Ultimátum a España por la morosidad de la administración pública

La directiva sobre morosidad, adoptada hace una década por la Unión Europea, obliga la administración pública a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (sesenta en el caso de hospitales públicos) y a servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial. La falta de avances en este terreno ha llevado a la Comisión Europea a dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto contra España hace más de un lustro. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses de plazo para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra España, debido a los retrasos excesivos en los pagos por parte de las autoridades públicas, en 2015. Aunque ha habido avances desde entonces y las autoridades públicas han realizado esfuerzos “para mejorar la puntualidad en los pagos del sector público”, estos no son suficientes. “La Comisión está preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva”, sostiene la Comisión.

El aviso llega en forma de ultimátum, por medio de un dictamen motivado a España, que corresponde a la segunda fase dentro del procedimiento de infracción. El Gobierno español disponible ahora de “dos meses” para responder a las alegaciones realizadas por el Ejecutivo comunitario. Si la respuesta no es satisfactoria el caso podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Problema para pymes

Según la Comisión Europea la morosidad es una cuestión de máxima importancia para las empresas, especialmente para las pymes, ya que repercute negativamente, reduce su liquidez, les impide crecer y dificulta su resiliencia. Unos problemas que se han agravado en el contexto económico actual ya que las empresas depende más que antes de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo.

Además de España también ha recibido un toque de atención Italia aunque en su caso se debe a un problema concreto sobre la exclusión de unas determinadas operaciones del ámbito de aplicación de la directiva. En febrero pasado también recibieron cartas de emplazamiento de Bruselas Bélgica, Grecia y Eslovaquia por los retrasos excesivos en los pagos en el sector de la salud pública, sector sanitario y sector público.