¿Qué es el factor de sostenibilidad de las pensiones?

El factor de sostenibilidad es uno de los principales escollos que impiden que el Gobierno pueda cerrar un acuerdo con los sindicatos y la patronal para reformar el sistema público de pensiones. Existe consenso entre las partes de la voluntad de suprimir esta fórmula, heredada del PP, pues se considera perniciosa para el poder adquisitivo de los futuros pensionistas. No obstante, el disenso está en el cuándo. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, aboga por esperar a un segundo bloque de reformas y los sindicatos aprietan para suprimirla ya y luego ponerse a negociar su sustituta. Pero, ¿qué es el factor de sostenibilidad?

Pensiones ligadas a la esperanza de vida

"El factor de sostenibilidad se define como un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas", según queda definido por ley. Es decir, a más esperanza de vida, menos pensión. El espíritu de la fórmula es, en principio, garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. De ahí el nombre. El PP, concretamente bajo la responsabilidad de la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (hoy con cargo en la patronal CEOE), diseñó este modelo para contener el gasto público ante el progresivo envejecimiento de la población.

El razonamiento que planteó Báñez fue el siguiente: la gente cada vez vive más años, lo que implica tener que pagar más tiempo una pensión. Y cada vez hay más población jubilada, en proporción al número de trabajadores activos. Es decir, más personas que cobran y menos que cotizan para pagar. Y para garantizar que hay dinero suficiente en la caja, las pensiones subirán más o menos en función de la esperanza de vida. Si la gente vive cada vez más años, cobrará menos de pensión.

¿Cómo se calcula?

El factor de sostenibilidad se calculará para cada jubilado una vez este abandone el mercado laboral y pase a retiro. Es un cálculo único que se modula cada cinco años. Dicha fórmula, recogida en el artículo 211 de la Ley General de la Seguridad Social, contempla dos variables. Por un lado, las tablas de mortalidad de la población pensionista de aquel año. El Estado mira a que edad, de media, están falleciendo los actuales jubilados y ahí establece la esperanza de vida del nuevo pensionista. Cada cinco años se introduce un componente de revisión.

Y la otra variable son cómo de cerca o lejos está el recién retirado de los 67 años, la edad legal de jubilación. Para obtener la pensión íntegra es necesario haber cotizado 37 años, algo difícil para determinados colectivos, con carreras laborales intermitentes o con lagunas de cotizaciones.

¿Está ya en vigor?

No, en principio su entrada en vigor estaba prevista para el 2019, pero el fuerte rechazo social que ha generado dicha medida desde que el PP la aprobó en el 2013 ha provocado que los distintos Gobiernos hayan ido posponiendo su entrada en vigor. Actualmente, si bien el actual Ejecutivo se ha comprometido a derogarla antes, está previsto que comience a regir a partir del 2023.

La paternidad de la medida es del PP, aunque el PSOE ya en el 2011 acuñó una incipiente reforma que introducía, en la disposición adicional quincuagésima novena, un "factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social". Este no llegó a desarrollarse y el adelanto electoral convocado por José Luís Rodríguez Zapatero dejó en manos del PP el vertebrar dicha reforma. Aunque el redactado de esa disposición adicional ya invoca "el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo", menciona la esperanza de vida y se compromete a poner en marcha una fórmula en el 2027.

¿Cómo afecta al pensionista?

Existe consenso entre los agentes sociales y el Gobierno sobre que esta fórmula implica una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Pues las pensiones cada vez irían subiendo menos y no al ritmo del encarecimiento de la vida. Según los cálculos que citó Escrivá en referencia a la Comisión Europea, ello provocarían una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 30% para los pensionistas en los próximos 30 años.

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