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Bruselas confirma que España debe recuperar las ayudas a los operadores de TDT

Las autoridades españolas deberán calcular ahora el número de beneficiarios y determinar el importe a recuperar

Un conjunto de antenas en unos tejados de Barcelona.

Un conjunto de antenas en unos tejados de Barcelona. / AGUSTÍ CARBONELL

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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España deberá recuperar las ayudas recibidas entre 2005 y 2008 por los operadores terrestres para la digitalización y ampliación de la red de televisión terrestre en algunas zonas remotas del país. La Comisión Europea se reafirma en su decisión de 2013, cuando determinó por primera vez que las ayudas otorgadas para facilitar la transición de la televisión analógica a la digital escondían una ventaja selectiva incompatible, y concluye de nuevo, tras una segunda investigación, que se trata de ayudas contrarias a las normas europeas que deben ser recuperadas.

Las ayudas se destinaron a la conversión digital y la explotación y el mantenimiento de la red de televisión digital. Según la Comisión Europea, se trato de medidas que no eran neutrales desde el punto de vista tecnológico, ya que partían de la televisión digital terrestre (TDT) como única tecnología para la conversión digital subvencionada. En cambio, otras tecnologías alternativas, como el satélite, quedaron excluidas de las ayudas.

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A raíz de una denuncia presentada por el operador de satélite SES Astra, Bruselas abrió una investigación formal en 2010. Tres años más tarde concluyó que las ayudas escondían medidas selectivas porque solo beneficiaban a los operadores de TDT y que eran incompatibles con el mercado interior. España recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE que en 2017 anuló la decisión de Bruselas alegando una inadecuada justificación de la selectividad de la medida.

La Comisión Europea decidió posteriormente lanzar una nueva investigación durante la cual reevaluó las pruebas relativas a la selectividad de las medidas, incluidas nuevas pruebas presentadas por España y por algunos de los beneficiarios. Tras esta nueva investigación, la Comisión mantiene la conclusión de que las medidas otorgaron una ventaja selectiva a los beneficiarios, que las ayudas concedidas eran incompatibles y que España debe recuperarlas. El siguiente paso ahora será que España determine el importe que debe recuperarse de cada beneficiario individual.