las condiciones de trabajo de los interinos en la función pública. El Ejecutivo no tiene atada una mayoría clara y el resultado de la votación para decidir si el texto consensuado entre el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta y los sindicatos está en el aire. En la sesión de este martes ERC no ha aclarado su posición, aunque ha tirado más hacia el 'no' que el 'sí', mientras el PDECat, la CUP y Más País ya han avanzado que votarán en contra del mismo. La posición de los partidos vascos, tanto el PNV como EH Bildu, tampoco es públicamente conocida.

La primera reforma de la interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez puede acabar teniendo una vida muy corta. Dicha reforma ha sido diseñada para reducir los elevados niveles de temporalidad en la Administración, superiores al 30%. Y contempla, entre otros, introducir una indemnización de 20 días por año trabajado, con tope de 12 mensualidades, para todo aquel interino que estuviera en abuso de la temporalidad y perdiera su plaza una vez esta saliera a oposición. El acuerdo pretende estabilizar 310.000 plazas actualmente ocupadas por interinos antes del 2025, en un proceso calificado de "histórico" por los firmantes del pacto.

Este martes el Congreso someterá a votación el real decreto. Si consigue más 'síes' que 'noes', saldrá adelante. Si, por el contrario, se impone en 'no', el real decreto perderá su vigencia y las negociaciones para elaborar un nuevo real decreto volverán a empezar.

Sin acuerdo previo con todas las autonomías

El texto que fue aprobado en el Consejo de Ministros cuenta con el beneplácito de los sindicatos más representativos entre los empleados públicos, pero no así de todas las comunidades autónomas, que son finalmente las que, en su mayoría, tendrán que lidiar con las consecuencias del mismo. Pues los índices de temporalidad más elevados en la función pública española se concentran en los servicios gestionados desde los gobiernos autonómicos, como la educación o la sanidad. Y esas nuevas indemnizaciones correrían, mayoritariamente, de su cuenta.

La reforma impulsada por Iceta consiguió finalmente el 'ok' de los sindicatos, que tuvieron que hacer equilibrios internos entre satisfacer los intereses de sus afiliados funcionarios ya con plaza y con ambición de traslado (pueden llegar a competir con un interino) y la defensa de los intereses de los centenares de miles de interinos que operan actualmente en la Administración. ¿Cuántos? Aquí la cifra varía, desde los 310.000 reconocidos por el Ejecutivo, hasta más de 600.000 que podrían inferirse de los datos del boletín estadístico de las administraciones públicas. Según el INE; actualmente hay 1,03 millones de trabajadores del sector público con un contrato eventual.

Las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por partidos nacionalistas, no llegaron a avalar públicamente el texto de Iceta y recelaron de pronunciarse públicamente sobre el mismo. Pese a que el ministro fue posponiendo la aprobación final del real decreto para tratar de atar con ellas un acuerdo. Pues la ausencia de ese consenso a tres bandas (con sindicatos y autonomías) podía desembocar en la actual situación: que no hubiera una mayoría clara para asegurar la convalidación del real decreto en el Congreso.

Rechazo de las plataformas de interinos

En paralelo a todo esto, las plataformas de interinos organizados más allá de los sindicatos mostraron desde el primer momento su rechazo a la reforma, pues sus pretensiones eran de una norma que hiciera fijo automáticamente a cualquier eventual en fraude. Fraude que, por otra parte, ya le ha recriminado la Unión Europea al Reino de España en múltiples ocasiones. No obstante, esta vía ha sido descartada varias veces por el Tribunal Supremo, tal como reiteró en una reciente sentencia avanzada por EL PERIÓDICO, y nunca estuvo en los planes del equipo de Miquel Iceta, ya que consideraba que vulnera el principio de libre concurrencia y publicidad que debe tener todo proceso de oposición para una plaza pública.