'Ley Rider'

PP y PDECat proponen una amnistía millonaria para las 'apps' de reparto

  • El Congreso discute este miércoles las enmiendas para la nueva ley del trabajo en plataformas, que entrará en vigor el 12 de agosto

  • Los populares, siguiendo la estela de Vox, anuncian que recurrirán la 'ley Rider' ante el Tribunal Constitucional

Un repartidor a domicilio de la firma Glovo.

Un repartidor a domicilio de la firma Glovo. / JOAN CORTADELLAS

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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El PP y el PDECat proponen que las plataformas digitales que en los últimos años se han dedicado al reparto a domicilio a través de falsos autónomos sean amnistiadas. Es decir, que firmas como Glovo, Deliveroo o UberEats no deban abonar las cuantías atrasadas en conceptos de cuotas a la Seguridad Social que deberían haber pagado por sus repartidores desde que comenzaron a operar hace años mediante el modelo de trabajadores por cuenta propia. Así se deriva de las enmiendas presentadas por estos dos grupos políticos con representación en el Congreso sobre el texto normativo de la ‘ley Rider’, cuya votación definitiva tendrá lugar este miércoles antes de pasar al Senado. Estas también incluían inicialmente una enmienda del partido de Íñigo Errejón que pretendía restringir el acceso de los trabajadores a los algoritmos de las plataformas, aunque finalmente fue retirada.

La nueva ley de trabajo en plataformas digitales de reparto ya ha superado el trámite parlamentario y entrará en vigor el próximo 12 de agosto, cumpliendo con el periodo de transición para las empresas del sector que el Ministerio de Trabajo pactó con patronal y sindicatos. No obstante, pese a que su convalidación como real decreto ya fue aprobada en el Congreso, en dicha votación también se habilitó que los grupos parlamentarios pudieran proponer enmiendas para modificar dicho texto. Y eso es lo que se votará este próximo miércoles, cerrándose así el trámite legislativo de la norma antes de saltar al Senado para su fase final.

Aquí algunos de los partidos con representación en la cámara baja han enviado ya sus enmiendas y las más destacadas son las del Partido Popular y las del grupo del PDECat. Ambos coinciden, desde sus respectivos planteamientos, en el mismo punto: las plataformas del sector no deben pagar por sus malas prácticas ante la Seguridad Social. Y es que durante los últimos años, cuando la Inspección de Trabajo actuaba en Barcelona, Madrid, Zaragoza o donde fuere, el resultado de sus pesquisas ha sido el mismo para todas las plataformas: los ‘riders’ operaban como falsos autónomos. Según las últimas estimaciones de la patronal del sector, unos 30.000 trabajadores operan actualmente en el 'delivery' de plataformas.

Las diferencias entre las amnistía propuestas desde el PP y el PDECat, no obstante, son sustanciales. Los populares pretenden una amnistía total: borrón y cuenta nueva para las empresas, que no deberían pagar ni los requerimientos de Inspección ni por los trabajadores en fraude, pero no detectados. Y el PDECat plantea una amnistía parcial, pues sí considera que las plataformas deben pagar por las actuaciones liquidadas por Inspección, pero rechaza que la Seguridad le reclame a las empresas cualquier otra cotización antigua. De hecho, fuentes de los posconvergentes rechazan el calificativo de "amnistía" y marcan distancias con los populares.

El PP pretende elevar su oposición ante dicha norma y han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, según ha avanzado su portavoz, Cuca Gamarra; este lunes en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. El PP sigue así la estela de Vox, que ya ha presentado formalmente su recurso, al entender que la vía de urgencia empleada vulnera los derechos de los grupos parlamentarios.

La Inspección de Trabajo ha sido unánime en todas investigaciones que ha realizado en las diferentes ciudades donde ha intervenido: los riders operaban como falsos autónomos

Hasta ahora este modelo laboral se traducía en que eran los trabajadores los que asumían las cotizaciones para con la Seguridad Social y no las empresas. Y en un importe menor, debido a las diferencias entre regímenes. Lo que, cuando actuaba la ‘policía laboral’, se saldaba con un requerimiento a las empresas a abonar lo que se ahorraban en costes laborales al erario público. Los importes varían desde 3,8 millones de euros a Glovo por su operativa en Barcelona, hasta los 1,2 millones de euros a Stuart o 800.000 euros a UberEats; pasando por importes que no han trascendido a cargo de Deliveroo en Madrid o Barcelona. El dinero que tendrán que pagar todas las plataformas digitales, en consecuencia, tampoco ha trascendido pero sumando a Amazon podría rondar los 30 millones de euros. A lo que cabría sumar todos aquellos trabajadores sobre los que no hay juicio o actuación en vigor, pero que han operado para las plataformas.

Oposición desde la derecha

“La presunción de laboralidad establecida […] será sin perjuicio de que se consideren válidas a todos los efectos las cotizaciones que se hubieran realizado a la Seguridad Social con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley”, plantea el PP en su enmienda a la ley. Una propuesta que los populares justifican con un escueto “mejora técnica”, sin mayores explicaciones de porque estas empresas deberían de dejar de abonar esos millonarios importes por malas prácticas acreditadas en el Tribunal Supremo.

El PDECat sí ha considerado oportuno justificar más allá de dos palabras su propuesta, que implicaría (de aprobarse) una pérdida de ingresos millonaria para el fisco y el ahorro consecuente para las plataformas. Los posconvergentes arguyen que dicha amnistía sería en pro de “garantizar la seguridad jurídica”, ya que considera que cobrar los requerimientos por emplear falsos autónomos sería un cobro “retroactivo”, en tanto que la ley entra en vigor a partir del 12 de agosto. Y que ello iría en detrimento de la estabilidad de las empresas del sector de cara a futuro. Es por ello que consideran que las empresas no deben pagar por ningún rider que no haya detectado Inspección.

El PP no considera necesario justificar el porqué las empresas del sector deberían dejar de pagar importes millonarios a la Seguridad Social por sus malas prácticas

El resto de enmiendas del PDECat se concentran en limitar la aplicabilidad de la norma pactada entre el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos y habilitar que las plataformas puedan seguir empleando a autónomos mientras estos estén en subrégimen de TRADE o cumplan con determinados requisitos. Vox, por su parte, también ha presentado enmiendas que prácticamente impugnan el conjunto del texto. Algo coherente con su oposición frontal a la norma, hasta el punto de que han presentado recurso contra ella ante el Tribunal Constitucional.  

Errejón pedía menos transparencia

Todas las enmiendas presentadas a la ‘ley Rider’ provienen del bloque de partidos de derechas. Todas, excepto las de Más País. El partido liderado por Íñigo Errejón presentó inicialmente una enmienda a una de las dos patadas de la escueta ‘ley Rider’, ya que consideraba que esta permitía "una interpretación demasiado expansiva de la obligación de transparencia". Y es que a parte de reforzar la laboralidad exclusivamente de los repartidores de plataformas digitales, la ‘ley Rider’ concede derecho a información de todo trabajador de toda empresa que utilice un algoritmo en su día a día. 

Errejón considera que la ampliación propuesta del derecho a información en favor de los trabajadores puede poner "en peligro secretos empresariales"

La reforma del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores permite que cualquier empleado pueda preguntarle a su empresa si hay algún algoritmo que repercute en su praxis diaria y en qué términos. Algunas voces han sostenido que esto era una invasión de la propiedad intelectual de las compañías, provocaron duros roces durante las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales y no gustaron nada en los despachos del Ministerio de Economía. 

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Más País, que acabó retirando la enmienda y esta finalmente no será sometida a votación, consideró inicialmente oportuno acotar el derecho a información de los trabajadores a cuestiones como “el tipo de contrato, número de horas y disponibilidad de los trabajadores”, según reza en la enmienda presentada por el grupo. Con el fin de “evitar que la obligación de transparencia pueda poner en peligro secretos empresariales relativos a los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial empleados”, justifican.

Desde Más País argumentan la retirada de la enmienda como una "cuestión de cortesía parlamentaria", ya que "el Gobierno ha mostrado su disposición de llevar algunas de las mejoras recogidas enmiendas al reglamento de la ley"; según explican fuentes del partido.