Función Pública

Iceta pacta con los sindicatos indemnizar con 20 días a todos los interinos que pierdan la plaza

  • Las negociaciones para pactar una reforma de la interinidad avanzan y el lunes podría cerrarse definitivamente con las centrales

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública.

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública. / José Luis Roca

3
Se lee en minutos
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

ver +

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha pactado con los sindicatos incluir una indemnización de 20 días por año trabajado para todo aquel interino que pierda su plaza. Sea esta de personal laboral o de funcionario de carrera; según afirman distintas fuentes sindicales. Así lo han consensuado en la reunión mantenida este viernes entre el Gobierno y las centrales, en la que, no obstante, no se han cerrado los flecos que separan a las partes sobre las responsabilidades que se exigirán a las administraciones que no convoquen a tiempo las oposiciones para así reducir la temporalidad. Desde el ministerio de Iceta no han querido comentar el contenido de las negociaciones.

El principal punto cerrado este viernes entre Iceta y los sindicatos ha sido extender a todo el colectivo de interinos, no solamente a los nuevos, una indemnización por cese. La extensión de este derecho a todo el colectivo se produce a costa de rebajar la cuantía de la indemnización, que en los compases iniciales se fijó en 33 días, pero solo para los eventuales que ingresarán a partir de ahora. En este punto hay consenso con los sindicatos, a expensas del redactado final del documento. Actualmente hay 1,03 millones de trabajadores del sector público con contrato eventual. No todos son interinos, pero sí buena parte de ellos.

La novedad de las indemnizaciones puede traducirse en un desembolso millonario por parte de la Administración; aunque dilatado en el tiempo. Este punto ya figuraba en el borrador que Iceta trasladó a las comunidades autónomas el pasado jueves y con las que, de momento, no hay acuerdo. Pues la dificultad de las negociaciones radica en que Iceta debe lograr un doble consenso, con autonomías y sindicatos. A menos que apueste por legislar unilateralmente, lo que puede entorpecer el cumplimiento del acuerdo e incluso pone en jaque su validación en el Congreso, por falta de mayoría.

El lunes está prevista una nueva reunión con las centrales en las que Iceta podría cerrar finalmente el acuerdo. Aquí la clave es que Iceta acabe de definir las responsabilidades y posibles penalizaciones a las que se expondrán a partir de ahora los gestores de toda administración que deban convocar las oposiciones. Iceta plantea que, si en tres años no se ha convocado un concurso público y llenado una plaza, el interino que la ocupa será cesado automáticamente (de ahí la indemnización) y la administración de turno se quedará un año con la plaza vacía.

Pendiente el 'ok' de las autonomías

Los sindicatos temen que si no se especifica bien este punto, la reforma sea poco eficiente, pues no es la primera vez que las centrales pactan cambios para rebajar la temporalidad (ya pasó en el 2017 y el 2018), con pobres resultados. La complicidad aquí de las autonomías es clave, pues en sus servicios donde se concentran los porcentajes más elevados de eventualidad. Y serían sus gestores quienes más probabilidades tendrían de, en caso de incumplimiento, ser objeto de las posibles sanciones que se introduzcan. Según el penúltimo borrador remitido a las autonomías, dichas penalizaciones no se especificaban de manera clara.

Noticias relacionadas

Aquí las centrales también tienen que hacer sus propios equilibrios internos, ya que modificar el régimen de oposiciones no solo afecta a los interinos, sino también a los funcionarios ya con plaza y que quieran optar a un ascenso o un cambio de plaza a otra ubicación geográfica. Pues cuando se abre una nueva plaza de este tipo (de promoción o movilidad), a ella pueden optar tanto interinos como cualquier otro funcionario ya fijo. En las negociaciones con las centrales también ha habido avances para premiar más el peso de la experiencia en los procesos selectivos, para facilitar a los interinos en detrimento de los nuevos egresados. Aunque en este punto está pendiente de definirse si las pruebas de la parte teórica serán eliminatorias entre sí; lo que suele jugar en contra de los interinos.

El lunes podría producirse la reunión definitiva con los sindicatos, que, no obstante, requeriría posteriormente la firma forma en una mesa general de la función pública. Lo que, sumado a las reticencias de parte de las autonomías, dilatará la aprobación de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) hasta, como mínimo, el Consejo de Ministros del 13 de julio.