El Govern ultima una nueva tanda de ayudas de 600 euros para trabajadores en erte

El ‘president’ Pere Aragonès prevé escenificar este próximo lunes su primer gran acuerdo social con las patronales y los sindicatos más representativos de Catalunya. En el mismo recogen los criterios para repartir los 993,3 millones de euros en ayudas directas a empresas y autónomos que provienen del fondo de 11.000 millones distribuido a nivel estatal para las diferentes comunidades. A este partida, el Govern añadirá un monto extra de 60 millones de euros para costear un nuevo paquete de ayudas de entre 600 y 900 euros, para todos aquellos trabajadores que estuvieran en erte en mayo. Así lo han explicado fuentes conocedoras a EL PERIÓDICO y lo ha confirmado el Govern en un comunicado público este domingo.

El nuevo Ejecutivo catalán y los agentes sociales llevan días ultimando los detalles de cómo será la distribución de esos casi mil millones en ayudas directas para compensar los efectos del covid, apoyar su solvencia y reducir su endeudamiento. Estas serán un pago único de entre 3.000 y 4.000 euros y llegarán a unas 189.000 empresas y autónomos catalanes. En la negociación entre Govern y patronal y sindicatos se ha acabado imponiendo un criterio de transversalidad y se ha ampliado hasta 191 las actividades económicas que quedarán cubiertas por los mismos. La alternativa era que estas llegaran a menos sectores, pero en mayor cuantía.

Finalmente, a ese monto que llegará desde las arcas estatales el Govern añadirá unos 60 millones adicionales para costear un pago único a los trabajadores en erte. Podrán acogerse todos aquellos que, durante el mes de mayo, estaban en un expediente de suspensión todavía vigente, ya fuera total o parcial. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en Catalunya había un total de 119.345 empleados en suspensión de algún tipo durante mayo. 

Estas ayudas vendrán a ser una segunda edición de las ya aprobadas al final de la anterior legislatura, pagadas en marzo y cuyo importe osciló entre 600 y 900 euros, dependiendo del número de meses que la persona llevara en erte. Con el fin de evitar los retrasos que sufrieron 45.388 beneficiarios de esta anterior medida (un tercio del total de beneficiarios), la intención del Govern es evitar cruzar datos con el SEPE y pedir directamente toda la documentación a los solicitantes. Algo que requerirá posteriormente de un abultado papeleo para la comprobación por parte de la administración catalana de que los futuros solicitantes cumplen con los requisitos. Una vez aprobada esta medida en Consell Executiu, la 'conselleria' d'Empresa i Treball abrirá los plazos para inscribirse y cobrarla.