El 'caso Villarejo' presiona a las cúpulas de grandes empresas cotizadas

Las sucesivas olas del tsunami Villarejo cada vez toman más altura en el Ibex 35. El último ejecutivo en verse arrastrado por ellas ha sido Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, que el miércoles fue imputado por la Audiencia Nacional. Antes le sucedió a otro presidente del selectivo bursátil, en este caso no ejecutivo: Antoni Brufau, de Repsol, así como a directivos que ya no encabezan empresas cotizadas como Francisco González (expresidente del BBVA) e Isidre Fainé (expresidente de CaixaBank y actual presidente la Fundación Bancaria La Caixa). El coste reputacional que ello supone pasa factura a las compañías, entre temores a que inversores institucionales salgan de su accionariado y rumores de posibles intentos de aprovechar las circunstancias para tratar de impulsar cambios en las cúpulas. 

Galán, con todo, ha intentado este jueves presentar su imputación como una oportunidad. "No puedo decir que es una situación agradable. No lo es. Pero sí tengo que decir que llevamos tres años enterándonos de las noticias por los medios de comunicación. No hemos tenido acceso a la información: nos hemos intentado personar sin éxito. Y hace ya más de un mes, el consejo de administración, un poco cansado, dijo: señores, vamos a decir al señor juez que queremos ir a contárselo, contarle nuestra verdad y nuestras cosas. Entonces, oye, pues investigue usted lo que quiera, pero déjeme por lo menos que le cuente mi versión. Yo estoy encantado de que podamos ir a contar todos y cada uno de nosotros nuestra versión", ha afirmado en un acto de 'El País'. 

El código ético de Iberdrola obliga a todo empleado a informarle en caso de ser imputado en un procedimiento judicial que "pueda afectarle en el ejercicio de sus funciones" o "perjudicar la imagen, la reputación o los intereses del grupo". Probablemente por ello, la eléctrica ha querido atajar de raíz este jueves cualquier posible rumor de cese de Galán. En un comunicado a la CNMV, así, ha asegurado que el consejo de administración y su comisión ejecutiva delegada "han valorado la situación" y han ratificado su "apoyo a la gestión realizada" del caso. La eléctrica ha asegurado que también "se acordó (el pasado 25 de mayo) dar por debidamente cumplidas las obligaciones establecidas" en los sistemas internos de gobernanza "para el caso de que algún miembro del consejo de administración fuera llamado como investigado en el procedimiento penal, sin que se considerara preciso la adopción de medida alguna".

Asesores e inversores

No es ninguna sorpresa: los consejos de las grandes empresas suelen estar controlados por sus primeros ejecutivos. Lo cual no implica que los administradores no estén bajo presión. Dos de los principales 'proxy advisors' del mundo (firmas que se dedican a aconsejar a los inversores sobre qué votar en las juntas de las empresas en que participan) ya expresaron hace unas semanas sus inquietudes. Antes de la junta de la eléctrica del pasado 18 de junio, ISS y Glass Lewis advirtieron de que la investigación judicial por la relación de la compañía con Villarejo debía ser un motivo de "preocupación" para los accionistas por su posible impacto en la reputación del grupo. Y si bien aconsejaron votar favorablemente a la gestión de la compañía, advirtieron que podrían reconsiderar su posición en el futuro. La imputación de Galán, por tanto, podría provocar una mayor oposición de los accionistas.

Otro frente abierto es la reacción que puedan tener los grandes fondos de inversión accionistas. Los analistas valoran positivamente la gestión de Galán desde que se incorporó a Iberdrola en 2001, pero advierten de que los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) cada vez tienen más peso en las decisiones de los inversores institucionales y los problemas con la justicia de los ejecutivos pueden chocar con el último de estos puntos, el relativo al gobierno ético y responsable de las empresas. "Se habla mucho en la comunidad inversora sobre esto", apuntan fuentes de la misma. Después de sufrir una notable caída del 3,56% en la víspera, las acciones de Iberdrola han subido un 0,43% este jueves y han estado a la cola del Ibex 35. 

Caso particular

El caso de Galán es particular, ya que es el único primer ejecutivo de una gran empresa imputado hasta ahora por el 'caso Villarejo', no cuenta con un consejero delegado y no ha dado muestras de querer nombrar un sucesor de cara al vencimiento de su mandato en 2023. González fue imputado cuando ya había dejado el BBVA (de hecho, se cree que adelantó su salida como medida preventiva), mientras que Brufau abandonó sus funciones ejecutivas en 2015 y hace dos años anunció que dejará la presidencia de Repsol cuando venza su mandato en 2023. Fainé, en cambio, no tiene limitación de mandatos ni tope de edad en la presidencia de la Fundación Bancaria La Caixa, que no es una sociedad cotizada y está bajo protectorado del Ministerio de Economía y supervisión del Banco de España, pero su edad (79 años) también ha avivado los rumores sobre su posible sucesión.

El Gobierno, de momento, ha pasado de puntillas sobre la polémica que rodea a Iberdrola, aunque con mensajes algo contradictorios. "Máxima prudencia en estas materias que tienen que ver con el trabajo de los tribunales. Simplemente, queremos manifestar nuestro deseo de que cuanto antes la cotización de esa empresa siga la senda que tenía, buena, en los mercados bursátiles", ha afirmado este jueves su portavoz, María Jesús Montero. "Lamento que haya este tipo de informaciones que no son buenas para la imagen de las empresas o personas afectadas", apuntó la víspera la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

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