Medidas contra el paro

El Gobierno aprueba 4.950 millones para renovar la Garantía Juvenil hasta el 2027

  • El Consejo de Ministros aprueba un paquete de inversiones para reducir el 30,2% de paro juvenil que actualmente arrastra España

  • Los nuevos jóvenes autónomos tendrán ayudas para pagar la cuota durante sus primeros seis meses de actividad

La vicecepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz  durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros.

La vicecepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros. / David Castro

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la renovación del programa de Garantía Juvenil, cuya inversión hasta el 2027 ascenderá finalmente a 4.950 millones de euros y cuyo fin es reducir las elevadas cotas de desempleo existentes entre los menores de 30 años. Hasta el punto de que España es el estado miembro de la UE con mayor tasa de paro entre los jóvenes. Algo que, en opinión de la vicepresidenta tercera y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, "habla mal del modelo laboral español y habla muy mal de las empresas españolas"; según ha manifestado en rueda de prensa.

Este programa será financiado mayormente con fondos europeos, se desplegará de manera conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas y su finalidad es facilitar la transición de la academia o los ciclos formativos al mundo laboral. El grueso de esa inversión de 4.950 millones de euros es para subvencionar contratos, ya sean en empresas o en la propia Administración.

De ese monto total, 3.263 millones de euros son propiamente recursos de los fondos europeos para la Garantía Juvenil. Otros 937 millones llegarán de los fondos europeos para la reconstrucción, luego otra partida de 600 millones la pone el Estado específicamente para formación y los 150 millones restantes son para financiar actividades vinculadas con la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificia.

"Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el principal problema que tiene nuestro país, que es el desempleo, pero, singularmente, el desempleo juvenil", ha afirmado la vicepresidenta tercera. La aprobada este martes es la segunda edición del programa de Garantía Juvenil, desde que la UE lo puso en marcha en el 2014.

Las medidas contempladas en el plan incorporan desde refuerzos en los servicios de empleo para atenciones y seguimientos personalizados, hasta formación, pasando por contrataciones subvencionadas. También ayudas para pagar la cuota de autónomos durante seis meses para los nuevos afiliados al RETA, microcréditos para este colectivo o subvenciones para pagar 'co-workings' o espacios compartidos de trabajo.

Más atención y colectivos prioritarios

El programa recoge la puesta en marcha de un número de teléfono gratuito para la ciudadanía al que podrán llamar los jóvenes interesados para recibir una primera atención. En este sentido, el Ejecutivo también se compromete a garantizar una primera atención presencial antes de un plazo de cuatro meses desde la inscripción del joven en el programa público. Esos formatos más 'clásicos' se combinarán con sesiones virtuales de formación, tanto individuales como grupales.

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La perspectiva de género es una variable transversal en el plan e incluye medidas concretas como un programa piloto específicamente diseñado para incentivar la contratación de personas LGTBI. Este contempla la incorporación de orientadores laborales en el seno de las asociaciones LGTBI para realizar las atenciones desde dichos espacios. Otro colectivo con dificultades de empleabilidad que se pretende reforzar es el de jóvenes con discapacidad, para los que se crea un fondo para dar ayudas a las empresas que pongan en práctica medidas de responsabilidad social corporativa (RSC) en este sentido.

Pese a que la vicepresidenta ha afirmado que el plan de Garantía Juvenil Plus "está conveniada en el seno del diálogo social”, este no cuenta con el apoyo explícito de los agentes sociales. Fuentes consultadas del diálogo social reconocen que fueron consultadas, más no hubo negociación con ellas. Entre otros aspectos, la patronal planteó la idea de dar entrada a las empresas de trabajo temporal (ETT) en la contratación subvencionada con los fondos europeos, algo que fue rechazado por el equipo de Díaz y los sindicatos. Las centrales, por su parte, no han podido introducir mayores garantías de trazabilidad y evaluación de la eficacia del gasto público, según pretendían.