Impuestos

Airef cifra en hasta 1.300 millones el coste anual de bajar el IVA de la luz al 10%

  • La doble rebaja fiscal que prevé aprobar el Gobierno este jueves restará 900 en lo que queda de 2021

  • La Autoridad Fiscal alerta de que la deuda pública puede llegar al 165% del PIB en 2050

La presidente de la Airef, Cristina Herrero, en un seminario en la UIMP.

La presidente de la Airef, Cristina Herrero, en un seminario en la UIMP. / Pedro Puente Hoyos / Efe

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Rosa María Sánchez
Rosa María Sánchez

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Especialista en Macroeconomía, presupuestos, impuestos y pensiones.

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima en 1.300 millones el impacto de menor recaudación que tendría bajar del 21% al 10% el IVA que grava la factura eléctrica durante un periodo anual completo, de 12 meses. Así lo ha estimado la presidente de la Airef, Cristina Herrero, durante su participación en un seminario sobre Economía en la UIMP organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie). Según Herrero, si se tiene en cuenta que la rebaja fiscal podría un cierto estímulo en el consumo de electricidad, el impacto recaudatorio anual podría quedar reducido a 1.100 millones.

En todo caso, según aclaró la presidenta de la Airef, esa horquilla de entre 1.100 y 1.300 millones, del impacto recaudatorio de bajar este IVA al 10%, es para un periodo de 12 meses. Teniendo en cuenta que, en principio, la medida que prevé aprobar el Gobierno este jueves es temporal, hasta final de año, el impacto para el 2021 quedaría reducido a la mitad, entre 550 y 650 millones de euros.

El impacto de suprimir el impuesto especial del 7% sobre la generación eléctrica tendría un impacto anual de 1.000 millones de menor recaudación. El Gobierno, al menos de momento, solo pretende suprimir este impuesto durante el tercer trimestre de 2021, con lo cual el impacto de menor recaudación este año sería de unos 250 millones, que se sumarían a los hasta 650 de la rebaja del IVA, arrojando un total de 900 millones de merma tributaria en el presente ejercicio.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha concretado que el impacto de la menor recaudación por ambos impuestos hasta final de año será de alrededor de 1.000 millones de euros (entre 900 y 1.100 millones), de los cuales 400 millones corresponden al impuesto sobre la generación eléctrica. Este impuesto afecta al sistema eléctrico, no a las cuentas públicas; pero Montero ha explicado que el sector eléctrico este año tendrá un "remanente" debido al alza del precio de la luz que "compensará" esos 400 millones de euros. Los 600 millones restantes que corresponden al IVA sí van a "pulmón" al presupuesto ordinario del Gobierno, según la ministra, y se tendrán que absorber "a lo largo del año".

Cuentas públicas vulnerables

Durante su intervención en el seminario económico la presidente de la Airef ha enfatizado en la necesidad de que el Gobierno apruebe un plan de reequilibrio presupuestario que permita orientar la reducción del déficit y de la deuda pública tras el estallido que ha supuesto la pandemia para las cuentas públicas. Según Herrero, esta estrategia fiscal debería servir para "reconducir la deuda a una posición menos vulnerable".

Según la Airef, "la deuda se estabilizaría en niveles superiores al 100% si el déficit estructural se mantiene similar al previsto por el Gobierno para 2024, y que podría alcanzar el 165% del PIB a medio plazo por la evolución del gasto en pensiones". Para subrayar la vulnerabilidad de las cuentas públicas, Herrero apuntó que un incremento de tipos en 100 puntos básicos (un punto porcentual) podría suponer un gasto adicional acumulado en intereses en 2024 superior a 15.000 millones de euros y que el escenario base sobre la evolución del gasto en pensiones de AIReF puede llevar a la deuda pública a alcanzar el 165% PIB en 2050, si se suprime el factor de sostenibilidad que pretende ir reduciendo la cuantía de la pensión en función de la mayor esperanza de vida

La presidenta de la Airef recordó que la suspensión de las reglas fiscales en 2020 por parte de Bruselas no ha implicado en ningún momento falta de supervisión ni desatención al medio plazo. En la fase más aguda de la crisis (2020-2021), la Comisión recomendó aprobar medidas oportunas, temporales y selectivas sin poner en peligro la sostenibilidad de medio plazo. En la fase de normalización, que se iniciará en 2022, sugiere aplicar políticas fiscales que apoyen la actividad, pero más prudentes en los países con un elevado nivel de deuda. Y a partir de 2023 planteará un refuerzo de la sostenibilidad en el marco de la reforma de las reglas fiscales. "En la nueva gobernanza, la deuda (y no el déficit del 3%) será la variable discriminatoria en la definición de las orientaciones fiscales", según Herrero, quien anticipó que instituciones fiscales independientes como la Airef jugarán un papel clave en el análisis de la sostenibilidad y las estrategias fiscales.

Planificación fiscal a medio plazo

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Herrero lamentó la falta de una hoja de ruta de planificación fiscal, con objetivos y un calendario sobre los mismos, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En su opinión, las reformas e inversiones contempladas en este plan deberían encajar con una planificación fiscal y que así se conozca su impacto en las cuentas públicas. "Ambos planes deberían haber ido de la mano y eso no se ha producido", dijo la presidenta de la Autoridad Fiscal, destacando que "la única referencia" contemplada en el plan es que este tendrá un impacto de dos puntos en el PIB y un 0,4% sobre el crecimiento potencial, y una creación de puestos de trabajo estimada en 800.000 empleos.

"No hay referencia más concreta de efectos en el Plan de Recuperación", dijo. En este sentido, señaló que la actualización del programa de Estabilidad contempla unas previsiones "de forma poco precisa". Frente a ello, destacó que esta necesidad "sí lo han entendido algunos países" europeos, con el fin de acompañar la plurianualidad del plan fiscal con el acompasamiento de las reformas previstas a partir de 2024. La presidenta de la AIReF consideró "fundamental" que haya una hoja de ruta y fijar así "los grandes hitos para dotar de confianza y seguridad a los grandes agentes económicos" y de este modo "saber cuál es el marco en que se va a fijar su actividad en medio y largo plazo", con el coste de las medidas y objetivos concretos para la mejora de la calidad de un marco de gobernanza, ante un marco institucional, ha dicho, "claramente mejorable".