Energía

Iberdrola señala a Hacienda como "el gran beneficiario" de los altos precios de la luz

Ignacio Sánchez-Galán espera que el recorte de los dividendos de CO2 a las eléctricas "sea reconducido"

Iberdrola señala a Hacienda como "el gran beneficiario" de los altos precios de la luz
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Sara Ledo
Sara Ledo

Periodista

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Se acabó la paz. Después de tres años, la concordia entre eléctricas y Gobierno ha terminado. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, ha señalado este viernes directamente a la Hacienda Pública como "el gran beneficiario" de los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista que se sitúan desde hace dos semanas entre los 80 y los 90 euros el megavatio-hora.

En su discurso durante la junta general de accionistas que se ha celebrado este viernes, el presidente de la eléctrica ha asegurado que "son muchos los factores" que afectan al precio de la electricidad, siendo el más significativo "el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos", que suponen cerca del 60% de la factura. "Por ello, acogemos positivamente las recientes declaraciones del Gobierno en sede parlamentaria acerca de una posible reducción de los impuestos, cargos y tasas", ha añadido Galán.

Acto seguido, el presidente de Iberdrola ha pedido "no olvidar" que "el principal beneficiario" de estos altos precios es la Hacienda Pública por lo que ha calificado como "cuantiosos impuestos" que recibe en proporción al precio de la energía, pero también de los ingresos por "la venta de derechos de CO2 que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros".

Los altos precios de la luz de estos días se deben al alto precio del gas natural en los mercados internacionales y de los derechos de emisión de CO2 que afectan directamente a los ciclos combinados, pero también al agua porque su precio se basa en el coste de oportunidad (es decir, qué ocurriría si no entrasen los ciclos combinados). Estas dos tecnologías son las que suelen marcar los precios que repercuten al resto.

Por tanto, según defiende el Gobierno, tecnologías como las renovables, hidráulicas y nucleares se benefician de estos altos precios porque no tienen que asumir el coste de los derechos de CO2 (como sí tienen que hacer los ciclos) pero sí reciben la remuneración que genera. Por ello, el Ejecutivo ha propuesto recortar el 90% de los beneficios extra que reciben las centrales emisoras no contaminantes previas a 2005, básicamente hidráulicas y nucleares, para reducir la factura de los hogares en aproximadamente un 4,8% aligerando una parte de los costes regulados del recibo (cargos). Según el Ejecutivo, se trata de alrededor de 1.000 millones de euros que suponen el 25% de los beneficios de estas centrales.

Un anteproyecto de ley que ha sido duramente criticado por las compañías porque, según Galán, incorpora "cargas injustificadas" sobre estas tecnologías. No obstante, el primer espada de Iberdrola espera que este anteproyecto "sea reconducido a lo largo de su tramitación" para "buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre la política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable".

El presidente de la eléctrica defiende, así, que el elevado precio del CO2 más que beneficiarles a las empresas, beneficia a la Hacienda Pública gracias a los ingresos por la venta de derechos de CO2. El precio de los derechos de emisión CO2 ha pasado de los 4 euros en enero de 2018 a situarse alrededor de los 50 euros actualmente. El motivo se debe la especulación en el mercado en el que se compran y venden estos derechos a través de una subasta. Fondos de inversión, bancos y otras instituciones financieras han ido ganando protagonismo en las compras con fines especulativos al ser un valor seguro ante el objetivo de descarbonización en 2050. Y el dinero de esta subasta va a parar a los Estados, es decir, a la Hacienda Pública.

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"Es imprescindible que el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores tal y como han indicado multitud de agentes y organismo en sus alegaciones al anteproyecto de ley y también los principales analistas financieros y agencias de rating", ha dicho Galán en una intervención vehemente en la que ha asegurado que Iberdrola mantendrá una "actitud dialogante" con el Ejecutivo pero también su "compromiso" con la defensa de los intereses "de sus accionistas".

Prevé invertir 17.000 millones en 2021

La compañía, que alcanzó en 2020 un récord de inversión de 10.000 millones de euros, prevé pulverizarlo este año al llegar a los 17.000 millones de euros, según ha avanzado en la junta de accionistas, Ignacio Sánchez-Galán. Una estimación que se enmarca dentro de su plan de inversiones de 75.000 millones hasta 2025 que podrían alcanzar los 150.000 millones de euros a 2030 con el objetivo de triplicar su capacidad renovable hasta situarla en 100.000 megavatios al final de la década, con al menos 12.000 megavatios eólicos marinos y seguir expandiendo y reforzando sus redes de transporte y distribución para atender una demanda creciente de electricidad.


La compañía registró un beneficio neto de 3.611 millones el año pasado, un 4,2 % más que el año anterior a pesar de la pandemia (un 10 % si se ajusta el impacto del coronavirus). Así, el Consejo de Administración ha decidido proponer a la junta un dividendo complementario de 0,252 euros por acción, pagadero en julio. Sumado al dividendo a cuenta, supone una remuneración total de 0,42 euros por acción, con un aumento del 5 % frente al año anterior. La compañía espera continuar incrementando su dividendo hasta los 0,44 euros por título el próximo año.