La reforma laboral y las pensiones condicionarán los fondos europeos de 2022 y 2023

Las dos grandes reformas sujetas todavía a la negociación con los agentes sociales y sin concretar por el Gobierno español en el Plan de Recuperación aprobado este miércoles por la Comisión Europea, la reforma laboral y la de las pensiones, condicionarán la recepción de las ayudas del fondo de recuperación en 2022 y 2023. De momento, Bruselas da por bueno que el motivo de la falta de concreción sea el diálogo social ya que considera que hay “claridad” en los objetivos.

“Es verdad que el diseño final todavía no está acordado y es por una buena razón, que es que todavía está en discusión con los agentes sociales. La Comisión cree que es una parte importante de la reforma en sí porque lograr el consenso con los agentes sociales es crítico, según nuestra experiencia, para la implementación exitosa de las reformas en estas áreas”, valoran fuentes del Ejecutivo comunitario sobre un plan que consideran que incluye medidas “para preservar la adecuación y sostenibilidad a largo plazo”, aunque reconocen que si no fueran suficientes tendrán que mitigarse en el futuro con juntos ajustes fiscales.

Tras la primera entrega de fondos europeos de 19.000 millones de euros en 2021, los mayores desembolsos se concentrarán en 2022 y 2023, hasta completar en 2026 los 69.500 millones de euros en subvenciones asignados a España dentro del plan europeo 'Next Generation EU'.

18.000 millones en 2022

Según el calendario previsto, España recibirá el próximo año unos 18.000 millones de euros en dos tramos (junio y diciembre), siempre y cuando cumpla con todos los hitos y objetivos pactados. “Hay una lista de hitos y objetivos vinculada a cada desembolso que no asigna una cantidad específica a cada hito. El desembolso está vinculado al cumplimiento de todos (y cada uno de) los hitos”, señalan las mismas fuentes. Es decir, si se produce un retraso en la aprobación de las reformas previstas España tendrá dos opciones. Retrasar la solicitud de ayudas o cursar la petición y esperar a un posible desembolso parcial, sujeto a una evaluación de los técnicos comunitarios. Si no hay retrasos, el segundo gran desembolso, de unos 12.000 millones, podría llegar en primavera de 2022 siempre y cuando la evaluación comunitaria –tiene unos dos meses de plazo- concluya que España ha cumplido con los 42 hitos y objetivos que ha prometido a llevar a buen puerto para finales de este año.

Entre los cambios que tendrá que completar para entonces están la reforma del Estatuto de los Trabajadores para apoyar la reducción del empleo temporal a través de la racionalización del número de tipo de contratos, la aprobación de un real decreto sobre la nueva estrategia española de empleo 2021-2024, así como la modificación del Estatuto para crear un nuevo mecanismo permanente de ertes que permita ajustes laborales sin necesidad de acudir a despidos. El Gobierno también deberá acreditar el cumplimento de reformas para mejorar las reglas de la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores de empresas subcontratadas entre otras. También figura en la lista el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el alineamiento de la edad de jubilación y la edad efectiva.

El tercer desembolso, previsto para diciembre de 2022, permitirá a España acceder a unos 6.000 millones de euros. Para acceder a este pellizco el gobierno español tendrá que cumplir 29 hitos y objetivos. Entre ellos, tendrá que estar en vigor la reforma de la ley de insolvencia, la ley de telecomunicaciones o la ley contra la evasión fiscal y el fraude. Además el Gobierno tendrá que tener aprobada una nueva estrategia de salud pública, la reforma del sistema de contribución a la seguridad sociales de los trabajadores autónomos así como la revisión del sistema actual de pensiones complementarias.

17.000 millones en 2023

El cuarto desembolso, para mediados de 2023, dará acceso a otros 10.000 millones de euros a cambio del cumplimiento de 58 hitos y objetivos, entre los cuales figuran algunos elementos clave de la reforma de las pensiones. Por ejemplo, en la lista de tareas del Gobierno para acceder a este nuevo tramo de ayudas figuran el ajuste en la base de cotización máxima, el ajuste en el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación o el cambio del factor de sostenibilidad. El acceso a los fondos también exigirá la entrada en vigor de una nueva ley de residuos y suelos contaminados, de la nueva ley de función pública de la administración del estado o la ley sobre ciberseguridad del 5G.

A partir del quinto desembolso, en diciembre de 2023, el volumen de fondos caerá por debajo de las dos cifras hasta los 7.000 millones. También la lista de hitos y objetivos será más corta: 22 en total. Entre las medidas: mejora de infraestructuras de tratamiento de aguas, la rehabilitación de al menos 20 antiguas minas, proyectos para mejorar la accesibilidad o la entrada en vigor de la ley orgánica sobre el sistema universitario entre otros.

8.000 millones en 2024

A cambio del acceso al sexto desembolso, de unos 8.000 millones, España tendrá que mejorar el acceso de las estaciones de cercanías y las líneas ferroviarias de corta distancia, adoptar una ley sobre movilidad sostenible, desplegar puntos de recarga para el coche eléctrico y poner en marcha nuevos proyectos sobre hidrógeno renovable. Además, España se compromete a crear centros para víctimas de la violencia sexual, desarrollar servicios de teleasistencia en casa, impulsar una nueva ley del cine y el sector audiovisual en una larga lista de proyectos.

7.000 millones en 2025 y 2026

Los dos desembolsos menos generosos llegarán, según las previsiones del Ejecutivo comunitario, a mediados de 2025 y finales de 2026 con el pago de algo más de 3.000 millones en el septiembre desembolso y 4.000 millones en el último pago. La lista incluye numerosas medidas vinculadas a la transición verde y digital.

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