El fondo para pymes del Gobierno recapitalizará a unas 100 empresas a partir de septiembre

Tres meses después de su aprobación, el Gobierno dio por fin este martes luz verde al fondo de 1.000 millones de euros para reforzar la solvencia de empresas pequeñas y medianas a través de la empresa pública Cofides. La compañía dependiente del Ministerio de Industria ha anunciado este miércoles que prevé apoyar a unas 100 pymes y que a partir del lunes de la semana que viene empezará a recibir solicitudes de forma informal para aclarar dudas, mientras que la plataforma a través de la que se vehicularán dichas peticiones estará en marcha el lunes 28. Según sus cálculos, los expedientes tardarán entre dos y tres meses en ser gestionados, con lo que los desembolsos comenzarán a producirse a partir de septiembre como pronto.

"Esperamos salvar a muchas empresas y esperamos recuperar buena parte de los recursos invertidos. Son empresas en un estado un poco precario, sabemos que puede haber fracasos, pero creemos que serán más los éxitos", ha asegurado el presidente de Cofides, José Luis Curbelo. En plena polémica por el apoyo del fondo de la SEPI a la aerolínea Plus Ultra, el directivo ha defendido que la gestión de las ayudas de su fondo tendrá "absoluta transparencia". 

Así, la documentación de las empresas se entregará a una agencia de calificación crediticia independiente, que le otorgará un rating provisional en función del riesgo de impago. Posteriormente la revisarán tanto analistas financieros como bufetes de abogados (se ha contratado a 15 firmas de cada ramo), que emitirán unos informes. A partir de los mismos, el comité de dirección de Cofides otorgará a la compañía un 'rating' definitivo y elevará a un comité técnico de inversiones las solicitudes que considere viables para que este tome la decisión definitiva. Dicho comité estará presidido por la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y contará con representantes de los Ministerios de Industria y Economía y de la SEPI.

Plazo en debate

Los apoyos públicos serán prioritariamente instrumentos híbridos de capital como préstamos participativos o subordinados con un plazo máximo de amortización de ocho años, pero también habrá entradas minoritarias en el accionariado o incluso créditos ordinarios. Se podrán conceder hasta el próximo 31 de diciembre, si bien Curbelo ha apuntado que la Comisión Europea se está planteando ampliar el plazo. Concederlos en tan poco tiempo, ha reconocido, supone un "reto ímprobo". Con el límite temporal actual y los plazos de tramitación previstos, el plazo máximo para presentar las solicitudes sería a principios del otoño, pero Cofides confía en conocer tras el verano la decisión del Ejecutivo comunitario para informar a las empresas del plazo límite definitivo para las peticiones.

El presidente de la sociedad pública también ha asegurado que las empresas beneficiarias podrán emprender reducciones de plantilla, al contrario que los ertes, pero deberán ser ajustes pactados con los trabajadores. Según ha publicado este miércoles el BOE, las compañías deberán mantener su actividad como mínimo hasta el 22 de junio del año que viene y en cualquier caso hasta que devuelvan el apoyo público, y tendrán limitaciones en el pago de dividendos y en los sueldos de consejeros y altos directivos.

Condiciones y ayudas

El instrumento está destinado a las empresas que lo soliciten de cualquier sector menos el financiero y que tuvieran una facturación de entre 15 y 400 millones de euros en 2019 (unas 14.000, el 0,4% del total, que daban empleo a entre tres y 3,5 millones de personas). Las firmas deberán tener su domicilio social y principales centros de trabajo en España; haber sufrido una caída de la facturación de más del 20% en 2020 y adicionalmente un deterioro en la estructura de capital (ratio de patrimonio neto respecto de deuda financiera neta); no estar presentes en un paraíso fiscal; no estar condenadas por sentencia firme; no haber sufrido una resolución de un contrato con el sector público por declaración culpable; estar al corriente de pagos de subvenciones o ayudas públicas, impuestos y la Seguridad Social; y no estar en concurso de acreedores.

De ser así, podrán aspirar a recibir entre tres y 15 millones de euros en el caso de las pymes (por definición europea, menos de 250 trabajadores y con hasta 43 millones de euros de balance o hasta 50 millones de ventas), y entre cuatro y 25 millones para las de mayor tamaño. El importe máximo no podrá superar el doble de los costes salariales anuales y el 25 % del volumen de negocios de 2019. Lo que las compañías tendrán que pagar se fijará caso a caso en función del perfil de riesgo, pero habrá unos mínimos crecientes y mayores para las firmas más grandes (euribor más entre 25 y 200 puntos básicos para los instrumentos de deuda y euribor más entre 225 y 950 puntos básicos para los instrumentos híbridos de capital).

Para recibir los fondos, las empresas deberán demostrar que eran viable antes de la pandemia, pero también que son sostenibles a medio y largo plazo mediante la presentación de un plan de viabilidad. Asimismo, se tendrá especialmente en cuenta que hayan logrado reestructurar su deuda bancaria con carácter previo. También deberán presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal con un calendario de amortizaciones y de abono de las remuneraciones (las compañías tendrán en todo momento la opción de recompra), así como las medidas que se adoptarían para garantizar el cumplimiento de dicho plan de reembolso.

Limitaciones

Las que reciban apoyos de deuda no podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022 ni elevar la retribución de la alta dirección en los dos años siguientes a recibir la ayuda. Las que reciban capital o híbridos de capital no podrán comprar más del 10% de otra empresa hasta que hayan devuelto un mínimo del 75%, pagar dividendos en 2021 y 2022, ni elevar el sueldo fijo ni pagar el variable a consejeros y altos directivos en los dos primeros años tras la concesión de la ayuda y posteriormente hasta que hayan devuelto el 75%.

Cofides propondrá las personas que deban ser nombradas consejeros en las empresas participadas por el fondo. Si la participación en el capital social no se hubiera reducido por debajo del 15% de los fondos propios de la compañía beneficiaria pasados dos años, el Estado tendrá que presentar a la Comisión Europea para su aprobación, un plan de reestructuración. En el caso de que sea una pymes o una sociedad no cotizada, el plazo será de siete años.