La Defensora del Pueblo de la UE investiga el fichaje de Emma Navarro por Iberdrola

La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, decidió este viernes abrir una investigación por el nombramiento de la exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Emma Navarro como consejera independiente de la empresa española Iberdrola por un presunto caso de "puertas giratorias".

La oficina de la Defensora del Pueblo informó hoy de que "acaba de abrir una investigación sobre la forma en la que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) gestionó la solicitud de un antiguo vicepresidente para ocupar un puesto en la empresa española Iberdrola, beneficiaria de préstamos del BEI". "La investigación - a raíz de una queja de dos diputados del Parlamento Europeo - examinará la decisión del BEI de aprobar el nuevo puesto de trabajo de la exvicepresidente", precisó la oficina de O'Reilly.

En una carta dirigida a los eurodiputados ecologistas Ernest Urtasun y Sven Giegold, quienes habían remitido la petición previamente, O'Reilly confirmó la apertura del caso de Navarro, quien se incorporó al consejo de administración de la multinacional española unos meses después de abandonar su cargo en el banco público.

Asimismo, la defensora comunitaria remitió otra misiva al BEI para solicitar información acerca del proceso que siguió la entidad para aprobar el nuevo puesto de Navarro y sobre la relación con miembros del banco y/o Iberdrola, así como cualquier documento que refleje negociaciones de financiación del BEI con la compañía energética durante el mandato de la exvicepresidenta. "Considero que las instituciones de la UE deben adoptar un enfoque sólido a la hora de evaluar los casos en los que los altos cargos dejan la administración de la UE para empezar a trabajar en el sector privado", argumentó O'Reilly en el escrito.

Por su parte, Urtasun denunció en un comunicado que Navarro fue la "responsable directa" de operaciones de cientos de millones de euros a Iberdrola procedentes del BIE. El eurodiputado trasladó el desconcierto de su grupo parlamentario porque se autorizase la incorporación por parte de la entidad bancaria, cuyo reglamento interno recoge que durante 12 meses los directivos que abandonen el banco público no pueden incorporarse a empresas privadas sin la autorización previa del Comité de Ética.

"Es un caso de puertas giratorias, que daña la reputación del banco público más grande del mundo", sentenció el eurodiputado de En Común Podem. Recordó, además, que la comisión de Economía de la Eurocámara ya mostró "serias preocupaciones" y pidió al BEI incorporar su código de conducta una disposición que excluya a los miembros de su dirección que supervisen las operaciones de préstamo de proyectos en su país de origen.