Los asesores fiscales avisan de inseguridad jurídica en 42 impresos de Hacienda

Impresos y formularios de Hacienda que llevan aparejada inseguridad jurídica. Al menos 42 de los que emite la Agencia Tributaria presentan esta «irregularidad». Esa es la denuncia que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), una de las principales organizaciones que agrupa a estos profesionales, ha llevado ante el Defensor del Pueblo, el Consejo par la Defensa del Contribuyente y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. También lo ha comunicado en el pleno del Foro Agencia Tributaria de Asociaciones y Colegios Profesionales.  

Y ¿cuál es el problema? Pues que el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde las normas legales despliegan toda su efectividad, solo publica determinados modelos e impresos, pero no las instrucciones para poder rellenarlos o cumplimentarlos de forma correcta o para evitar posibles repercusiones negativas, explica Javier Gómez Taboada, representante de la Aedaf.

En definitiva, si un contribuyente incumple o comete un error puede ser objeto de una sanción u otras repercusiones negativas que no se sustentan en unas instrucciones incluidas en una orden ministerial o norma de otro tipo publicada en el BOE, agrega. Ahí radica la irregularidad que denuncia este colectivo de profesionales de la asesoría fiscal.

Respaldo legal

Eso sucede con un total de 42 modelos tributarios, que la asociación considera «irregulares» por ese motivo. Gómez Taboada explica que no se puede recurrir a los tribunales sin haber pasado antes por las instancias por las que han optado hasta ahora, aunque cualquier particular podría hacerlo. «El modelo como tal existe y cuenta con respaldo legal, pero ahí se acaba la historia», agrega. Y eso, a juicio de los asesores fiscales, constituye una clara muestra e inseguridad jurídica.

Los impresos afectados incluyen por ejemplo, en el caso del IRPF, el modelo 100 , de ingreso o devolución de la renta; el 102 o el 111, de retenciones e ingresos a cuenta. Pero hay otros que afectan al impuesto de sociedades, al IVA o al impuesto de sucesiones y donaciones, entre otros.

Según esta organización, esta forma de operar por parte de la Agencia Tributaria constituye «una irregularidad, ya que todos estos modelos deben tener el correspondiente soporte legal a través de una norma, generalmente una orden ministerial, que los apruebe, con su íntegra publicación en el BOE». 

La Aedaf entiende que la obligación de publicar el modelo en el BOE «debería extenderse a las instrucciones para cumplimentarlo, para, de esta manera, informar o instruir a quien está obligado a su cumplimentación y presentación». Y eso porque el incumplimiento o los errores en la cumplimentación tienen una consecuencias que solo pueden ser efectivas si cuentan con un soporte legal, afirman desde este colectivo profesional. 

Sin normativa

Pero la denuncia de la Aedaf no acaba aquí. En su trabajo de indagación, la asociación ha detectado dos modelos que «ni siquiera han sido aprobados por la pertinente normativa y publicados en el respectivo boletín oficial». En concreto, el modelo H-100 «solicitud de pago de devolución a herederos», y el 952 «comunicación de la modificación de la base imponible en supuestos de concurso y por crédito incobrable».

Esta organización, la mayor de profesionales dedicados a la asesoría fiscal con más de 3.300 abogados, economista, licenciados en administración y dirección de empresas y titulados mercantiles y empresariales, asegura que el número de modelos tributarios ha crecido «exponencialmente» en los últimos años. «Cada novedad legislativa trae aparejada alguna nueva obligación formal que, a su vez, se materializa en la cumplimentación y presentación de un nuevo modelo o formulario, tanto para autoliquidaciones como para obligaciones formales, lo cual supone un coste indirecto de cierta relevancia». La cuestión es que la incorrecta cumplimentación de estos modelos puede llevar aparejadas en su caso incluso sanciones. 

A .juicio del representante de Aedaf, esta forma de trabajar de la Agencia Tributaria ha provocado una especie de «agujero negro» que no facilita precisamente la seguridad jurídica. De hecho, «nacen nuevas obligaciones tributarias que van acompañadas de nuevos modelos. Estos se publican e el BOE, pero no las instrucciones sobre cómo cumplimentarlos», insiste.

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