Hacienda lanzará 6.591 inspecciones tributarias este año para detectar fraudes

  • Se optimizará el uso de sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra la evasión fiscal

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los capítulos fiscales del Plan de Recuperación. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los capítulos fiscales del Plan de Recuperación.  / Jesús Hellín / Europa Press

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El Gobierno prevé que se lleven a cabo 6.591 investigaciones en el ámbito tributario durante este año para detectar actividades no declaradas como parte de su objetivo de abordar los retos de la prevención del fraude y la evasión fiscal.

Así consta en el 'Componente 27' del anexo publicado por la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé también para este año incrementar el número de efectivos de la Agencia Tributaria hasta los 26.320.

La finalidad es alcanzar una plantilla de dimensiones más próximas a las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi siempre ha contado con más de 27.000 empleados, alcanzando máximos en el entorno de los 28.000. Si bien, los empleados se redujeron antes de la crisis económica de 2008, como consecuencia de la combinación de dos factores: por una parte, la elevada edad media de la plantilla y, por otra, las dificultades para la incorporación de nuevos efectivos después de sucesivos años con ofertas de empleo públicas reducidas.

Cooperación internacional

Además, dentro del los objetivos fijados por el Ejecutivo de cara a este año en cuanto a atajar el fraude fiscal, se recoge aumentar y optimizar el uso de sistemas informáticos en la cooperación internacional. Para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular de los contribuyentes que figuran en el registro como extranjeros, la Agencia Tributaria llevará a cabo un proyecto que utilizará nueva información sobre los contribuyentes obtenida con arreglo a diversas normas internacionales.

Entre ellas, destacan la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por su sigla en inglés) y el 'Common Reporting Standard' (CRS). El objetivo del proyecto será que los datos fiscales de al menos el 85% de los contribuyentes extranjeros registrados, de los que la Agencia Tributaria haya recibido información en 2019, sean identificados y verificados, de modo que puedan utilizarse para el análisis de riesgos a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Además, se plantea el establecimiento de un modelo cooperativo, con el objetivo de mejorar las relaciones de la Agencia Tributaria con sus partes interesadas, como las grandes empresas, las pymes, los trabajadores autónomos y las asociaciones pertinentes, así como con el sistema judicial, como medio para lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Los contribuyentes

Sobre este asunto, la Agencia Tributaria ejecutará en 2021 un proyecto encaminado a fomentar la divulgación por las empresas multinacionales de información sobre sus operaciones, que el Ejecutivo espera que pueda tener repercusiones en la tributación de esas sociedades.

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Por lo que respecta a los contribuyentes, la Agencia aspira a mejorar la cooperación e incrementar el cumplimiento a través de la elaboración de 20 informes de transparencia en 2021. "Se espera que aumente la cooperación con jueces, fiscales y tribunales mediante el aumento de las investigaciones en el ámbito tributario", remarca el Ejecutivo.

Dentro de este componente también se estipula que la Agencia Tributaria deberá presentar en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación sobre la ley de lucha contra el fraude fiscal, que ya ha contado con el visto bueno en el Congreso de los Diputados, proponiendo, a la vista de sus resultados, el mantenimiento de las medidas incluidas, su modificación o supresión. No obstante, antes de esta fecha, en el último trimestre de 2022 se realizará por la Agencia Tributaria una evaluación provisional de los efectos de la ley de lucha contra el fraude.