El Gobierno evaluará en diciembre si prorroga la rebaja del IVA de la luz

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la rebaja del IVA en la factura de la luz del 21% al 10% para todos los consumidores con hasta 10 kilovatios de potencia contratada hasta final de año, cuando el Gobierno evaluará la posible prórroga de esta medida. Además, el Ejecutivo ha suspendido durante tres meses del impuesto del 7% sobre la generación de electricidad, que asumen las compañías y repercuten en los clientes a través del recibo. Sendas medidas se han incorporado a un real decreto ley que entrará en vigor el sábado, según fuentes del Gobierno.

Así lo han anunciado la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El precio de la electricidad en el mercado mayorista hasta situarse cercano a los 90 euros de media en lo que va de mes de junio debido a la evolución de los precios del gas en los mercados internacionales y un incremento de precios de los derechos de emisión de CO2. El precio de la electricidad supone cerca del 30% de la factura de la luz, por ello, según el Gobierno, ambas medidas supondrán una rebaja de más del 10% del recibo. 

A final de año, el Gobierno analizará la evolución del precio de la luz, así como el efecto de otras medidas anunciadas ya por el Ejecutivo que pretenden abaratar el recibo, como el anteproyecto de ley de minoración de los beneficios extra de las centrales nucleares e hidroeléctricas que se prevé aprobar en "otoño", y la revisión de la fiscalidad integral que está abordando el grupo de expertos del ministerio de Hacienda. "El Gobierno reevaluará el 31 de diciembre la situación del coste de la energía y será en ese momento en el que se adopta la decisión que corresponda pensando siempre en el interés general", ha añadido Montero.

La ministra de Hacienda ha recordado, no obstante, que la fiscalidad se dirige "a fortalecer el servicio público y garantizar una renta disponible a las familias de clase media". Además, ha añadido, España comunicó a la Comisión Europea que esta rebaja será "temporal" y para mantenerla en el tiempo deben pedirle su autorización. "Saben que este país siempre tienen advertencias de la Unión Europea de estar haciendo un uso abusivo del IVA reducido, no digo en relación a la electricidad, sino en el conjunto del mapa que compone el IVA", ha añadido.

El IVA del 10%, como ya había anunciado el Gobierno, se aplicará a todos los consumidores con una potencia inferior a 10 kilovatios siempre que el mes anterior a la facturación el megavatio se sitúe por encima de los 45 euros. Desde enero, el precio medio mensual del megavatio en el mercado mayorista ha sido de 60,17 euros; 28,49 euros en febrero; 45,44 euros en marzo; 65,02 euros en abril y 67,12 euros en mayo.

Su entrada en vigor se producirá este sábado, lo que provocará que haya consumidores que reciban la factura de ‘junio’ con un IVA del 10% y otros del 21%, pues depende del cierre del periodo de facturación, es decir, si la factura se emite el día 28, tendrán un IVA reducido, pero si lo hace el 25 se grabará con la tasa general. 

Esta reducción del IVA supondrá un ahorro de 857 millones de euros, según Montero. Cifra que no repercute en 2021 porque hay un decalaje del recibo de la factura respecto al año en curso, por tanto, los últimos meses no se imputan a este ejercicio sino al siguiente. Así, 566 millones se imputan en 2021 y el resto pivotarán en el presupuesto del año que viene.

Salvo por esta diferencia en el periodo que corresponde a la sexta factura del año, el IVA reducido afectará a la práctica totalidad de los hogares (la media del consumidor doméstico es de 4,1 kilovatios de potencia) y al 75% de las empresas, según Montero. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que la mayoría de autónomos se quedarán fuera porque tienen más de 10 kilovatios contratados. No obstante, en el caso de las empresas, estas se desgravan el impuesto a posteriori. 

Además, en el caso de los perceptores del bono social considerados ‘consumidores vulnerables severos’ o en riesgo de exclusión social tendrán un IVA reducido hasta final de año con independencia del precio del mercado mayorista.

Esta reducción del IVA supondrá un “ahorro” de 857 millones de euros para los consumidores, en palabras de Montero. Cifra que no repercute en 2021 porque hay un decalaje del recibo de la factura respecto al año en curso, por tanto, los últimos meses no se imputan a este ejercicio sino al siguiente. Así, 566 millones se imputan en 2021 y el resto pivotarán en el presupuesto del año que viene.

Por otra parte, la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se realizó durante seis meses, tendrá vigencia durante el tercer trimestre de este año. Esto repercutirá en el precio de la factura entorno a una rebaja del 5%, según Montero. Y supondrá una menor recaudación de 400 millones que no afectará al déficit público sino únicamente al sector eléctrico.

El real decreto incluye, también una dotación de 100 millones de euros adicionales para compensar el CO2 de la industria electrointensiva que había recibido previamente 78 millones de euros.

Nuevos criterios para las renovables

Asimismo, el Ejecutivo ha adoptado otras cuestiones adicionales relacionadas con el despliegue de nuevas instalaciones renovables al establecer "nuevos criterios" para el acceso a las redes eléctricas volcados en el ámbito local con el objetivo de reforzar el "control, solvencia y cobertura" de las renovables en los distintos territorios. Así, los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red eléctrica incluirán criterios temporales que prioricen los proyectos más maduros, criterios relativos a la tecnología de generación y su integración en el sistema eléctrico, y criterios de innovación en el caso de centrales menores de 30 megavatios. Además, podrán complementarse con otros criterios sociales y económicos ligados al ámbito local, como la generación de empleo, el impacto en la cadena de valor industrial o la participación de inversores, empresas y administraciones; además, se valorará la existencia de mecanismos para reinvertir los beneficios en la zona donde se ubiquen las instalaciones, algo similar a lo que ya ocurre en las nuevas subastas de energía renovable.

Por otra parte, según ha anunciado la ministra Teresa Ribera, también se ha incluido una medida relativa a la generación eléctrica en el mar territorial para dotar de seguridad jurídica al sector de cara al despliegue de estas tecnologías y la planificación de al energía 'offshore