Anticorrupción pide imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que impute a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol como personas jurídicas en las dos piezas que investigan los encargos de estas compañías a Cenyt, empresa vinculada al comisario retirado José Villarejo. En las causas, se trata de esclarecer si la eléctrica contrató al excomisario para espiar, entre otros, al presidente de ACS y el Real Madrid, Florentino Pérez, y si la petrolera y el banco hicieron lo propio para espiar al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ya que ambas constructoras estaban tratando de controlar Iberdrola y Repsol, respectivamente.

La solicitud del Ministerio público se produce después de que, además de otros directivos, el pasado abril fueran imputados el presidente de Repsol, Antoni Brufau, y el expresidente de CaixaBank y actual presidente de la Fundación Bancaria La Caixa (principal accionista del banco), Isidre Fainé, mientras que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue imputado el pasado junio. La declaración de este último, precisamente, estaba prevista para este miércoles, pero fue suspendida por el magistrado a la espera de resolver la situación procesal del grupo energético (investigado o perjudicado), para el que la Fiscalía ha pedido la imputación de la filial renovable pero no de la matriz.

El 'caso Villarejo' presiona a las cúpulas de grandes empresas cotizadas

El caso de Iberdrola arrancó a finales de 2019, después de que se publicara que la eléctrica contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa. El magistrado apreció indicios de que hubo "voluntad" por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt como prueba el hecho de que las facturas correspondientes fueron emitidas por otra compañía diferente. En total, señaló en su auto, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por la empresa vinculada al excomisario, por un importe de 1.047.324 euros.

Dado que la reforma del Código Penal que permitió la imputación penal de las personas jurídicas entró en vigor en octubre de 2011, se entiende que las empresas que contrataron proyectos al comisario con anterioridad a esa fecha quedan excluidas de responsabilidad. Ése sería el motivo por el que la imputación en el caso de la eléctrica recaería sobre Iberdrola Renovables, que es la que pagó los trabajos a Villarejo de 2012.

En cuanto a Repsol, se investiga el contrato que la petrolera, con el supuesto apoyo de su principal accionista, CaixaBank, realizó con Villarejo en 2011 para presuntamente espiar al del Rivero y a su entorno. El juez trata de esclarecer si recurrieron al comisario en 2011 para evitar que Sacyr, mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Brufau. En sus declaraciones ante el juez, Fainé y Brufau negaron tener ningún conocimiento sobre la contratación del expolicía.